Gobierno evalúa limitar pago a asesores en consulta por Convenio 169

Tarea la llevaría a cabo el futuro estamento de Asuntos Indígenas y busca zanjar el interés de privados en participar del proceso de consulta indígena. Fuente: El Pulso 12 de noviembre 2014.


En un verdadero conejillo de Indias se ha vuelto el proceso de consulta en el marco de la creación del nuevo ministerio de Asuntos Indígenas, que a futuro jugará un rol preponderante en la tramitación de proyectos de inversión pública o privada. Por un lado la consulta indígena ha servido al gobierno para catastrar a las comunidades, conocer los líderes de las organizaciones, evaluar el instrumento y generar confianzas para destrabar las iniciativas.

Sin embargo, los anuncios de revisión de la consulta indígena que establece el Convenio 169 de la OIT han llevado a las carteras de Medio Ambiente y Desarrollo Social a evaluar en mayor profundidad los efectos de mantener el Decreto Supremo 66. Altas fuentes del Ejecutivo confirman que una de las mayores falencias de la normativa que surgió en el gobierno de Sebastián Piñera es que deja abierta la puerta al pago de asesores por parte del Estado.

Si bien hasta ahora el fisco no ha debido desembolsar grandes sumas de recursos para el pago de asesores debido a que sólo ha dispuesto fondos para el proceso deliberativo las críticas al reglamento persisten tanto por las comunidades, como por personeros del gobierno.

La consulta indígena está compuesta por cinco fases, en la etapa deliberativa, son las propias comunidades las que pueden ser asesoradas para llegar a acuerdo al elaborar una contrapropuesta que entregan al Estado.

“Esta fase de los asesores es delicada desde el un punto de vista de cómo se va a indemnizar el pago de un asesor. ¿Es por generar una asamblea?; ¿Es por generar un documento? Eso lo deciden las comunidades. Lo que tenemos que determinar es cuánto el Estado está dispuesto a pagar esto”, sostiene una alta fuente de gobierno.

La misma fuente que opta por la reserva de su nombre agrega: “tarde o temprano una minera va a querer aportar legítimamente y ahora no lo puede hacer, porque el Decreto Supremo 66, establece que es el Estado el que se hace cargo de este proceso”. Bajo esa lógica las mismas fuentes consultadas sostienen que esta discusión vendrá cuando el ministerio de Asuntos Indígena revise en profundidad el Decreto Supremo 66.

EN MARCHA.

Actualmente, el ministerio de Desarrollo Social está recopilando información sobre cómo se agrupan las comunidades para generar el pago de asesorías. Según trascendió, la cartera podrá un tope según las características de la región apara el pago de asesores.

“Esto no puede superar un 5% o 10% del total consulta en sí, porque sería inviable”, sostiene una alta fuente del gobierno. A modo de ejemplo sostiene que generar un proceso de consulta nacional significa hoy levantar 58 locales con el respectivo almuerzo a sus participantes.

Eso tiene una cantidad de recursos no menor. Ahora para el proceso de consulta nacional el ministerio de Desarrollo Social tiene un ítem presupuestario de $900 millones. No obstante fuentes del gobierno fustigan el proceso de consulta que llevaran adelante las autoridades de la administración Piñera para constituir el DS 66 e insertarlo dentro de la institucionalidad ambiental.

En efecto, uno de los mayores problemas que encontró la nueva administración fue el desconocimiento de parte de los funcionarios en la aplicación de la consulta indígena. A ello se suma una “deficiente” glosa de recursos que si bien para Conadi es de unos 600 millones de pesos, está asociada a procesos de la Araucanía.

¿Qué ha pasado? Los anuncios de revisión de la consulta indígena que establece el Convenio 169 de la OIT han llevado a las carteras de Medio Ambiente y Desarrollo Social a evaluar en mayor profundidad los efectos de mantener el Decreto Supremo 66.

¿Qué consecuencias tiene? Altas fuentes del Ejecutivo confirman que una de las mayores falencias de la normativa que surgió en el gobierno de Sebastián Piñera es que deja abierta la puerta al pago de asesores por parte del Estado.

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