Delegado del agua revela diferencias con ciertos parlamentarios

Un escenario sombrío sobre el futuro de las actividades productivas, como la agricultura y la minería, es la que expuso el delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz. Fuente: El Pulso 03 de octubre 2014.


Un escenario sombrío sobre el futuro de las actividades productivas, como la agricultura y la minería, es la que expuso el delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, en el marco de las XVIII Jornadas del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional.

A cargo de abrir el primer panel del cónclave, que reunió a autoridades y personeros del mundo académico, la autoridad apuntó sus críticas contra el Poder Legislativo compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado debido a la falta de definición que han mostrado para modificar el Código de Aguas que rige a la nación desde hace más de 30 años.

“Una de las razones por las cuales no hemos resuelto el problema del agua se debe al poco interés de la autoridad. Pero aquí hay que definir quiénes son las autoridades, porque una parte es el gobierno. Naturalmente ha habido preocupación por modificar esto, pero también hay otras autoridades en el Estado, que son el Poder Judicial y Poder Legislativo.

Allí, en el Poder Legislativo, hemos tenido matices o diferencias”, advirtió el ex subsecretario de Agricultura. Si bien sostuvo que las discrepancias con algunos parlamentarios son totalmente legítimas, “hay algunos que se oponen sistemáticamente a que nosotros modifiquemos esto”, sin ahondar en nombre de los parlamentarios directamente.

No obstante, el delegado presidencial para los Recursos Hídricos precisó su crítica, aclarando que otros parlamentarios sí han manifestado una real preocupación por la situación hídrica que atraviesa el país. A su juicio, estos problemas se han incrementado debido a que Chile es el único país que otorga derechos de agua a perpetuidad sin ninguna restricción.

Añadió, a modo de ejemplo, que las diferencias entre el gobierno y el Congreso se encuentran a la vista, y así se reflejarían en la última modificación al Código de Aguas. Chile, en sus 200 años de vida independiente, ha tenido al menos ocho discusiones de cuerpos legales que han definido la forma en que sus habitantes dan uso al agua.

“El último es de 2005 que intentó cambiar el código del agua de 1981. Hubo escasos resultados y se introdujeron varios conceptos nuevos como el caudal ecológico. Se introdujo el pago por no uso del derecho de agua, cosa que antes no existía.

Pero claramente esa reforma que se presentó en 1992, durante el gobierno del Presidente Aylwin, estuvo 13 años discutiéndose en el Parlamento y fue poco lo que se logró”, sostuvo Ruiz. Por lo mismo, dijo de manera irónica “casi nadie se refiere al Código de Aguas de 2005. Todos hablamos del Código de Aguas de 1981, porque en lo sustancial es lo que tenemos”.

Desde que aceptara la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet, la autoridad ha recorrido gran parte del país. De hecho, explicó que una de las imágenes más gráficas de los problemas del agua la encontró en el extremo sur del país “En Aysén y Magallanes hay dificultades en el abastecimiento de agua potable para el consumo humano (…).

Esto, si bien surgió como un programa de emergencia, se ha ido transformando en un programa regular. Nos parece absolutamente inaceptable dado el nivel de desarrollo e ingreso per cápita que hoy haya más de 400 mil personas en Chile que están siendo abastecidas con camiones aljibe”, remató

“Hay algunos (parlamentarios) que se oponen sistemáticamente a que nosotros modifiquemos esto” (el código de agua)

REINALDO RUIZ Delegado presidencial para los Recursos Hídricos

¿Qué ha pasado? La Presidenta Bachelet anunció su idea de incluir en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público.

¿Por qué ha pasado? Se sostiene que estos son derechos concedidos por el Estado y éste tiene todo el derecho a pedir que se los restituyan. Eso hoy no se puede.

¿Qué consecuencias tiene? El anuncio inquietó a agricultores, eléctricas y mineras, que plantean sus dudas frente a los cambios que se plantea.

El anuncio de la Presidenta Bachelet de incluir en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público y modificar el Código de Aguas, inquietó a agricultores, eléctricas y mineras.

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