Reforma al Código de Aguas no será despachado desde Comisiones en la presente legislatura

Los legisladores también previeron que resta un gran debate en torno a las modificaciones a los derechos de aprovechamiento de agua.
La reforma al Código de Aguas (boletín 7543) definitivamente no será despachada en la presente legislatura y su discusión y votación en particular quedará pendiente para marzo próximo, según confirmaron los diputados Sergio Gahona (UDI) y Jorge Insunza (PPD), miembros de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara.

“Creo que va a ser un trámite mucho más largo de lo que se podría pensar, estamos recién en el primer trámite legislativo. No se va a despachar en esta legislatura, pasará a marzo y después se tendrá que ver en la Comisión de Agricultura antes de pasar a la Sala”, evaluó el diputado Gahona.

“Estamos haciendo un esfuerzo por despacharlo en marzo, pero obviamente son materias complejas y que requieren de una revisión en detalle y sistemática, porque es una reforma que incluye varias normas del Código de Aguas”, precisó el diputado Insunza.

Según relataron los diputados Gahona e Insunza, la instancia que preside el diputado Luis Lemus (PS) se encuentra hoy votando el artículo quinto de la propuesta legal. “Es sobre temas relacionados con las funciones del agua y el resguardo del derecho humano esencial, que es algo que en el Código no estaba. Esos dos puntos es lo que hemos venido resolviendo”, detalló Insunza.

El legislador recordó que hoy los usos de agua son prioritariamente agrícola y actividades productivas en general y que, no más de un 6 u 8%, se destina para el consumo humano. Dijo que justamente la idea del proyecto es garantizar que se resguarde el acceso al agua como un derecho humano esencial, lo que no elimina los otros usos productivos.

“Si queremos hacer que los otorgamientos estén vinculados a una función por la cual se otorga y no que se otorgue para uso agrícola y después se deriva hacia el sector industrial o minero, que no fue el origen por el cual fue otorgado. El respeto de la función social, económica y productiva por el cual está otorgado ese derecho me parece que es algo importante y si se va a cambiar tiene que ser mirado en un equilibrio respecto de los usos y desarrollos productivos que haya en la zona”, planteó.

Para el diputado Gahona, este es un punto de diferencia. “La indicación del Ejecutivo y la postura de los parlamentarios de la Nueva Mayoría es tendiente a eliminar la facultad de la disposición del derecho de aprovechamiento de agua y eso evidentemente atenta contra el artículo 19 de la Constitución”, indicó.

Estimó que frente a situaciones específica es posible restringir los derechos para garantizar el consumo humano, sin embargo alertó que lo que se busca es eliminar todas las acepciones que tienen que ver con dominio y titularidad, evidenciando una intención de “vulnerar el derecho de propiedad en términos del derecho de aprovechamiento de agua”.

El diputado Insunza consideró que “la UDI está buscando una escusa para no abordar estos problemas”, construyendo “una estratagema desde del miedo”. “Aquí no va haber una intervención que modifique los derechos adquiridos, no puede haberlo, pero sí lo que estamos haciendo es terminar con la especulación en el mercado del agua y en eso creo que hay muchos autores de distinta raíz de pensamiento que se dan cuenta que hay un sobre otorgamiento en los derechos de aprovechamiento de agua y eso es un problema institucional, un problema legal que está en el Código de Agua y eso ha dado lugar a una especulación y alta concentración que termina afectando el desarrollo equitativo de muchas zonas del país”, sentenció.

Hitos de la tramitación

El proyecto fue iniciado en moción en marzo de 2011 y, tras un amplio avance en su debate y votación, fue frenado en 2013 con el objeto de conocer el parecer del nuevo Gobierno sobre la materia. Tras un estudio prolongado de parte de la nueva autoridad a través de un delegado especial, finalmente se envió un primer paquete de indicaciones el 8 de octubre de 2014 y, recientemente, el 14 de enero, el Ejecutivo complementó su propuesta con un conjunto de nuevas normas y un informe financiero adicional.