Déficit hídrico: la nueva guerra que Chile no quiere afrontar

Los embalses del país acumulan severos déficits, 32 comunas han sido declaradas en emergencia hídrica y la demanda por agua en Chile se duplicó en los últimos 25 años. La Segunda, 16 de diciembre de 2014.


Si bien es una realidad que no admite dobles lecturas, hasta ahora el déficit hídrico no se cuenta entre los problemas estructurales que enfrenta el país. Es como un fantasma lejano que parece inofensivo frente, por ejemplo, al alto costo de la energía, a la caída en la inversión, a la baja del precio del cobre o el estancamiento en los rankings de productividad.

Sin embargo, para los expertos que le han puesto ojo al tema, la paulatina disminución de las reservas de agua en el país (consecuencia directa de los sucesivos años de sequía), lleva inevitablemente a deducir que se avecina para Chile otro grave problema estructural.

Hoy casi todos los embalses del país anotan un déficit de almacenamiento, con cifras que van desde el 100%, como es el caso de algunos del Norte Chico que terminaron por secarse (Cogotí y Culimo), hasta otros de la zona centro-sur que año a año ven descender sus cotas. Así, el embalse El Yeso, en la Región Metropolitana, ha disminuido sus reservas a menos de la mitad, y la Laguna del Maule acusa un descenso del 77%

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Mientras tanto, en el último año, 32 comunas de las regiones Cuarta y Quinta han sido declaradas como zonas de escasez de agua, facultando al gobierno para intervenir directamente en el manejo del líquido, ya sea racionándolo, reordenando su extracción y asegurando el abastecimiento para la población.

El Código de Aguas vigente faculta a la autoridad para intervenir cuando no se producen acuerdos entre los usuarios de las fuentes superficiales y subterráneas, arbitrando medidas para redistribuir agua. Con los decretos de zonas de escasez, la Dirección General de Aguas (DGA, dependiente del Ministerio de Obras Públicas), puede racionar el fluido disponible en las fuentes naturales, “con el objetivo de reducir al mínimo los daños derivados de la sequía”.

Asimismo, puede suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.

O sea, con tales decretos, la autoridad asume la responsabilidad de poner orden en situaciones extremas. Pero no resuelve el problema de fondo: la sistemática reducción de las reservas de agua.

La zona amagada parte en el valle del río Copiapó, en el norte, y termina en la Región del Biobío… por ahora.

Conflictos sectoriales
Mientras tanto, los conflictos entre los grandes consumidores están a la orden del día. Se enfrentan silenciosamente por acceso al agua, agricultores (grandes, medianos y pequeños), empresas forestales, industrias manufactureras, generadoras eléctricas, compañías mineras y empresas de agua potable.

En octubre pasado, el Gobierno envió al Congreso una nueva indicación para reformar el Código de Aguas, con el propósito de circunscribir el problema a algo aún más básico que solucionar los conflictos de los grandes usuarios del recurso. En este caso, para garantizar el derecho de la ciudadanía en general de contar con el normal suministro, con un enfoque de sustentabilidad. “Es decir, pensando en las generaciones futuras”, declaró el delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz.

Según Ruiz, la creciente escasez de agua en Chile “no es un problema coyuntural, sino estructural, y conforme a ello requerimos cambios profundos para garantizar el suministro en el largo plazo”.

El delegado presidencial dijo que la actual institucionalidad sobre los recursos hídricos es muy dispersa y que existen 42 entidades, repartidas en 10 ministerios, que tienen que ver con el agua. “Nosotros tenemos la misión de hacer un reordenamiento, para disminuir la burocracia y la descoordinación y, en lo posible, proponer una nueva institucionalidad”. Citó el caso particular del Ministerio de Obras Públicas, donde funcionan en pisos distintos la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas.

Diagnóstico y propuestas

Para Reinaldo Ruiz, el déficit hídrico es un problema mundial, que se ha visto agravado en los últimos años por el calentamiento global.

“Este fenómeno ha significado que llueva casi lo mismo que antes, pero las precipitaciones se han concentrado en un escaso lapso de tiempo, provocando problemas de sequía durante gran parte del año”, explicó. Añadió que en el caso particular de Chile, a raíz del aumento de la temperatura se han acelerado los deshielos en la alta montaña y con ello, la disminución de las reservas hídricas.

Por si esto fuera poco, Ruiz dijo que en los últimos 25 años la demanda por agua en Chile se duplicó, tanto por el aumento de la población como por las actividades económicas.

Explicó que las principales acciones que ha recomendado la comisión que preside es configurar un programa nacional de captación de aguas lluvia, para almacenarlas por un tiempo y destinarlas al consumo en los meses más críticos.

También anunció un plan de recuperación de infraestructura para el almacenamiento del recurso (tranques en mal estado); un programa de recarga de acuíferos, o gestión de aguas subterráneas; un plan nacional de canales de regadío y otro para desarrollar un sistema de conducción de aguas, si es posible mediante tuberías.

Además, Ruiz dijo que están trabajando en un plan de reutilización de aguas, como se hace en otros países, “donde una misma molécula de agua pasa por cinco estómagos”. Añadió que también se debe estudiar una nueva normativa de construcción, sobre todo de viviendas sociales, cuyos proyectos incluyan sistemas de separación de aguas negras y aguas grises.

Las primeras, usadas en los excusados, irían directamente a plantas de tratamiento, y las segundas a depósitos especiales para el riego de árboles y jardines. “En el futuro se debiera prohibir el riego de jardines con agua potable”, sentenció Ruiz.

Otro punto de vista

En tanto, la ex ministra de Obras Públicas Loreto Silva dijo compartir el diagnóstico sobre la crisis del agua y se mostró partidaria de que el Estado tome la iniciativa para enfrentar el problema, “gatillando inversiones en este ámbito con la modalidad de asociación público-privada”.
Como un aporte concreto del sector privado para contribuir a la solución del problema, Loreto Silva mencionó el caso de los proyectos en plantas desalinizadoras de agua de mar, donde las empresas mineras del norte llevan la delantera.

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