Salmoneros en picada contra autoridad por nulos resultados en relocalizaciones

De las 1.250 concesiones otorgadas en Los Lagos y Aysén, más de 280 no podrían operar porque necesitan ser relocalizadas, sostiene el empresario Víctor Hugo Puchi. Fuente: El Diario 26 de noviembre 2014.


Durante su discurso en el marco de la cena anual del sector, el presidente del gremio SalmonChile, Felipe Sandoval, criticó duramente a la autoridad sectorial por el nulo avance en las relocalizaciones de concesiones salmoneras.

“La institucionalidad actual no está dando el ancho para resolver estos problemas”, dijo, y recordó que “el último día del gobierno anterior de la presidenta Bachelet se aprobó la ley que ha permitido estar en este estado de recuperación, la cual de manera prioritaria, explicitaba que las concesiones debían relocalizarse para el mejoramiento sanitario y ambiental de la actividad salmonera. Hoy después de cinco años, aún no habido ninguna relocalización”.

Las relocalizaciones de concesiones son clave para la competitividad, el mejoramiento sanitario y ambiental de la industria salmonera. Con esta medida, desde las firmas del sector señalan que se podrá mejorar la situación de hacinamiento sanitario que se ha registrado en la salmonicultura en el último tiempo. Uno de los peores enemigos es el piojo de mar o cáligus, una enfermedad que genera una gran mortalidad entre los salmónidos y la consecuente alza de costos para las empresas.

Las críticas

El presidente de AquaChile, Víctor Hugo Puchi, detalla que “de las 1.250 concesiones otorgadas en la regiones de Los Lagos y Aysén, más de 280 no pueden operar porque necesitan ser relocalizadas, pues operarlas implicaría un gran riesgo ambiental y una ineficiencia enorme”.

El empresario complementa que relocalizar es parte de la política de evitar peligros sanitarios y ambientales, sin embargo, recalca que a pesar que este diagnóstico se hizo hace cinco años, “no ha ocurrido nada en la materia (…) La implementación ha fallado y eso es tarea del gobierno, nosotros podemos cooperar, pero la velocidad de ejecución de los cambios regulatorios no ha estado al compás de lo que la industria necesita y de la rapidez que necesitan los cambios”, enfatiza.

En tanto, el presidente de Multiexport Foods, José Ramón Gutiérrez, denuncia que “falta voluntad política de la industria y del gobierno” para sacar adelante el tema de las relocalizaciones.

Culpas compartidas

Desde la vereda del gobierno, el director del Servicio Nacional de Pesca, José Miguel Burgos, reconoce que “el inadecuado ordenamiento territorial de las concesiones constituye un problema basal de la industria acuícola. Necesitamos reubicar urgentemente buena parte de las concesiones que están emplazadas en lugares históricos y que requieren de espacios nuevos y de mejores condiciones para producir salmón. En ese sentido, el programa de relocalizaciones para el gobierno reviste de máxima importancia”.

Sin embargo, hace ver que “no vamos a poder avanzar en Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) nuevas si es que no hay un acuerdo con la sociedad respecto a los efectos negativos que tiene la industria, en algunos casos, en la sustentabilidad y biodiversidad. Ese es el desafío más importante de la industria en los próximos años”, afirma.

Ante la crítica de la industria, el personero gubernamental dice que sí han actuado con la celeridad necesaria y explica que “este es un proceso nuevo y una concesión promedio se demora cinco años en otorgarse. Hay que recordar que buena parte de la falla del sistema se debió a la aparición, por parte de la misma industria, de cerca de mil solicitudes de concesiones de choritos, que lo único que buscaban era asegurar los espacios de futuras relocalizaciones de competidores. Aquí hay culpas compartidas entre el gobierno y la industria”, reconoce.

Para agilizar el proceso, Burgos indica que las empresas tienen que entregar la información oceanográfica de cada barrio a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), “y ese proceso ha sido lento”, acusa.

Ricardo García, gerente general de Camanchaca, refuta a Burgos y dice que “el proceso es complejo y han puesto (la autoridad) muchas trabas. Cuando hay solicitudes de relocalización implica perder la condición indefinida de la concesión, lo que es una disminución patrimonial importante. El proceso debe ser expedito y fácil”.

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