Gobierno acusa a HidroAysén de “mala fe” tras reclamos por revocación de permiso

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En su réplica marca una postura clave al decir que el permiso ambiental de una empresa (RCA) “no es un derecho adquirido”.

La batalla entre el gobierno e Hidroaysén será de largo aliento en la arena judicial. En su último episodio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respondió esta semana a la reclamación de la eléctrica al Tribunal Ambiental de Valdivia, luego que el Comité de Ministros revocara el permiso ambiental de la compañía para levantar un complejo de centrales hidroeléctricas en los ríos Pascua y Baker.

Así, el gobierno replicó a las duras críticas vertidas por la empresa, controlada por Endesa y Colbún, y añadió que la eléctrica actuó de “mala fe” en este proceso.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que es el organismo que representa al gobierno el tribunales, descartó que el Comité de Ministros haya actuado de “manera mañosa y desproporcionada” al desestimar los argumentos de la empresa.

“La alegación de HidroAysén constituye derechamente un despropósito carente de la lógica jurídica más elemental y muestra palmaria de la mala fe con la que han obrado en estas reclamaciones”, sostiene la autoridad.

Adicionalmente, el gobierno afirma que la empresa pudo perfectamente solicitar definiciones a la administración Piñera en cuanto a la resolución del proceso administrativo.

Aquí la empresa hizo alusión a la figura del “decaimiento”. El concepto radica en el agotamiento de la vía administrativa para adoptar ciertas decisiones por un plazo, y cita el artículo 53 de la ley 19.880, que señala que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar actos contrarios a derecho siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

“Llama la atención la desidia de HidroAysén en el ejercicio de sus derechos, pues como se indicó, dejó transcurrir casi dos años sin hacer absolutamente nada para que su reclamo ante el comité de la época fuera resuelto”, afirma el gobierno.

RCA como activo

En su escrito de reclamación, la empresa hace alusión al fallo de la Corte Suprema de abril de 2012, que rechazó los recursos de protección interpuestos para la construcción de las centrales hidroeléctricas, y los que a la postre confirmaron la legitimidad de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada a la empresa. Frente a ese punto, el gobierno es tajante al aseverar que “no tiene ninguna obligación en conservar el la RCA del proyecto”, y acto seguido afirma que “Hidroaysén no entiende como funciona el sistema”, ya que según la legalidad “la RCA constituye una autorización de funcionamiento y no confiere derechos adquiridos”.

En el aspecto técnico, el SEA manifiesta que el proyecto “carecía de información relevante y esencial para identificar, predecir y evaluar los reales impactos y eventualmente imponer medidas apropiadas”.

Según el SEA, estas deficiencias “alteraban el marco normativo que regula el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, puesto que a la postre este instrumento se vería imposibilitado de “predecir y evaluar los impactos que el proyecto generaba en el merdioambiente”, por lo que pide rechazar la reclamación de la empresa.

HidroAysén recurrió a los tribunales ambientales de Valdivia y Santiago, lanzando duros cuestionamientos al actuar del Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet.

La empresa busca impugnar el acto administrativo que dio pie a la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto en junio de este año, es decir, dejó nulo su permiso ambiental otorgado en 2011.

HidroAysén ha calificado la determinación del ente interministerial -liderado por el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier- de ilegal, abusiva, arbitraria y discriminatoria. Con esto, la empresa busca seguir manteniendo vivo el proyecto hidroeléctrico.