Gobierno explora fórmula para solucionar conflictos entre comunidades y privados

El ministro Arenas anunció cambios a la legislación que implicarían traspasar estos conflictos a los tribunales ambientales cuando un proyecto de inversión cuestionado debió rendir algún tipo de tramitación ambiental. Ello para dar más certeza jurídica. Fuente: Pulso 16 de marzo 2015.


El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, está preocupado por el impacto que podrían significar los nacientes conflictos entre las comunidades y la instalación de empresas en sus territorios. Con una población más empoderada, una escalada de reclamos podría implicar no sólo la paralización de proyectos sino que también el riesgo de debilitar la certeza jurídica.

Por ello la autoridad aprovechó el escenario que le otorgó la Sofofa para indicar que perfeccionarán la legislación: “debemos lograr que las controversias que surjan en las comunidades en relación a proyectos de inversión, se resuelvan a través del entendimiento y, cuando esto no ocurra, se resuelvan a través de instancias especializadas”. En el ministerio están explorando la posibilidad de que estas controversias sean resueltas por un tribunales especializado y no por la justicia ordinaria que muchas veces no cataliza el contexto de sus decisiones.

Como lo que ocurrió con Pelambres la semana pasado cuando se resuelve que la minera debe “demoler” el muro del tranque ante las quejas ciudadanas. El punto es que esta determinación no contempló el impacto ambiental que dicha medida tendría. El diagnostico del Gobierno es que “el conjunto de acciones posesorias” o sea lo que dice relación con conservar o recuperar la posesión de bienes raíces, incorporadas en el Código Civil, responden a la realidad del siglo XIX donde los jueces decidían casi todos los asuntos.

Contemplan, por ello, traspasar estos conflictos a los tribunales ambientales cada vez que un proyecto de inversión cuestionado haya obtenido la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La fórmula que explora el Gobierno ha sido esbozada en diversas entrevistas por el abogado y académico de la U. de Chile, Luis Cordero, que analizó el comportamiento de la justicia en el Caso Pelambres: “el sistema judicial no está hecho para solucionar problemas de políticas públicas”.

En ese sentido, explicó que cuando se adoptan decisiones en torno a proyectos de inversión donde no existe un marco regulatorio suficientemente bien resuelto, “lo que se le pide al juez es no sólo que tenga que resolver si la persona que está reclamando tiene o no tiene derechos y si debe o no ser protegida, es que además está implícitamente tratando de resolver políticas públicas y el sistema judicial no está hecho para resolver este tipo de problemas . Pero como tiene un regla de inexcusabilidad igualmente tiene que resolver en favor de alguien, por lo que la tensión es inevitable”.

Así, lo más aconsejable según Cordero, para dar más certeza, es que estas situaciones sean resueltas por el tribunal ambiental. Según el experto este tipo de casos da cuenta del dilema de una sociedad entre jueces generalistas y jueces especialistas.

“Cuando hay jueces expertos, tienen el valor de que tienen una mejor capacidad para discriminar, sin embargo, eso tiene un riesgo: cuando hay jueces especialistas o expertos son menos deferentes con la autoridad, entonces dialogan muchísimo en tema de política pública que es lo que pasa con un tribunal ambiental o tribunal de libre competencia”, enfatizó Cordero reflejando la autonomía que contendrían resoluciones en este nivel.

Si bien el Gobierno no ha fijado una fecha para este cambio de institucionalidad, altas fuentes revelanque es un tema prioritario, sobre todo en un escenario macroeconómico donde se busca aumentar la inversión. Obviamente este tipo de conflictos judicializados no ayuda a la confianza de los agentes.

PELAMBRES EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA.

Cabe recordar que si bien los conflictos con la minera Los Pelambres y el tranque El Mauro en la región de Coquimbo se arrastran hace años, la semana pasada la minera interpuso un recurso de apelación ante la Corte de La Serena, con el propósito de revocar la medida emanada del Tribunal de Los Vilos, que decretaba la demolición del muro del tranque de relaves El Mauro. Según expertos es probable que este litigio llegue la Corte Suprema y que revoque el fallo dada la imposibilidad de poder demoler la obra.

BASE DE DATOS

7% de la producción nacional de cobre se produce en la mina Los Pelambres.

404.000 toneladas de cobre, es lo que extrajo el año pasado la mina Los Pelambres, más de la mitad de la producción total de Antofagasta Minerals.

270 metros de altura, tiene la pared de roca y arena del tranque El Mauro, donde se encuentra el relave que contiene millones de desechos de la minería, principalmente sulfuro, hierro y cal.

¿Qué ha pasado?
En el marco de los diversos problemas entre comunidades y privados por grandes proyectos de inversión, el Gobierno evalúa una fórmula para evitar que todas la iniciativas lleguen a los tribunales de Justicia y sean los tribunales ambientales quienes revisen esos conflictos.

¿Por qué ha pasado?
La resolución del conflicto entre la minera Los Pelambres y las comunidades hizo detonar un punto no menor para la inversión: la certeza jurídica.

¿Qué consecuencias tiene?
Pese a que aún no está definido, la alternativa evaluada por el Ejecutivo busca evitar que todos los grandes proyectos de inversión lleguen a tribunales que no son especializados.

Luis Cordero La propuesta del académico frente al caso Pelambres fue visto “con buenos ojos” por la autoridad.

Autonomía Los jueces especialistas serían más autónomos de la autoridad de turno,

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