Las iniciativas legales del agro en lista de espera

Lea reportaje publicado en Revista del Campo el 23 de marzo 2015


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En los últimos años diversas iniciativas han buscado solucionar o normar situaciones del agro. Si bien muchas han visto la luz, hay algunas que, a pesar de su trascendencia para la producción o para las exportaciones han quedado en lista de espera, usualmente porque generan polémica o resistencia en distintos sectores, productivos o sociales, que llevan a que se detenga su avance; mientras otras están en la espera de ser modificadas por el actual gobierno con el objeto de incorporarle mejoras, según se indicó en su momento.

A continuación algunos de los proyectos e iniciativas de mayor trascendencia que requieren avanzar.

Ley de obtentores: ponerse al día

Chile se comprometió a adherir al acta de 1991 de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) cuando suscribió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, vigente desde el 2004.

A pesar de que el plazo está más que cumplido, el país sigue anclado a la Ley 19.342 que fue creada en 1994 sobre la base del acta UPOV 1978.

“La nueva ley vendría a rayar la cancha al actualizar los principios de propiedad intelectual. El acta de 1991 cambia los tiempos de producción: la propiedad que un titular tenga de una variedad pasa de 15 a 20 años en el caso de las plantas y de 18 a 25 años en árboles y vides. Además le permite al obtentor tener el título apenas presente la solicitud y no esperar a que sea aprobada”, asegura Miguel Sánchez, director ejecutivo de ChileBío.

La Ley de Obtentores Vegetales, como se denomina a la propuesta de ley, fue ingresada al Congreso en 2009 y hasta hoy no hay resultados.

Durante la administración de Sebastián Piñera, algunos grupos ambientalistas le atribuyeron al proyecto un fin de “privatizar las semillas” y poner en riesgo a las variedades nativas, mientras otros lo vieron como un instrumento para promover los organismos genéticamente modificados lo que llevó a que se le denominara “Ley Monsanto”, si bien su objetivo es la protección de la propiedad intelectual de los nuevos desarrollos y no autoriza el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) en Chile.

“Sin ser una ley protransgénica, abre las puertas a las variedades transgénicas. Además, desprotege a las comunidades y variedades nativas, porque cualquier persona con mayor acceso puede inscribir las especies. Por eso deberían existir medidas que protejan al pequeño productor”, asegura Flavia Liberona directora ejecutiva de Fundación Terram.

Para Sánchez estas aprensiones no tienen base real, porque la ley contempla una serie de requisitos que establecen cuando una variedad es nueva por ejemplo, que esta no esté en ningún listado de variedades descritas, estable, homogénea y que no haya sido comercializada, lo que evitaría que alguien se pueda adueñar de una especie nativa. Además, el SAG debe corroborar que la variedad sea efectivamente nueva. Sin embargo, según Liberona, aunque el SAG realiza esta tarea, no va necesariamente a terreno y se guía por los papeles que los obtentores entregan.

A partir de la polémica, en marzo del 2014 el gobierno lo suspendió, con el objeto de preparar uno que considere las sugerencias de todos los interesados. Para ello desde hace seis meses, el ministerio se encuentra en la etapa de discusión con los distintos actores: “No tenemos ningún compromiso formalizado o una fecha para mandarlo al Congreso, mientras no se logren consensuar todas las posiciones”, asegura el ministro de Agricultura Carlos Furche.

Fomento forestal nuevo esfuerzo

En octubre de 2012, previendo que en diciembre expiraba el artículo 12 del Decreto Ley 701, que establecía incentivos a la plantación forestal y que permitió el desarrollo de estas en el país, se presentó una propuesta para modificarlo y prorrogarlo.

Sin embargo, la posibilidad generó gran oposición. La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) fue un potente opositor: “No consideraba asistencia técnica permanente y planteaba la opción de acceder a los subsidios (sistema de incentivos) por medio de concursos, lo que desincentiva a los pequeños y medianos propietarios. El foco tiene que estar en ellos y no en las grandes industrias”, asegura Sergio Donoso, vicepresidente del organismo.

Actualmente, el Ministerio de Agricultura busca hacer una prorroga del DL 701 y simultáneamente trabaja en un proyecto de ley de Fomento Forestal que considere nuevos aspectos. Si bien la nueva iniciativa aún no ha sido presentada todo apunta a “concentrarse en pequeños productores ampliar el tipo de actividad que se puede desarrollar, no solo con plantaciones exóticas sino también con nativas que contribuyan a proteger el medio ambiente, y modificar el sistema de incentivos para el manejo del bosque nativo para hacerlo económicamente eficiente” recalca el ministro.

Furche indica que otra prioridad es enviar al Congreso el primer semestre un proyecto de ley que cree el Servicio Nacional Forestal, reemplazando así a la actual Conaf.

El Estatuto Laboral, acordado pero no tramitado

Hace cerca de siete años una mesa de trabajo integrada por asociaciones gremiales como Asoex y Fedefruta, y organizaciones de temporeros, después de un trabajo de varios meses, acordaron un estatuto laboral donde se aunaban criterios para solucionar temas específicos del agro. Esto porque el Código del Trabajo que es el marco general que regula a los trabajadores y a sus empleadores, no distingue entre los rubros urbanos y los agrícolas y, por lo mismo desconoce las particularidades propias del rubro. Luego, sus conclusiones se llevaron a una mesa nacional con participación de la SNA.

“Como el clima o el período de cosecha escapa de las manos del productor, el temporero tiene que trabajar en horarios especiales, a veces fines de semanas o festivos, y hasta la remuneración es distinta de la de un trabajador permanente” dice Juan Carolus Brown presidente de Fedefruta.

Es así como el estatuto del temporero apunta a entregarle una opción a empleadores y trabajadores para que puedan llegar a acuerdos en horarios y jornadas, cuando sea necesario.

La fuerza del documento llevó a que en 2011 se ingresara al Congreso un proyecto sobre el tema. Sin embargo, el proceso se vio entrampado durante la discusión.

Sin embargo, este año el Ministerio de Agricultura volvió a retomar la discusión con los distintos sectores involucrados para poder presentar un nuevo proyecto: “Cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma laboral tomamos el compromiso de enviar durante este primer semestre el proyecto de ley que regula las relaciones del trabajo temporal en el mundo de la agricultura”, asegura el ministro.

Oposición a la reforma del código de aguas

La creciente necesidad de agua, sumada a la disminución del recurso —por el cambio climático y aumento en la demanda— han generado la necesidad de modificar el Código de Aguas, con el objetivo de que el recurso sea distribuido y utilizado de forma más equitativa para todos.

A partir de ello, desde hace ya algunos años han surgido diversas iniciativas que buscan modificar ese texto legal.

La última fue ingresada en el segundo semestre de 2014 a través de una indicación a un proyecto que ya venía tramitándose desde 2011. Sin embargo la nueva propuesta generó un fuerte rechazo de los distintos sectores del agro.

“La reforma adolece de vicios de constitucionalidad, ya que la Constitución consagra, reconoce y protege estos derechos en su condición de derechos reales. Por lo tanto, para poder modificar esta condición, se establece que el Estado debe dictar una ley de expropiación que califique la utilidad pública y establezca las indemnizaciones a los propietarios por los perjuicios realmente ocasionados. Esta expropiación masiva tendría un costo fiscal que se puede estimar entre 15 y 20 mil millones de dólares”, asegura Patricio Crespo, presidente de la SNA y del Comité Hídrico de la CPC.

El argumento detrás de esta reforma es poder asegurarles a las personas el agua como un bien público. Sin embargo Gustavo Rojas, profesor de la Facultad de Agronomía de la PUC, recalca que este fundamento no tiene base real porque el Código de Aguas actual ya permite la intervención del cauce para hacer una mejor distribución del agua en el caso de que se decrete escasez hídrica, estableciendo la posibilidad de que sea indemnizado debidamente quien salga afectado.

Entre los temas más cuestionados está el que los nuevos derechos se entregarían por períodos de 30 años y serían caducables. Con la figura actual las acciones o derechos de uso son considerados como parte del patrimonio de sus propietarios, y pudiendo ser incluso como parte de una garantía cuando, por ejemplo, solicitan un crédito.

De ahí que entre los agricultores se vea a la reforma como una amenaza al acceso a créditos, que se podrían ver restringidos dada la subvaloración que harán los bancos cuando tasen los activos ofrecidos en garantía, y a la seguridad de los titulares de poder mantener sus derechos de aguas. Esto porque se les entregaría a los funcionarios públicos la facultad de calificar cuando el recurso debe ser caducado.

“El rol nuestro es ser capaces de proponerle al Gobierno soluciones alternativas que apunten a hacernos todos cargo de los problemas que tenemos. En eso estamos actualmente, trabajando con el Comité Hídrico de la CPC” asegura Crespo.

Actualmente, la reforma está en la Comisión de Recursos Hídricos y para abril o comienzos de mayo se espera que pase a la Comisión de Agricultura de la Cámara.

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