Los peores desastres ambientales del país

El derrame de petróleo en Quintero ocurre en un lugar golpeado por otros errores industriales. Fuente: La Tercera 12 de octubre 2014.


Empresas públicas y privadas son parte del historial de desastres ambientales en Chile. Aunque no existe un ranking oficial, varias ONG y el Consejo de Defensa del Estado eligen los que han causado mayor daño.

La nube tóxica de La Greda

El derrame en Quintero no es el primer accidente ambiental en la zona. Quintero-Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, es considerada zona de sacrificio, lugar donde se ha permitido, por décadas, el desarrollo industrial, afectando la salud de personas y ecosistemas.

El problema data de los 60, cuando no había ley ambiental, pero uno de los casos más conocidos se produjo en 2011, cuando una nube de dióxido de azufre, emanada desde la planta de Codelco división Ventanas, llegó directo a la escuela de La Greda, provocando una intoxicación que afectó a 150 personas, la mayoría niños. Recién en septiembre se creó un consejo de evaluación para crear un plan de recuperación, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente. Maritza Rojas, jefa de la oficina de Residuos y Evaluación de Riesgos, dice que pretenden consensuar todas las ideas de restauración para que en 10 a 15 años “podamos dar cuenta de que el lugar ha sido recuperado”, dice.

Los problemas del negocio del salmón

Una carta a la revista Nature en 2010 alertó del daño de la salmonicultura al ecosistema marino austral. Dos expertos alemanes, que estudiaban ballenas en la zona, criticaron su manejo: no sólo amenaza a los peces endémicos al escaparse (el salmón es depredador), sus trampas atrapan mamíferos como lobos marinos y usan antibióticos en exceso. Jeffrey Kruguer, editor de la revista Time, tomó la carta y apuntó a los criadores. “Chile está haciendo a la Tierra un poco más enferma”, escribió. El New York Times se sumó luego. Juan Carlos Cárdenas, de Ecocéanos, dice que el impacto llega al fondo marino, “hay amplias zonas de la XI Región con alto nivel de contaminación por fecas y alimento no consumido”. En su reporte de sustentabilidad, la noruega Cermaq dijo que su filial en Chile usa 230 g de antibióticos por tonelada de salmón producido, 50 veces más que en Noruega (4,4 g). Marine Harvest también reconoció que usa más que en sus filiales.

El santuario sin cisnes en Valdivia

De los casi cinco mil cisnes de cuello negro que se veían en el Santuario Carlos Andwanter (Los Ríos) en 2004, había sólo 553 en 2005. La pérdida extrema -por muerte o migración- fue causada por el vertido de residuos líquidos industriales (RIL) desde la planta de Celulosa Arauco Constitución (Celco) al río Cruces. Tras nueve años, Celco fue condenada a varias medidas de recuperación y al pago de una indemnización de $ 2.660 millones. José Araya, vocero del movimiento Acción por los Cisnes, dice que el humedal está en recuperación -los cisnes y algas están aumentando, según Conaf-, pero el ecosistema aún es frágil. El fallo ganado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es un proceso inédito, pues un consejo evaluará la ejecución de las seis exigencias de la sentencia, entre ellas el monitoreo del humedal, la creación de un centro de investigación y un plan de desarrollo comunitario, más el pago al Fisco, que se invertirá en la región a partir de 2015.

Mortandad masiva en el río Mataquito

El pago de $ 600 millones fue la condena que Celco (hoy Arauco) recibió en 2010 por el daño ambiental en el río Mataquito, Región del Maule. Los pescadores advertían desde 1999 por los peces muertos, atribuidos al derrame de residuos industriales desde la planta de celulosa Licancel. Sus demandas sólo fueron escuchadas cuando en 2007, tras la muerte masiva de peces, buzos de Carabineros descubrieron ductos clandestinos que evacuaban al río, sin autorización ambiental. La planta fue cerrada, pero a dos semanas del desastre, otros 200 mil litros llegaron al río desde una cañería rota.

/P>Tras los derrames, el gobierno dijo que los responsables debían pagar los costos y el CDE demandó a Celco por dos mil millones de pesos. Obtuvo 600, de los que 500 fueron dirigidos al repoblamiento de especies, mientras el resto quedó en el Fisco. “Celco pagó la suma estipulada, conforme a la cual se está efectuando el proyecto ambiental acordado”, señala el CDE.
Marea negra en bahía San Vicente

El derrame comenzó la noche del 25 de mayo de 2007, en un terminal de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), en la bahía San Vicente, Talcahuano. Un buque de Islas Marshall desembarcaba petróleo cuando la fatiga de material de un ducto causó una fisura y 500 mil litros de petróleo se derramaron. El CDE demandó por cuatro mil millones de pesos a Enap, pero tras pagos externos, en julio acordaron poner fin al juicio. La empresa estatal debe realizar un aporte al Fondo de Protección Ambiental (FPA), que se destinará a financiar proyectos para la protección o reparación del medioambiente. Al aporte se sumarían los montos destinados a limpieza de la bahía San Vicente, la construcción de un muelle petrolero y “los dineros aportados al Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff) para la implementación de un centro de rehabilitación, tratamiento y liberación de especies de aves y fauna marina en riesgo”, anunció Enap.

El precio de ganar terreno colonizable
“Los ecosistemas han convivido con el fuego y tienen mecanismos de adaptación naturales. Generalmente, un incendio es una oportunidad de renovación”, dice Wilfredo Alfaro, experto en desertificación y sequía de Conaf. El problema es cuando son provocados por el hombre y de acuerdo a Conaf, los procesos históricos de deforestación, para habilitar terreno para agricultura, son el mayor desastre ambiental para los bosques. Aunque sucedió a principios del siglo pasado, las consecuencias siguen visibles. “Gran parte de la sequía y desertificación podría deberse a eso”, dice. Especialmente en el secano costero, entre Valparaíso y Concepción, aún es posible ver cárcavas, marcas del proceso de remoción. “La lluvia se llevó el suelo fértil”, dice. Con el tiempo se trató de remediar el impacto y aunque no es posible recuperar el área, Chile ahora tiene una deforestación casi neutral, es decir, planta más de lo que tala.

Relaves de Codelco en la bahía de Chañaral

El 30 de diciembre de 2003, el ex Presidente Ricardo Lagos se bañó en la bahía de Chañaral, para demostrar que sus aguas -en las que se vertieron relaves mineros por 52 años- estaban limpias. Sin embargo, la playa blanca con residuos verdosos por los contaminantes distaba mucho de estarlo, dice Manuel Cortés, dirigente de la agrupación ecologista local Chanadetur, que cuenta que tras el mediático baño se construyeron piscinas públicas con agua de mar, pero cuatro años después, por no tener resolución sanitaria, se clausuraron. “Hoy, por un trabajo de concientización, la gente no concurre a la ‘playa’”, dice. Aunque Codelco dejó de eliminar los residuos de El Salvador al río Salado en 1990, sí lo hizo desde 1970 y desde 1938 lo había hecho la estadounidense Andes Cooper. Más de trescientos millones de toneladas de relave fueron vertidos. En dos semanas, los afectados se reunirán con la seremi de Medio Ambiente. En mayo, el ministro Pablo Badenier comprometió una evaluación.

Los niños del plomo en Arica

Veinte mil toneladas de residuos tóxicos con plomo y arsénico fueron internadas por Arica entre 1984 y 1989 por la empresa chilena Promel. Provenían de la minera sueca Boliden Metall y serían tratados para recuperar oro y plata. Pero Promel nunca lo hizo y en 1993 abandonó los residuos en la zona donde dos años después se construyeron cinco villas para 12 mil personas. Un cuarto de ellas presentó, más tarde, síntomas de intoxicación por metales. En 1997, tras varias denuncias, los desechos fueron trasladados a una quebrada. En 2007, la Corte Suprema determinó que Promel y sus socios debían reparar el daño y el Estado indemnizar a las 365 personas que participaron en la demanda con $ 8 millones para cada una. Ese mismo año, los abogados del estudio jurídico Fima (Fiscalía del Medio Ambiente) acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado respondiera por todos los afectados. A la fecha, la empresa aún no cumple. “La empresa ya no existe, pero subsiste su responsabilidad”, dice Rodrigo Pérez, abogado de Fima, por lo que en agosto se embargaron sus bienes. La idea es encapsular los residuos, aún en la quebrada, y limpiar las villas afectadas.

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