En la Araucanía se disponen 49.273 m3 de agua por persona al año, cifra que da cuenta el déficit de agua no obedece a escasez del recurso, sino a su mala distribución.
Problema del Agua en La Araucanía: ¿Una mala distribución?
“Estamos frente a un cambio ético y político. Tal como nos enseñan los Pueblos Indígenas, particularmente el Mapuche, la Conservación de la Naturaleza es Biológica y Cultural. Así, la gestión de los recursos hídricos requiere una visión integral, incorporando todas las variables y no solamente la economicista puesto que la falta de agua para las comunidades rurales y urbanas compromete derechos fundamentales e incluso la seguridad alimentaria” indicó el senador por La Araucanía Eugenio Tuma al lanzar la invitación a formar la Primera Mesa Regional por el Agua.
En la oportunidad, acompañado de René Montalba Director del instituto de Medio Ambiente de la Universidad de La Frontera, Cristina Riquelme vocera de la Asociación Indígena Newen Urbana de Padre Las Casas, Remigio Huenulaf, vocero de la comisión Consulta Indígena y Berta Añio representante del comité APR Curaco – Santa Carolina de Chol Chol, se dieron a conocer las 10 medidas que tendrá como base esta instancia de participación ciudadana.
Para René Montalba del IMA-UFRO, el ser parte de esta mesa es la oportunidad de que la academia de cuenta de los acabados estudios en la materia que permita dar una base sólida a soluciones concretas en la materia. Mientras, Berta Añio de los APR- PLC aseguró que espera que esta instancia de respuesta a las miles de familias mapuche y no mapuche cuyo acceso al agua depende exclusivamente de los camiones aljibe.
MEDIDAS PROPUESTAS
El eje según Tuma del déficit de agua en la región sólo se resuelve si se considera la modificación al código de aguas, la restitución de derechos de aguas a las comunidades indígenas, descentralización del debate, eliminar el subsidio a los monocultivos forestales, crear una red hidrométrica de aguas subterráneas junto a un catastro público y banco de recursos hídricos, aumentar la fiscalización por parte de la DGA, dotar de infraestructura (APR) a localidades semiconcentradas , elaborar un plan integral de gestión sustentable de cuencas que incorpore a comunicades, instituciones públicas, universidades y la sociedad civil.