La nueva lucha por los niños del plomo

Algunos todavía acusan las secuelas de la exposición en su salud. Y los pequeños que han seguido naciendo en la zona también presentan trastornos. Un reciente fallo de la Corte Suprema —en favor de una familia que solo vivió dos años en el sector— obliga a la autoridad sanitaria a compensarlos por la “aflicción, angustia y ansiedad” que les provocó estar expuestos a la contaminación.

Cuando en 1995 Patricia Aguirre llegó a vivir a la casa 57, pasaje 2, de la población Villa El Solar, del sector Cerro Chuño, en el extremo norponiente de Arica, sabía que su vida iba a cambiar. Durante siete años había ahorrado dinero para dejar de vivir de allegada junto a sus tres hijos y su marido, pescador artesanal. La vivienda social que le entregaron tenía solo dos piezas, y espacio para construir.

Ella siempre quiso invertir en su casa, poner baldosas y plantar un jardín.

-Me preguntaba por qué mi patio era de tierra negra, por qué cada vez que regaba se levantaba un gas. Algunos me decían que como ahí, antes, había basurales, quizás ese era el lugar donde se quemaba la basura. Pero cuando vinieron las autoridades a hacer exámenes de suelo, dijeron que mi casa estaba contaminada; era la que tenía más contaminación.

Patricia Aguirre -50 años, menuda, morena- baja la voz cada vez que revive su historia en esa casa de tierra negra desde donde se extrajeron 40 tambores y 20 sacos de material tóxico. Recuerda la indignación que sintieron las pobladoras cuando les dijeron que el oscuro cerro de arena -en medio del sitio industrial que rodeaban las mil 880 casas construidas por el Serviu- contenía, en realidad, 20 mil toneladas de desechos minerales. Un cargamento que llegó en 1984, desde Suecia, para ser relavado por una firma minera local, y que luego fue abandonado justo ahí, donde más tarde, en los 90, el Serviu decidió construir nuevas casas.

Patricia también recuerda cómo su hija mayor perdió una guagua en gestación y cómo el menor, Carlos, sufrió problemas de aprendizaje, dolor de huesos y abdominal.

-Llegamos a esa casa antes de que Carlitos cumpliera un año. Él tenía displasia, le costaba caminar, y yo lo dejaba en el patio para que se entretuviera. Él se arrastraba y jugaba a llenar con tierra un autito que tenía, y a veces se la comía también -describe

En 1998, cuando los hijos de Patricia y de las otras pobladoras de la zona comenzaron a consultar por el continuo malestar, se decretó la alerta ambiental.

Una toma de muestra de sangre masiva realizada en 2000 a casi cinco mil vecinos de la zona -mayoritariamente niños- arrojó que todos tenían presencia de plomo en la sangre y que 579 estaban sobre el nivel de 10 ug por decilitro, considerado normal. Exámenes privados mostraron que el hijo de Patricia tenía arsénico y mercurio en su cuerpo.

Carlos hoy tiene 20 años y una mirada esquiva -casi sin visión en su ojo izquierdo-, y sufre de esquizofrenia, autismo y retraso mental.

-Hasta los 15 años Carlitos fue normal, pero después se aisló del mundo, se puso agresivo y dejó de estudiar -recuerda Patricia, quien junto a sus vecinas salía a las calles a marchar y a protestar-. Fui súper activa con las vecinas hasta cuando el alcalde me quiso ayudar, arrendándome una casa mientras nos limpiaban y pavimentaban el patio. Ellas me encararon y me acusaron de haber llenado el patio de tóxicos tratando de solucionar mi problema no más. De tonta, y quizás por vergüenza, yo dejé de hablar de la contaminación. Ahora, a los médicos de Carlos apenas les cuento lo que nos pasó.

Patricia hoy vive en un departamento de los blocks donde fueron erradicados cerca de 600 habitantes de Cerro Chuño en 2011, a 20 minutos caminando de su antigua casa, que actualmente está clausurada.

Por las calles polvorientas de Villa El Solar, en Cerro Chuño, deambulan guardias vecinales que hacen ronda para evitar que las casas clausuradas se reocupen. Todavía hay más de 300 familias que erradicar. No todos se quieren ir, porque invirtieron en sus casas, pusieron baldosas y construyeron piezas. Ninguno pudo plantar un jardín.

Patricia quiso revivir su historia porque acaba de enterarse de que Débora Parra, quien vivió en el lugar solo dos años -mucho después de que las autoridades de salud pavimentaron los patios y trasladaron el cerro de desechos a la cercana Quebrada La Encantada en 1998- demandó al Servicio de Salud por el daño moral que le causó la contaminación.

Hoy, Débora Parra, tras ganar en la Corte Suprema una indemnización familiar, vive en un predio de Lluta, a 20 kilómetros de la ciudad, rodeada de árboles, coirones y verdor. No es la primera en llegar a esta instancia. En 2007 una demanda colectiva por daño moral indemnizó con $8 millones a 356 personas -en su mayoría niños- que vivieron al menos una década en el lugar y que tenían niveles de plomo o arsénico por sobre lo considerado normal.

Patricia, como Débora, planea demandar con su grupo familiar.

Hacia la parcela propia

Débora Parra, trabajadora social, de 38 años -de hablar rápido, mirada inquieta- llegó en 2008 hasta una población de Cerro Chuño que ya había sido sometida a medidas de mitigación ambiental como pavimentación de los pasajes o canchas de fútbol. Ella, entonces era una madre separada, que esperaba su primer hijo de una nueva pareja.

-Llegué embarazada de tres meses de Isaías, mi segundo hijo, y pregunté -antes de que me dieran el subsidio- qué pasaba con el tema de la contaminación. Me dijeron que ya se habían llevado todo lo malo a otro lugar -recuerda Débora-. Pero ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que mi embarazo no fue normal. Isaías nació prematuro, de 35 semanas, y tuvo problemas no solo para respirar, sino que también problemas intestinales, de obstrucción. El pediatra me decía que era porque mi leche era muy nutritiva… Nunca me lo creí.

Ella y su marido, Claudio Fernández, confirmaron sus sospechas de que la contaminación seguía presente en el lugar cuando en 2009 un reportaje televisivo los alertó del peligro que aún significaba vivir allí, a pesar de que los desechos habían sido trasladados a una quebrada cercana. Nuevas mediciones en suelo y techos ratificaron la continuidad de la contaminación.

-La gente, las mamás, salieron nuevamente a las calles a pedir una solución. Queríamos atención especializada, porque no había ni un solo toxicólogo en la región. Y nos trajeron al doctor Paris -hoy presidente del Colegio Médico-. Él examinó a mis niños y nos dijo: “Váyanse de ahí. Y, si pueden, váyanse de Arica también”.

Según consta en el fallo del 30 de octubre de la Suprema, antes de cumplir un año, Isaías ya tenía en la sangre el máximo de plomo considerado normal (10 ug). Su hijo mayor, Bruno, sobrepasaba la norma de arsénico en la orina.

-Los niños y las mujeres embarazadas son los más vulnerables, porque el metabolismo acelerado hace que absorban los polimetales con más intensidad -explica Enrique Paris, quien ha visitado una decena de veces la ciudad para asistir a esta población-. Durante el embarazo, la contaminación pasa rápidamente al feto, y por eso el arsénico provoca fallas graves como espina bífida y hasta pueden abortar; con los años, una exposición crónica desemboca en cánceres como el de vejiga.

Sobre el plomo, el médico pediatra y fundador del Centro de Información Toxicológica de la UC (Cituc) explica:

-El plomo es fundamentalmente un neurotóxico y produce déficit atencional, alteraciones del sistema nervioso y dolor abdominal. Además, el plomo se deposita en los huesos hasta por 40 años y es por eso que una mujer que fue expuesta -desde niña- crónicamente, al quedar embarazada puede movilizar el plomo al feto, aunque en su sangre ya no existan niveles medibles.

En medio de los árboles y de los coirones, Débora cuenta que nunca se integró al movimiento social que en el primer gobierno de Michelle Bachelet logró un plan de erradicaciones y mitigaciones, y promovió la Ley 12.590, dictada a mediados de 2012, para indemnizar a 12 mil contaminados con controles médicos y becas estudiantiles de alimentación.

-Quisimos dar la lucha solos -dice Débora, cuyo marido llegó a hablar hasta con la ex ministra de Vivienda, Patricia Matte, para lograr que por motivos de salud su familia fuera trasladada a 20 minutos de la ciudad-. Siempre dijimos que lo nuestro era distinto, porque llegamos a vivir ahí cuando todas las autoridades decían que no había problema. Nos dijeron que era parte del pasado, aunque nosotros insistimos en que no. Tal como le dijimos a la Corte, no sabemos qué pasará con el Isaías en unos años más.

La acción que la familia de Débora ganó en octubre los indemnizó con $10 millones pese a que sus exámenes no mostraban necesariamente polimetales sobre lo normal. La Corte consideró que “la sola presencia de tales elementos tóxicos en el organismo de los actores, incluso en cantidades iguales o inferiores a las que se estiman no peligrosas para su salud por los organismos especializados en materia médica, constituye en sí misma una afectación extrapatrimonial o daño moral” y que el demandado incurrió en “negligencia” al “situar un riesgoso depósito de residuos tóxicos en las cercanías de centros poblados”.

-Sin duda es un fallo innovador- concede Francisco Ferrada, patrocinante de la acción legal de 2007, cuando los niveles de plomo debían ser de sobre 10 ug para recibir indemnización. Tras leer el reciente fallo de la Suprema, cree que ahora muchos podrían alegar que recién toman conciencia de que son víctimas.

Y así lo corrobora Osiel Obreque, el abogado que representó a la familia de Débora Parra, quien cuenta que ya han llegado a su oficina 150 personas dispuestas a demandar.

Ferrada, en tanto, cuenta que está asociado a la ONG internacional Enviromental Defender Law Center (EDLC) que este año presentó en Suecia, a través de un estudio jurídico local, una demanda que representa a unos 800 ariqueños en contra de Boliden Metall, la empresa que envió sus desechos al país 30 años atrás.

Aún en zona contaminada

Según la legislación medioambiental, el daño moral -entendido en el último fallo de la Suprema como aflicción, angustia y ansiedad- solo puede alegarse si no han transcurrido los 5 años de prescripción, es decir, desde que se toma conciencia de que se es víctima del dolor. Eso lo tiene claro Patricia Aguirre, quien también prepara su demanda por daño moral. La mujer de 50 años, madre de cuatro hijos, vive hace 22 años encerrada en su casa de villa Los Industriales, también construida en el sector de Cerro Chuño, concentrada en la atención de Abigail.

-Cuando tenía seis meses de embarazo me dijeron que mi hija venía mal, que tenía hidrocefalia -recuerda la mujer-. Cuando nació la envolvieron, no me la mostraron y me preguntaron si es que yo había estado en alguna fumigación. Les dije que no, y me dijeron que la tenía que bautizar; que no iba a vivir. Nunca me explicaron qué pasó.

Abigail nació con hidrocefalia y espina bífida, y hasta hoy en su sangre hay niveles altos de plomo y arsénico. Solo hace 4 años, cuando una gestión del senador Orpis le permitió llevarla a Santiago, se enteró de que su hija tenía mal de Chiari, y que ese mal era causado por la contaminación. Patricia comenta, con dolor, que el gobierno pasado le dio una pensión de gracia de 100 mil pesos, que cada tres meses debe renovar demostrando que su hija está viva aún.

-No sé por qué me hacen pasar por esto -dice la mamá-. No piensan lo que uno como mujer sufrió, lo que uno se postergó. Yo pensaba que Abigail era un angelito que me había mandado Dios.

Patricia tampoco fue parte de los movimientos sociales de la zona, dice que nadie golpeó su puerta para advertirle de la contaminación, y que la demandante condición de su hija la tuvo por años sin ver televisión. Su relato es uniforme, poco apasionado.

-Hoy tengo una hija menor, de 14 años, que prácticamente abandoné por cuidar a Abigail. Ella se tuvo que criar sola, entre médicos y paramédicos, y hoy me demanda atención -se recrimina-. Por eso, pedí un préstamo y hace tres meses construí dos piezas para que cada una de mis hijas pudiera tener su espacio también. Ahora pueden venir las compañeras de Javiera a estudiar; recién ella puede tener una vida más o menos normal. Claro que uno nunca sabe lo que le pasará por crecer en este lugar.

Patricia Aguirre y sus hijas no están dentro de las más de 300 familias que aún esperan reubicación. ya

LA CORTE INDEMNIZÓ POR: “LA SOLA PRESENCIA DE TALES ELEMENTOS TÓXICOS EN EL ORGANISMO (…) INCLUSO EN CANTIDADES IGUALES O INFERIORES A LAS QUE SE ESTIMAN NO PELIGROSAS”.