Acusan que Ley de Glaciares sería un “nuevo gesto político” al empresariado

El gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para la tramitación de la Ley de Glaciares. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas afirmaron que la iniciativa es ambigua y que abre puertas al abuso empresarial. Fuente: Diario U. de Chile 05 de marzo 2015.


Los ministros de Medioambiente y Secretaría General de la Presidencia, Pablo Badenier y Ximena Rincón respectivamente, firmaron en el Congreso un acuerdo de 14 puntos en el marco de la discusión de la Ley de Glaciares. Del protocolo emanarán las indicaciones sustitutivas que el Gobierno presentará en los próximos días para retomar el trámite legislativo del proyecto.

El acuerdo firmado por los diputados Andrea Molina (UDI), Patricio Vallespín (DC), Denise Pascal (PS), Marcelo Chávez (DC), Fernando Meza (PR), Leonardo Soto (PS), Daniella Cicardinni (PS), Maya Fernández (PS); y los senadores Alfonso De Urresti (PS), y Antonio Horvarth (IND), sugiere entregar el reconocimiento legal a distintas clases de glaciares y su entorno, con el fin de declararlos “bienes nacionales de uso público”, para prohibir constituir derechos de agua sobre ellos.

Otra de las peticiones parlamentarias es poder revisar las resoluciones de calificación ambiental ya otorgadas en caso que intervengan a los macizos. Con esto, dijo Badenier, “está asegurada la protección del cien por ciento de los glaciares en el territorio nacional”.

Daniel Melo, presidente de la Comisión de Medioambiente e integrante de la llamada “Bancada Glaciar”, valoró el acuerdo (ver documento adjunto), ya que constituiría una serie de avances ante el actual estado de desprotección de los glaciares, siendo un triunfo ante presión ejercida desde el mundo privado, entre ellos el Consejo Minero.

La postura ciudadana

Sin embargo, desde organizaciones ambientalistas afirman que los acuerdos son totalmente insuficientes. El director de Greenpeace Chile Matías Asun sostuvo que “son contrarios al sentido del proyecto de ley original”, por que protege a los glaciares al interior de los Parques Nacionales, pero no aclara si los que están en territorio de concesión minera cuentan con protección.

Ante esto el diputado Melo afirmó que hoy un glaciar dentro de un Parque Nacional puede ser destruido, con esta medida se protege el 80 u 85 por ciento de la superficie glaciar de todo nuestro país. Luego hay otro instrumento que se establece, que es la creación del área estratégica glaciar, que cuida el estado de los otros glaciares.

El problema es que en el caso de aquellos por fuera de los Parques, será el Consejo de Ministros quien tome las decisiones sobre el grado de protección que se les dará. Situación que es cuestionada por las organizaciones de protección al medioambiente.

“La propuesta del Gobierno deja en manos del Comité de Ministros por la Sustentabilidad la decisión de que glaciares son relevantes o no. Es decir, la saca de la discusión legislativa, con lo que el Congreso entonces no podría decir que todos los glaciares son relevantes y, al final, lo terminan definiendo los asesores de la Presidenta”, sostuvo Asún.

Por ello leen esta modificación como un “gesto político” y una legislación “muy conveniente” para quienes consideran que los glaciares que están dentro de sus concesiones no son relevantes. Situación que podría darse en casos como Barrick Gold, Angloamerican, Los Pelambres de Luksic e incluso Codelco.

Para los expertos el proyecto también tiene deficiencias. Francisco Ferrando, académico y especialista en glaciares de la Universidad de Chile, sostuvo que la iniciativa es ambigua porque contiene serias omisiones y expresiones de doble sentido.

En síntesis, su redacción expone a las concentraciones de hielo, vitales para los diversos sistemas hídricos, a los caprichos de políticos y empresarios. En ese sentido indicó que la redacción “deja puertas abiertas, brechas por donde -con la habilidad de los asesores legales o de los abogados- evidentemente van a encontrar los subterfugios para intervenir los glaciares”.

“Omite señalar que son reservas de agua dulce de carácter no renovable para que sigan funcionando como proveedores de agua y de unidades eco-sistémicas” afirmó el especialista y añadió: “No reconoce la existencia del sistema peri glacial y de lo que es el permafrost, la presencia de hielo que existe en el subsuelo y que también es parte importante que se debe proteger”.

El profesor calificó el protocolo como “liviano” y “poco informado” y porque no cumple con las expectativas de lo que se requiere como ley de glaciares para Chile y está lejos de los estándares de otros países latinoamericanos donde, nuestros propios vecinos argentinos, llevan la delantera.

Las diferencias de criterios deberán enfrentarse en la Comisión de Medioambiente el próximo miércoles, fecha para la que se espera que el gobierno haya presentado la indicación sustitutiva para programar la discusión en particular de la iniciativa.

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