Actas de consejos asesores del Gobierno revelan que el 22 por ciento de sus miembros no ha asistido nunca a una sesión

Consejos que no han sesionado en todo el año, ministros que no asisten a las reuniones e integrantes que lo hacen “telefónicamente”. Fuente: El Mercurio 12 de octubre 2014.


Así ha sido parte del trabajo efectuado desde marzo por 30 consejos consultivos o resolutivos y paneles de expertos analizados por “El Polígrafo”.

Decisiones como convertir un lugar en monumento nacional, subir el pasaje del Transantiago o autorizar una fuente de energía nuclear son tomadas por los distintos paneles y consejos de expertos que asesoran al Gobierno. En forma remunerada o ad honorem, representantes del mundo académico y civil, además de altos funcionarios, opinan, por decreto o ley, sobre las materias de cada ministerio.

“El Polígrafo” analizó 207 actas de 30 consejos -8 remunerados y 22 sin pago- y detectó que varios no han sesionado desde marzo, que algunos de los ministros que los presiden nunca han asistido y que una alta cantidad de miembros envía representantes en su nombre.

Varios integrantes de los consejos jamás han aparecido ni han enviado un suplente a las reuniones. Es el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano , a cuya primera reunión faltaron 8 de 25 miembros, y también de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa) , que nunca ha contado con la presencia del representante de los Centros de Formación Técnica.

Entre los ministros que presiden comisiones, los de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y Cultura, Claudia Barattini, son los con más inasistencias. Eyzaguirre jamás ha acudido al Consejo de Monumentos Nacionales, mientras que Barattini no ha ido al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual.

Consejos fantasma

Dos consejos creados en la anterior administración de Michelle Bachelet y dos en la de Sebastián Piñera permanecen “congelados” desde marzo. El Consejo Consultivo del Medio Ambiente (2010) no ha sido convocado en todo el año, a pesar de que el ministerio ha modificado normas ambientales y envió al Congreso un proyecto de ley, sobre los cuales podrían haberse pronunciado según su mandato legal. Lo mismo ha ocurrido con el Consejo Consultivo de Promoción Turística (2010), el Consejo Asesor Internacional Minero (2011) y el Consejo para Transformar a Chile en una Potencia Forestal Sustentable (2012).

“Presencia” telefónica

Tres paneles de expertos son remunerados. El de Transportes fija las alzas en las tarifas del transporte público; el Eléctrico y el de Concesiones deciden las controversias que se producen en sus respectivos rubros.

Por ley, el primero -con tres integrantes- debe tener al menos una sesión al mes y la remuneración es de $1,2 millones. En total, en cuatro ocasiones, tanto el presidente como el resto de los integrantes han “asistido telefónicamente”.

El Panel Eléctrico está conformado por 7 expertos que sesionan una vez a la semana por una remuneración de $13,5 millones, además de reuniones extraordinarias que quedan fuera de acta.

El Panel de Concesiones , en tanto, sesiona entre dos y tres veces al mes. Sus integrantes han asistido 16 veces este año y reciben hasta 6,7 millones de pesos.

Consejos y paneles remunerados

* Panel de expertos del Transporte Público.

* Comisión Chilena del Cobre.

* Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (solo el presidente).

* Panel de concesiones.

* Consejo Nacional de la Infancia (solo la secretaria ejecutiva).

* Panel de expertos eléctricos.

* Consejo Consultivo Previsional.

* Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Consejos y paneles no remunerados

* Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible.

* Consejo de Monumentos Nacionales.

* Consejo Asesor Internacional Minero.

* Consejo Nacional Consultivo de las Empresas de Menor Tamaño.

* Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente.

* Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, Comisión Ingresa.

* Consejo Consultivo de Promoción Turística.

* Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

* Consejo Nacional de Producción Limpia.

* Consejo de Donaciones Sociales.

* Consejo de Estabilidad Financiera.

* Consejo Consultivo Público-Privado de Desarrollo Cooperativo y de la Economía Social.

* Consejo Consultivo Discapacidad.

* Consejo Nacional del Libro y la Lectura.

* Consejo de Fomento de la Música Nacional.

* Consejo del Arte y la Industria Audiovisual.

* Comité Calificador de Donaciones Culturales.

* Consejo de Ministros para el Desarrollo Digital y Espacial.

* Consejo Nacional de Pesca.

* Comisión Nacional de Acuicultura.

* Consejo Consultivo Auge.

* Consejo Asesor del Ministro de Agricultura para Transformar a Chile en una Potencia Forestal Sustentable.

Cuatro ministros no han ido a los consejos que presiden

Aunque existen consejos autónomos, de los 30 consejos asesores analizados, la mayoría depende de algún ministerio. En esos casos, es el ministro de la cartera quien dirige la instancia, pero hay algunos que no han ido a ninguna de las sesiones del consejo que presiden.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, está a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales , que se ha reunido ocho veces desde marzo a la fecha. En todas, el ministro excusó su asistencia. Desde su cartera señalan que la mayoría de las reuniones se han hecho un miércoles, “días en que el ministro ha debido ir al Congreso” por la reforma educacional. Por ello, informan que en los próximos días se nombrará a un representante permanente para este Consejo y que durante los meses pasados “en medio de la búsqueda de la persona más idónea para eso, el ministro ha mandado en su representación a asesores que tienen conocimientos sobre los temas que se tratan”.

En el caso de la Comisión Ingresa -que administra los créditos de la Educación Superior y también depende de Educación- el ministerio asegura que “ese Consejo lo ve directamente el jefe de la División de Educación Superior”, Francisco Martínez.

En Cultura, la ministra Claudia Barattini tiene a su cargo cuatro consejos. De ellos, solo el de Donaciones Culturales ha contado con su presencia, en la única sesión realizada el 4 de julio. En cambio, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual ha tenido 7 sesiones, todas sin la ministra. El Consejo Nacional del Libro y la Lectura , y el Consejo de Fomento de la Música Nacional han tenido 5 reuniones, en las que ella ha estado una vez en cada uno. En su cartera explican que “esto se debe a la instalación del nuevo Gobierno, a la presencia de Claudia Barattini en la sede del ministerio en Valparaíso y al trabajo que demandan las tareas que tiene a su cargo”.

Lo mismo ha ocurrido en el Consejo de Donaciones Sociales , en que la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, no ha estado presente en ninguna de las cuatro citas previas a la renovación de sus integrantes. El 19 de agosto encabezó la presentación de los miembros que estarán en sus cargos hasta 2016. Después se realizó la primera sesión con los nuevos consejeros, pero la ministra no asistió. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dirige el Consejo Nacional de Producción Limpia , pero las cuatro veces en que se han reunido ha enviado a la subsecretaria Katia Trusich. Según la cartera, Céspedes y Trusich acordaron esa modalidad en marzo, por cuanto la subsecretaria preside una instancia que se relaciona con los temas del consejo.

Alzas del Transantiago aprobadas por teléfono

El 7 de agosto, el Panel de Expertos en Transporte decidió incrementar en 5% las tarifas del transporte público en Santiago, llegando a costar $700 el viaje en metro en hora punta. Ese día, solo uno de los tres miembros estaba en el lugar de la reunión. Los dos restantes participaron por teléfono. Eran Patricio Rojas y el presidente de la instancia, Juan Enrique Coeymans, quienes “asistieron” vía telefónica los cuarenta minutos que duró la sesión. Según Rojas, la reunión fue extraordinaria y por ello no lograron coordinar sus horarios con los de Coeymans y José Tomás Morel, el tercer integrante del grupo.

Esto no fue inédito. En las sesiones ordinarias del 25 de marzo y el 30 de junio pasado, las actas dejan constancia de la “asistencia por vía telefónica” de Juan Enrique Coeymans.

El ingeniero asegura que es profesor en la Universidad Católica y muchas veces las reuniones topan con sus actividades: “Los exámenes en la universidad así como las clases no las podemos cambiar”. La misma opción tomó José Tomás Morel en la cita del 22 de agosto.

La ley 20.378 que crea el Panel le otorga la función de ajustar las tarifas en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, y señala que los miembros deben reunirse al menos una vez al mes, por lo que reciben un sueldo mensual de 30 UTM ($1.270.000 aproximadamente). Las reuniones, según el reglamento, pueden realizarse “a través de medios tecnológicos que les permitan intervenir simultánea y permanentemente en ellas”. En el panel declaran que recurren a esta opción cuando alguno está fuera de Santiago o cuando no alcanzan a llegar antes de que termine la sesión, pues algunas duran media hora. “Casi todo está estudiado, hablado y conversado desde antes por internet”, por lo que no les importa, dicen, usar Skype o el teléfono.

33 consejeros nunca han concurrido a reuniones

En los consejos consultivos y resolutivos del Estado existen, en total, 397 miembros. De ellos, 33 nunca han asistido a las sesiones ni enviado reemplazantes, y 24 han mandado suplentes a todas las sesiones.

Por ejemplo, de los siete miembros de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), creada en 2005 por el ex Presidente Ricardo Lagos, solo Ítalo Giraudo (U. Pacífico), representante de las universidades privadas, ha ido a las tres sesiones cuyas actas están validadas por la institución. Cinco han mandado suplentes (Cruch, Ministerio de Educación, Corfo, Tesorería y Dirección de Presupuesto), y Jorge Narbona, representante de los Centros de Formación Técnica, no ha ido ni enviado reemplazante.

Entre los con más baja asistencia están el Consejo Consultivo de la Discapacidad (62%), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; el Consejo de Fomento de la Música Nacional (67%), del Ministerio de Cultura, y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (68%), del Ministerio de Vivienda. En la primera sesión de este último, cuando se acordaron las prioridades del consejo, más de un tercio de los integrantes no estaba. Entre ellos, el ex ministro de Transportes Pedro Pablo Errázuriz, el arquitecto Mathias Klotz y el diputado Fidel Espinoza.

En el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, tres miembros han estado ausentes en las tres citas de este año: el ministro de Agricultura, Carlos Furche; Rodrigo Jordán (Fundación para la Superación de la Pobreza) y Juan Carlos de la Llera (Ingeniería UC).

En el caso del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible , llama la atención que cinco de los veinte miembros solo hayan enviado representantes, como Lorena Fries (directora del Instituto de Derechos Humanos) y Hermann von Mühlenbrock (Sofofa), que lo hicieron tanto el 23 de mayo como el 26 de junio. Solo cinco han ido a las dos sesiones realizadas.

Cuatro consejos sin actividad

En junio pasado, la Presidenta Michelle Bachelet firmó en Antofagasta el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, destinado a conservar el medio ambiente. Aunque fue ella misma quien creó el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente en su mandato anterior, no lo consultó. Tampoco fue convocado para opinar sobre los planes de descontaminación de diversas ciudades ni para consultar por cambios en ciertas normas medioambientales. La explicación de la cartera es que aún no ha sido visado por Contraloría el decreto que nombra a sus nuevos miembros. Su última sesión fue en diciembre del año pasado.

Tampoco han sesionado comisiones dependientes de los ministerios de Minería, Agricultura y Economía, donde existen instancias asesoras pero solo en el papel. En el caso del Consejo Asesor Internacional Minero , la última sesión se realizó en enero. Según el ministerio, “en la práctica no existe, porque no tiene miembros, y no se ha discutido si habrá próximas reuniones”.

El Consejo para Transformar a Chile en una Potencia Forestal Sustentable depende de Agricultura, y su última sesión fue en febrero. Según el ministerio, “al Consejo se le exige un mínimo de dos sesiones al año, por lo que solo restaría una”. Aunque reconocen que no hay seguridad de una próxima cita, por el momento se evalúan cambios para no restringirlo solo al sector forestal.

En el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Turismo tiene desde 2011 el Consejo Consultivo de Promoción Turística, que, como su nombre lo indica, tiene como función promover el país con esfuerzos públicos y privados. El consejo no ha sido llamado, según el ministerio, “porque recién se tiene claridad del presupuesto, por lo que será convocado en octubre y noviembre”.

El rol de los paneles eléctrico y de concesiones

Hasta la fecha han sido seis las discrepancias que el Panel Eléctrico ha tenido que resolver a través de dictámenes. Una vez a la semana, los siete miembros que lo componen (Guillermo Espinosa, Rodrigo Iglesias, Germán Henríquez, Blanca Palumbo, Eduardo Ricke, Enrique Sepúlveda y Pablo Serra) se reúnen, y en época de controversias suelen realizar más reuniones.

Por esta labor, según consta en el Diario Oficial, los expertos reciben una remuneración de 320 UTM. Es decir 13,5 millones de pesos. Según el secretario abogado, Francisco Agüero, esta suma es pagada íntegramente por las empresas eléctricas (actualmente 139), que entregan un monto al Ministerio de Energía, el que lo administra.

En el caso del Panel de Concesiones , el Ministerio de Obras Públicas financia los gastos de administración, además de la mitad de los honorarios de sus integrantes. El resto es solventado por las concesionarias. El presidente, Erwin Stagno, tiene un sueldo fijo de $6,3 millones más un millón de pesos por sesión. Sus otros cuatro integrantes reciben un monto fijo que alcanza los 4,2 millones de pesos, más $840 mil por sesión.

La función del Panel es entregar recomendaciones no vinculantes en caso de discrepancias entre las partes de una concesión y evaluar los costos de una obra para que, en caso de que el gasto se eleve más de un 25% de lo previsto, el Estado pueda ponerle fin a un contrato en forma anticipada. Sin embargo, según el acta del 14 de mayo, desde su creación, en 2011, no se han resuelto discrepancias. En el documento, los miembros atribuyen lo anterior a que “la presencia del panel como veedor continuo ordena la acción de las partes hacia una menor conflictividad”. Por el momento, en citas que duran alrededor de dos horas, el panel realiza un seguimiento a los contratos de concesión del Estado. En las 16 sesiones realizadas, uno de los expertos ha faltado una vez, y otro, tres veces.

Pero aunque las remuneraciones van asociadas a las sesiones efectuadas, el grueso del trabajo que desarrollan sus miembros (tal como ocurre en el panel eléctrico) se efectúa fuera de esas instancias y corresponde al estudio técnico de las materias sometidas a su competencia.

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