Sala analizó situación de incremento de concesiones mineras que afectan a comunidades indígenas

Diputados de diversas colectividades políticas expusieron ante el Gobierno la problemática que afecta a diversas comunidades del país. Fuente: Cámara.cl 10 de diciembre 2014.


A través de un proyecto de resolución aprobado unánimemente, se puso de relieve la necesidad de poner un tope al problema; de generar medidas para la defensa de los recursos naturales de los territorios indígenas; y la adecuación de la legislación chilena, conforme a los alcances del Convenio 169 de la OIT

Por casi dos horas, la Sala de la Cámara de Diputados se dio cita hoy de manera especial para analizar, en conjunto con el Ejecutivo, la situación que afecta a las comunidades indígenas de diversas regiones en torno al importante incremento del número de concesiones mineras de explotación y exploración, constituidas en un porcentaje importante sobre sus territorios.

La sesión especial, convocada por 45 legisladores, se inició cerca de las 19:30 horas con la intervención del diputado Fidel Espinoza (PS), uno de los promotores del encuentro, al cual asistieron en representación del Gobierno las Ministras de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, y de Minería, Aurora Williams.

En su intervención, el diputado Espinoza resaltó que la problemática trasciende a una región en particular y se verifica en una importante cantidad de territorios de comunidades indígenas que se ven violentadas en sus derechos por quienes obtienen concesiones de exploración o explotación. Criticó la falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT, en lo relativo a la obligación de consulta, y llamó a avanzar en soluciones efectivas que permita frenar esta situación

“Señoras Ministras, a quienes agradecemos su presencia en esta Sala, se requiere escuchar a las comunidades. Nos preocupa que ante este estado de indefensión por parte de las comunidades esto termine conduciendo a estados de frustración que generen nuevas situaciones de tensión con los pueblos originarios, a los que después es fácil estigmatizarlos como violentos, sin revisar las causas que llevaron a esos hechos”, sentenció el diputado.

Informó que, a la fecha, sólo en la Provincia de Osorno hay 24.980 hectáreas afectadas por concesiones mineras de explotación y 59.065 hectáreas concesionadas para exploración, en territorio mapuche-huiliche, afectando a territorios sagrados de dicho pueblo. En este plano, relevó el papel del Gobierno para colaborar en el tema, entregando apoyo legal a las comunidades y promoviendo una nueva institucionalidad que defienda adecuadamente los derechos de los pueblos originarios.

El diputado Sergio Ojeda (DC) estimó que esta situación implica una nueva “forma de invasión” para las comunidades indígenas de nuestro país y sostuvo que representa un verdadero proceso de privatización del subsuelo de territorios ancestrales.

Recordó las obligaciones del Estado de Chile a través del Convenio 169 y afirmó que, sostenidamente, no se han venido cumpliendo sus normas. “Este convenio protege especialmente el derecho de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras y más que a ello, a participar en su utilización, administración y conservación”, precisó.

Explicó que el artículo 15 del acuerdo señala específicamente que, en el caso que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o los recursos del subsuelo, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, para determinar si sus intereses serán perjudicados y en qué medida, antes de autorizar cualquier programa de prospección. “Y esto no se ha hecho hasta el momento”, puntualizó.

El diputado Felipe De Mussy (UDI), al igual que otros legisladores durante el debate, felicitó la iniciativa de la sesión y coincidió en la necesidad de generar soluciones sobre el tema. Estimó increíble que se vulnere los derechos de las comunidades y que tanto los derechos de aprovechamiento de agua, como las concesiones mineras se entreguen sin miramiento y respecto a los pueblos que habitan el lugar.

La diputada Marcela Hernando (PRSD) criticó la falta de operatividad en la materia y la inacción del Gobierno respecto de variadas solicitudes emprendidas en la Cámara de Diputados en pro de las comunidades indígenas. Pidió al Ejecutivo que se sensibilice sobre el problema y llamó, no sólo a detener el proceso de entrega de concesiones, sino que, incluso, a revocar algunas de las ya otorgadas.

El diputado Diego Paulsen (RN) recalcó que en el tema de las concesiones mineras el Estado está al debe y planteó que es un tema que afecta transversalmente y no sólo a las comunidades indígenas. Llamó a dar una mirada integral al problema y a buscar soluciones rápidas, como por ejemplo, para impedir que particulares se hagan de concesiones en terrenos urbanos donde ya existen viviendas y para resguardar los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios.

Gobierno

Tras las exposiciones, la Ministra Aurora Williams relató la normativa vigente y las definiciones que se tienen en materia de concesiones mineras, tanto en lo relativo a la exploración como a la exploración.

Destacó que la decisión de conceder una concesión minera radica en los tribunales de justicia y aclaró que no se contempla en el sistema jurídico una norma que prohíba una concesión respecto de un terreno que revista la calidad de indígena.

La Ministra Fernanda Villegas valoró la convocatoria y sostuvo que el Ejecutivo presenta una agenda significativa en materia de derechos indígenas. Explicó que la demora de los compromisos presidenciales se debe, justamente, a la voluntad de avanzar en la consulta de los pueblos originarios y entregó antecedentes generales sobre el proceso que se realiza en las quince regiones del país.

Reiteró la decisión del Gobierno de avanzar en una nueva institucionalidad de asuntos indígenas (Ministerio) y en el cumplimiento del Convenio 169, reconociendo la necesidad de efectuar una adecuación a la normativa vigente de nuestro país en línea con los criterios establecidos en el acuerdo internacional.

Dijo que el Ejecutivo está consciente de la problemática que se está generando en torno al tema de las concesiones mineras, así como de otros importantes asuntos que es necesario abordar en el país, pero llamó a observar que ello no se puede resolver con seriedad en sólo ocho meses de gobierno.

Proyecto de Resolución

Poco antes del término de la sesión, la Sala aprobó el proyecto de resolución 259, por 48 votos a favor. En lo medular, se solicita a la Presidenta de la República que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a las Ministras de Minería y Desarrollo Social, a objeto de impulsar las siguientes acciones:

1. Se efectúen los estudios necesarios, con la finalidad que la Conadi pueda apoyar jurídica y económicamente a las comunidades que buscan proteger el territorio en donde residen y los recursos naturales, especialmente de la especulación minera, para que puedan solicitar sus propias concesiones, de manera que esta situación no siga incrementándose.

2. Se evalúe la necesidad de utilizar las herramientas jurídicas que contiene el Convenio 169 de la OIT, explorando todas aquellas alternativas existentes para realizar la defensa de los recursos naturales de las comunidades, considerando incluso solicitar una directa orientación a la OIT en la materia.

3. Analizar en conjunto con otros servicios, como la Conaf, la posibilidad de establecer un programa de apoyo para la reforestación de los territorios de las comunidades, con vides o árboles frutales, que es uno de los impedimentos para constituir servidumbres sin autorización del dueño del predio.

4. Analizar la necesidad de actuación y adecuación de la legislación pertinente en el marco del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

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