Expertos en derecho ambiental revelan las claves de la judicialización de proyectos

Diversos obstáculos directos e indirectos han debido enfrentar grandes proyectos de inversión en el país, lo que ha generando la paralización, postergación y, en algunos casos, hasta el desistimiento de alrededor de 60 grandes iniciativas. Temáticas como esta fueron abordadas en el seminario “Desarrollo de Proyectos y Medioambiente: ¿Estado de Derecho o de Litigio?”, que fue organizado por Libertad y Desarrollo y PULSO.

El panel estuvo compuesto por abogados como el ex subsecretario del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal y Mario Galindo, litigante en casos emblemáticos, como Cuervo, HidroAysén y MAPA.

El experto en Derecho Administrativo, Luis Cordero Vega, analizó hitos claves en la historia de la institucionalidad ambiental, como la instauración de los Tribunales Ambientales y su relación con la Corte Suprema, la politización del SEA y lo recientemente ocurrido con el proyecto HidroAysén, cuyo permiso ambiental fue anulado por el Comité de Ministros.

Sobre esta iniciativa (controlada por Endesa y Colbún), Galindo dijo que no cree que se deban poner regulaciones al libre acceso a la justicia, y agregó que el problema está en la politización al momento de evaluar los proyectos.

“HidroAysén se transformó en un slogan de campaña política. Es imposible no reconocerlo. No creo que haya existido un llamado hacia los ministros del Comité, estoy seguro de eso, pero la posición de la Presidenta ya se conocía desde la campaña”, agregó.

El socio del estudio Vergara Galindo, Correa, también fue crítico con la utilización del recurso de protección, añadiendo que “éste se creó para utilizarlo mucho, pero no para cualquier cosa”.

Por su parte, Ricardo Irarrázabal, ex Director del SEA y subsecretario de Medio Ambiente, explicó que si bien desde un punto de vista cuantitativo son pocos los proyectos judicializados (25 a 30 al año), cualitativamente el impacto es significativo, al tratarse de proyectos de inversión relevantes que genera el país.

En relación a los volúmenes de recursos presentados contra las iniciativas de inversión, Mario Galindo expresó que, por lo general, estas demandas judiciales están destinadas exclusivamente a los grandes proyectos.

“Las bombas de bencina no tienen recursos de protección. Las grandes inversiones todas terminan en un tribunal de justicia”, sostuvo.

En tanto, Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y socio de FerradaNehme, enumeró los criterios que explican el litigio público. Luego, aseveró que de acuerdo a las actuales causas vigentes en la justicia ambiental, no se justificaba la idea de tres Tribunales Ambientales, ni mucho menos la idea original, que a la postre fue desechada, de tener uno por región.

“El número de causas que hay actualmente en los Tribunal Ambientales es el que se estimaba a la fecha, pero para un sólo tribunal”, argumenta Luis Cordero.

Finalmente, señaló que para avanzar es importante que los titulares de proyectos comprenda que “hay cierto grado de responsabilidad en cómo los privados presentan sus Estudios de Impacto Ambiental”.

De acuerdo a cifras del SEIA, cerca de US$ 70.000 millones en inversión se encuentran paralizadas, judicializadas, o en entrampadas en procesos administrativos.

El último proyecto que desistió en su proceso de permiso ambiental fue El Morro, iniciativa de Goldcorp que fue retirada del SEIA, luego de seis años de tramitación, y luego de que la Corte Suprema acogiera el recurso interpuesto por las comunidades opositoras.