Diputados presentan proyecto que promete bajar la judicialización

Moción plantea cambios en la tramitación ambiental y propone la figura de recurso de reposición que podría reducir los litigios tras la obtención de la RCA. Fuente: El Pulso 14 de noviembre 2014.


La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara también tiene su propuesta para disminuir la judicialización de proyectos. En los últimos días, la instancia presidida por Daniel Melo (PS) presentó un proyecto de ley que plantea modificar la Ley de Bases del Medio Ambiente en cuanto a la evaluación de proyectos. La idea busca evitar la judicialización, propiciando los periodos de controversia al inicio de la tramitación y no en sede judicial, donde por lo general la empresa ya tiene en sus manos el permiso ambiental (RCA), y ha incurrido en importantes inversiones.

La moción plantea: “Parece positivo intentar evitar que ocurran litigios judiciales respecto de proyectos en etapas avanzadas de evaluación, o incluso ya totalmente resueltos administrativamente. Desde luego, el rechazo judicial a proyectos de inversión que llevan años de tramitación implica un costo adicional para el inversionista”.

La propuesta, en primer trámite legislativo, busca determinar en etapas tempranas si un proyecto de inversión cuenta o no con la información relevante para ser evaluado en el sistema, aumentando de 40 a 90 días este proceso de detección a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, pero adicionalmente incorporando una especie de recurso de reposición que podrá presentar “el titular y cualquier persona con interés en contra de la resolución que se dicte”. Según propone el proyecto de ley, este recurso -que podría ser presentado por cualquier stakeholder- deberá resolverse dentro del plazo de veinte días y podría ser apelado en el Tribunal Ambiental.

El proyecto añade que el costo de la judicialización de proyectos está directamente relacionado con el “pronunciamiento judicial en la etapa final de los proyectos y luego de desgastantes instancias administrativas y judiciales, cuando el proyecto lleva varias etapas de evaluación. Esto implica también gastos para el erario público, consistente en más horas de profesionales y evaluación que finalmente irán a proyectos rechazados”.

De esta manera, la iniciativa busca “generar incentivos que permitan prevenir o solucionar tempranamente estas potenciales instancias de conflicto, otorgando acceso a la justicia ambiental a los interesados en etapas tempranas de la evaluación y antes que los proyectos avancen en el ‘tubo’ o procedimiento de la evaluación ante el Servicio de Evaluación Ambiental”. El titular de la Cámara Baja Aldo Cornejo, envió la moción al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para que conozca los detalles de la iniciativa legislativa.

El texto redactado en el Congreso reafirma que en el último tiempo ha sido posible apreciar la oposición a la realización de ciertos proyectos que pueden impactar negativamente el medio ambiente por parte de comunidades o grupos de personas con legítimos intereses, y que esto ha significado el retraso o rechazo de iniciativas de inversión que han tenido la intención de llevarse a cabo Añade que estas oposiciones comienzan normalmente por la vía administrativa, pero en muchos casos se extienden a la vía judicial.

“Lo anterior parece más evidente cuando nos encontramos frente a proyectos que llevan años de tramitación y que incluso frente al otorgamiento de autorizaciones administrativas luego deben enfrentar serios reveses judiciales.

Los casos recientes parecen recordarse rápidamente -Punta Alcalde, Barrancones, Punta Piqueros, Castilla, Río Cuervo, por mencionar algunos- pero si se retrocede en el tiempo la lista es bastante larga”, puntualiza el proyecto de ley.

¿Qué ha pasado? La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara presentó un proyecto de ley que plantea modificar la Ley de Bases del Medio Ambiente.

¿Por qué ha pasado? La idea busca evitar la judicialización, propiciando los periodos de controversia al inicio de la tramitación ambiental y no en sede judicial.

¿Qué consecuencias tiene? Se plantea que el rechazo judicial a proyectos de inversión implica un costo adicional para el inversionista y el fisco.

1 Comment

  1. rafael sanchez dice:

    En primer lugar,los diputados,ya no ocultan para quien trabajan,y en segundo lugar,el o la articulista,además de la lista de proyectos detenidos o rechazados(por más de algo)omite la larga lista de proyectos ingresados y aprobados en forma ilegal,,solo para dar la pauta le señalo Campiche,en cuyo “escandalo”figuran las más altas “autoridades”,,y para qué hablar de codelco,que tienen que cambiar toda la legislación,para que siga funcionando,,y no salgan con la monserga,de “si tiene pruebas reclame”,,,a quién,,,?donde?,todos sabemos,de qué estamos hablando.