Recicladores rechazan proyecto de ley de gestión de residuos y lo catalogan de ineficiente

Tras su ingreso a la Cámara en septiembre de 2013 y ser reimpulsada por el ministro de Medio Ambiente (MMA), Pablo Badenier, desde mediados del año pasado, el Proyecto de Ley de Gestión de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor -también conocido como “Ley del fomento al reciclaje”- fue aprobado el 1 de abril de forma unánime (con 99 votos a favor) abriéndose paso al Senado para su trámite final con carácter de urgencia simple, esto implica votarla antes del miércoles 15 de abril.

Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, ningún país de América Latina supera el 15% de material reciclado, cifra que en Chile bordea el 10%. No obstante, posee una de las tasas de producción de residuos sólidos más altas de la región, con 17 millones de toneladas generadas al año. Sin embargo, aunque cerca de 6,5 millones de toneladas provienen del sector domiciliario, éste no posee obligación ni sanción alguna en el actual proyecto en discusión.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Roberto Izquierdo, señala que uno de los mayores problemas del proyecto es que no distingue el mundo industrial del municipal, donde el primero recicla mucho mientras el segundo recicla prácticamente nada. A esto se suma la ausencia en la discusión del Ministerio de Economía, del cual depende la industria, y el peligro de desaparecer que tienen las actuales empresas de reciclaje frente a la prevista instalación de los “Sistemas de Gestión”, los que son “intermediarios sin fines de lucro que administran los residuos enriqueciendo a sus gestores”, sostiene.

Municipios y reciclaje Izquierdo explica que reciclar desechos domiciliarios tiene dos ventajas evidentes. Por una parte, puede dar origen a una industria de reciclaje de alta tecnología a partir de materia prima de bajo costo que puede reemplazara materias primas importadas y, en segundo término, permitiría reducir la contaminación del medio ambiente generada por el excesivo volumen que llega a los vertederos.

Hoy los municipios no están obligados por ley a velar por la clasificación de la basura en los hogares ni al retiro segregado. Este proyecto tampoco lo induce, destinando a perder productos reciclables valiosos entre la basura municipal sin posibilidad de recuperarlos. “Por eso esta norma será inútil para reducir la contaminación”, afirma el ejecutivo.

El presidente de ANIR apunta a que el argumento principal para no obligara los municipios a participar del reciclaje con la separación de origen -acción indispensable para evitar la contaminación de los productos prioritarios con material orgánico- y el retiro segregado, es que se trata de una actividad cara, lo que en su opinión es sólo una excusa.

“El Ministerio de Medio Ambiente tiene una visión parcializada de la realidad. Con una mirada a largo plazo bastaría, al menos en un principio, con cambiar las normas municipales de las nuevas construcciones para facilitar la segregación en edificios, condominios y casas, materia de la que debería participar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también ausente en el debate”, analiza. Por otro lado, señala que la inclusión de la “Responsabilidad extendida al Productor” (REP) tiene un contenido ideológico que incluso es persecutorio para los recicladores, y no sólo para los generadores de desechos, como ha apuntado el ministro de MMA. “Esta ley sólo pone obstáculos al reciclaje industrial, una actividad donde libremente opera la oferta y la demanda con muchos agentes regulados por el Estado en materia de higiene, seguridad y medio ambiente”, apunta.

Por su parte, el gerente de Servicio a Clientes de Cristalerías Chile -firma pionera en materia de reciclaje en el país- Juan José Edwards, señala que es ilógico que en el proyecto no se considere ninguna obligación para los municipios, dado que los hogares son una importante fuente de recolección de productos prioritarios como vidrios, envases, embalajes, diarios y revistas.

“A nosotros nos ha costado mucho sacar adelante nuestra campaña de reciclaje de vidrio a pesar de que tiene un fin social, ya que siempre dependemos de la buena voluntad. A veces estamos empujando el proyecto en una municipalidad, hay cambio de equipo y tenemos que partir de cero, y eso es negativo para proyectos a largo plazo. Debemos dejar de depender de las personas y tener un marco regulatorio”, afirma.

Preocupación en la industria En Chile se utilizan 541 mil toneladas de materia prima para producir 487 mil toneladas de papel que dan origen a cajas de cartón y derivados. De esas, 448 mil toneladas provienen de material recolectado en Chile, 70 mil de material importado que se recicla en el país y el resto se obtiene de celulosa virgen. En cuanto a papel blanco, hoy se reciclan 100 mil toneladas al año y se importan 20 mil toneladas para reciclaje.

“Si se reciclara el material domiciliario evitaríamos importar ambos. El sector industrial y de los grandes centros comerciales está prácticamente cubierto, y la única forma de aumentar la tasa de reciclaje de papel y cartón es incluyendo al sector domiciliario. De lo contrario, la ley sería inútil respecto a este ítem y entorpecerá al actual sistema de reciclaje que hoy funciona Perfectamente sin la intervención de gestores”, advierte el gerente general de Reciclados Industriales S.A, Martín Walsen, señalando que estos últimos sumarán costos extras a un sistema que ha demostrado ser eficiente sin subsidios, creará burocracia, alterará la libre competencia e incluso puede mermar la tasa de reciclaje actual. El ejecutivo apunta a que la ley debería focal izarse en los productos prioritarios en los que hoy el reciclaje es mínimo o no existe, ya que por sus características no es posible desarrollarlo sin apoyo monetario, como ocurre con las pilas. Sin embargo, la lista de productos prioritarios dispuesta por la autoridad también incluye productos con alto grado de reciclaje, lo que es ineficiente.

Esta posición es compartida por el gerente general de Metales y Aluminios S.A, Nicolás Fernández, quien señala que acceder hoy a los desechos domiciliarios es muy caro dado el costo del transporte, que no se justifica frente al pequeño volumen que la gente y los municipios disponen para reciclaje. Explica que es muy difícil determinar la tasa de reciclaje de metales debido a la gran cantidad de vías por las que ingresan al país, en forma de electrónicos, autos y un sinfín de productos que los incluyen entre sus componentes. Una forma de graficar la cantidad de reciclaje es observando las cifras de exportación: en 2014 se enviaron al exterior 25 mil toneladas de aluminio reciclado, 10 mil toneladas de cobre reciclado, unas cinco mil toneladas de bronce reciclado y 10 mil toneladas de acero inoxidable reciclado.

“Me gustaría saber cómo el gobierno planea obtener las cifras para las metas, más si no incluyen a los recicladores en la discusión siendo que nosotros somos los que saben cómo funciona el mercado. Quieren sacar esta ley de forma acelerada”, advierte, señalando que hoy existen cientos de pequeñas y medianas empresas recicladoras de metal que podrían desaparecer tras la creación de los sistemas de gestión, tal como los plantea hoy el proyecto.

Riesgo de monopolio

Para el gerente general de Crowan -que recicla aceites y lubricantes-Francisco Cáceres, su principal preocupación frente al actual proyecto es el riesgo de monopolio.

“Hoy en nuestro rubro hay cuatro grandes actores: Copec, Enex, Petrobras y Terpel, que por sus tamaños perfectamente podrían integrar verticalmente sus sistemas de gestión y plantas de destino final, sacando del mercado a todos los pequeños y medianos recicladores que actualmente prestan esos servicios, pues competir con ellos es imposible”, explica. Con la nueva ley empresas que antes vendían estos productos a recicladores ahora deberán entregárselos gratuitamente a los sistemas de gestión, lo que hace que sea aún más tentador agregarlos a su cadena de negocio.

El ejecutivo señala que en cuanto a aceite, de las 125 mil toneladas que han entrado al país en los últimos años, cerca de un 55% tiene destino final conocido (un 20% se recicla y un 35% se incinera) y el 45% restante es desconocido, lo que no implica que esté generando contaminación sino que se le da usos “hormiga”. Esto último podría corregirse con la ley pero, según Cáceres, dado que la regulación considera un margen de pérdida próximo a 45%, lo más probable es que no cambie nada. “Actualmente, todos los que trabajan con aceites están obligados a ponerlos en plantas de destino final, por lo que eso es un problema que ya resuelto. Esta ley no ha sido capaz de medir el impacto empresarial y, de hecho, se ha inspirado mucho en el sistema español, el cual generó desempleo y conductas monopólicas”, afirma.

La ley debería focalizarse en los productos prioritarios en los que hoy el reciclaje es mínimo o no existe, afirman.

Hoy los municipios no están obligados por ley a velar por la clasificación de la basura en los hogares ni tampoco al retiro segregado. El proyecto tampoco lo contempla.