Certeza jurídica

Carta al director de Flavia Liberona Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en El Mostrador el 24 de noviembre 2014.


La opinión de los grandes consorcios empresariales, a la cual desde hace un tiempo se viene sumando el gobierno, incluida la Presidenta Bachelet, es que debe haber certeza jurídica para la inversión. Sin embargo, no está muy claro qué quieren decir con “certeza jurídica”. ¿Que la aprobación de un proyecto de inversión vía resolución de calificación ambiental (RCA) no se puede cuestionar? ¿Que la ciudadanía o los potenciales afectados no deberían reclamar sus derechos ante la justicia? ¿Que los Tribunales Ambientales o los Tribunales de Justicia deberían fallar siempre ratificando lo señalado por la resolución administrativa (RCA)? ¿O que la justicia no debería acoger demandas en este sentido? La verdad no entiendo a dónde apunta este discurso, pues la Constitución, en su Capítulo III sobre derechos y deberes constitucionales establece en el artículo 19 n.° 8 “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, y también señala que es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza. Por otra parte, sabemos que el Estado de Chile está compuesto por tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y recurrir ante la justicia es un derecho que no puede ser conculcado por otro poder del Estado.

Señalar que es necesaria “certeza jurídica” para la inversión, es un discurso que surge desde el sector empresarial, particularmente de los grandes consorcios mineros y eléctricos, en forma persistente luego que la justicia emitiera fallos emblemáticos, tales como Castilla, Pascua Lama, Punta Alcalde y recientemente el Morro. La presión de este sector sobre el Ejecutivo, solicitando más certeza jurídica, se incrementa con la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales y la Superintendencia del Medio Ambiente, pues son instancias encargadas de revisar el efectivo cumplimiento de los permisos ambientales y abren un nuevo espacio para cuestionar los proyectos aprobados.

Sin duda, este “petitorio empresarial” surge a propósito del creciente cuestionamiento a proyectos de inversión ante la justicia y el gran número de conflictos socioambientales que, de una u otra forma, dificultan la materialización de proyectos. Pues es sabido que muchos de los reclamos están basados en irregularidades, en la aplicación del marco regulatorio vigente, en discrecionalidades durante el proceso de calificación ambiental o incumplimientos de las condiciones establecidas en la RCA. La pregunta que debemos hacernos entonces es ¿hacia dónde apunta el petitorio? Me cuesta creer que los grandes empresarios chilenos, asesorados por muy buenos bufetes de abogados, no sepan que solicitar certeza jurídica al Poder Ejecutivo está fuera de toda lógica, ya que la justicia es un poder independiente. Por ello, me preocupa que las autoridades de gobierno comiencen a utilizar el mismo lenguaje y resulta del todo inquietante que el Ejecutivo plantee “soluciones” para destrabar proyectos o evitar su judicialización, esto sin abordar los temas de fondo que están en la base de la “judicialización de proyectos” y de los conflictos socioambientales.

Parece que tenemos que recordarles a las autoridades que el programa de gobierno de Michelle Bachelet, en materia ambiental, se inicia señalando: “La desigualdad también se expresa en el medioambiente. El deterioro ambiental y la contaminación afectan con mayor severidad la calidad de vida de la población más vulnerable. Tenemos el deber de cambiar esta realidad. La sustentabilidad exige no sólo equilibrar crecimiento económico y protección ambiental, sino también, hacerlo con equidad social. Este será el eje de nuestra gestión: lograr mayor equidad ambiental”.

Pareciera ser que muchos de los funcionarios públicos del gobierno de la Presidenta Bachelet no han leído su programa de gobierno, de lo contrario no puedo comprender cómo se relaciona generar acciones desde el Poder Ejecutivo para facilitar o destrabar la inversión, evitando el ejercicio de un derecho constitucional ante la justicia.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/11/24/certeza-juridica/

1 Comment

  1. rafael sanchez dice:

    Bien me parece,cuestionar y fiscalizar temas, en los cuales tengamos,algún grado de participación o afectación,también,se valoraría,el seguimiento y/o,resultados,de eventos como el “cónclave”de alcaldes,efectuado en Puchuncaví.