Tribunal Ambiental de Valdivia enfrenta decisión sobre HidroAysén con mínima experiencia

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Algunos dicen que HidroAysén se niega a morir. Pero lo cierto es que el mega proyecto hidroeléctrico está jugando sus últimas cartas ante la bullada institucionalidad ambiental del país, cumpliendo con lo que la ley le permite hacer.

El proyecto recurrió a la justicia, luego de que el Comité de Ministros decidiera rechazar la Resolución de Calificación Ambiental que había sido otorgada en 2009 por el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén.

HidroAysén presentó dos reclamaciones ante el Tribunal Ambiental de Santiago para impugnar la legalidad de la decisión del Comité de Ministros. Pero también recurrió ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia para apelar a la decisión del Comité de Ministros.

Esta última magistratura es la que tiene en sus manos la decisión final sobre el futuro del proyecto: su continuidad sin más alternativas o su fin sin más alternativas.

El tema es que dicho tribunal no cuenta con mayor experiencia en decisiones de este calibre en sus ocho meses de funcionamiento, pues se trata del proyecto energético más controvertido de la historia del país, parecido a nada de lo que le ha tocado analizar a los ministros Michael Hantke, Jorge Retamal y Roberto Pastén, quienes componen el pleno.

Lo más relevante hasta ahora es una medida en contra de una sanción de la Superintendencia del Medioambiente sobre el empresario valdiviano Carlos Montoya, quien había comenzado un proyecto inmobiliario en la isla Tres Bocas, ubicado en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter. El tribunal determinó que al momento de iniciar el proyecto, éste no se encontraba dentro de un territorio protegido y que, por ende, no cometía falta. El fallo fue cuestionado por sus contradicciones y apelado.

En el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia explican que no hay plazos para un fallo sobre HidroAysén, aunque debiera ser más expedito que un tribunal ordinario.

De hecho, Eduardo Escalona, abogado experto en derecho económico, asegura que una resolución de este tipo podría “tomarse, fácilmente, entre seis meses y un año, debido a la dificultad que ha tenido este proyecto”.