El 25 de septiembre de 1954, el abogado y poeta chileno Jenaro Gajardo Vera se hizo famoso al inscribir la Luna a su nombre ante un notario en Talca. Sesenta años después, la historia sirvió de inspiración a Greenpeace, que en marzo pasado dio un golpe mediático en la misma línea y fundó la República Glaciar, una nación creada gracias a un vacío legal que existe en Chile: ninguna ley ni la Constitución menciona a los glaciares y no están considerados como parte de la soberanía nacional. Fuente: La Tercera 20 diciembre 2014.
Hielo
República Glaciar tiene hoy más de 160 mil “habitantes” inscritos. “Tenemos más del doble de ciudadanos que Groenlandia”, dice Matías Asun, director de Greenpeace en Chile. Su objetivo es proteger estas reservas naturales de agua.
Según estimaciones de la Dirección General de Aguas, Chile tiene 21.114 glaciares y casi el 80% de la superficie glaciar de toda Sudamérica. Son considerados reservas estratégicas de agua dulce del planeta en un contexto de crisis y de sequía, y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha entregado varias advertencias sobre su retroceso por el calentamiento global.
El investigador de Unesco, Koen Verbist, quien trabajó en uno de los escasos estudios sobre la contribución de los glaciares a los cursos hídricos en Chile, explica que los glaciares pueden aportar un 25% a los cursos de agua en un año seco, contribución que puede ser mayor en las zonas Norte y Central. Es decir, nuestro acceso al agua depende en parte de los glaciares. ¿Se está entendiendo eso en Chile?
Parece que que no. En su discurso del 21 de mayo en el Congreso, la Presidenta Michelle Bachelet anunció un proyecto de ley para proteger los glaciares y su entorno. Es su segundo intento: en su gobierno anterior, ni el apoyo del poderoso gremio de los agricultores sirvió para hacer contrapeso a la presión de las mineras. No hubo ley aquella vez.
Un día antes del anuncio presidencial, la “bancada glaciar” hizo su estreno en el Congreso y se adelantó al ingresar un proyecto de ley que rescataba lo medular de iniciativas anteriores, principalmente del senador Antonio Horvath, pero que tiene una mirada territorial más amplia y es más restrictivo. Por ejemplo, define los distintos tipos de glaciares, ambiente glaciar, ambiente periglaciar y permafrost para evitar futuros focos de conflicto ahí. “El permafrost y los glaciares de roca son difíciles de reconocer. Definirlos es clave para su no intervención porque es ahí donde hoy se concentra la actividad minera”, explica Javiera Espinoza, geógrafa de Fundación Terram.
En la “bancada glaciar” están, por ejemplo, Maya Fernández (PS), Leonardo Soto (PS), Camila Vallejo (PC), Patricio Vallespín (DC), Cristina Girardi (PPD), Andrea Molina (UDI), Giorgio Jackson (RD) y Vlado Mirosevic (PL), entre otros. “Somos una generación transversal que aspira a dejar un legado para las futuras generaciones”, dice Daniel Melo (PS), su cabeza más visible y que preside la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
En los meses siguientes al anuncio, por esa comisión pasaron representantes de ministerios, servicios, agupaciones ecologistas, mineras (Codelco, entre ellas) y la Sociedad Nacional de Minería, que dejó claro que no está de acuerdo con una prohibición a las actividades en los glaciares y afirma que, en vez de una ley, la instancia para determinar el impacto de su actividad sobre ellos es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Según Koen Verbist, el mundo científico debería dar un mensaje más fuerte. “En algunas zonas el impacto de la minería ya es bastante negativo y la ciencia no ha sido clara en dar ese mensaje. ¿Si esto se debe a que los científicos se han privatizado? Puede ser”.
El diputado Melo explica que el Gobierno se comprometió a presentar indicaciones al proyecto, pero el plazo ya venció. El silencio aumenta los rumores de que el Ejecutivo presentaría su propio proyecto, que no hay acuerdo entre Medio Ambiente y el MOP, o que los reparos empresariales a la agenda reformista del Gobierno provocaron un cambio de planes. “Vamos a esperar al Gobierno hasta la primera de enero para poner el proyecto en votación”, advierte Melo.