Cómo las comunidades amplifican su descontento

En el verano de 2009, un grupo de amigos fue de viaje a Punta de Choros, a 115 kilóme-tros al norte de la ciudad de La Serena. Durante su estadía vieron una serie de carteles que decían: “Salvemos Punta de Choros”. Residentes y turistas solicitaban apoyo para evitar la construcción de la termoeléctrica de Barrancones. Quedaron tan impactados por la posibilidad de que destruyeran el medioambiente del lugar, que decidieron hacer algo al respecto, planificando durante varios meses los pasos a seguir para llevar la protesta local a toda la opinión pública del país.

Al principio, el conflicto era desconocido fuera de la comunidad. Pero gracias a una estrategia de marketing que envidaría cualquier campaña publicitaria, lograron que se hiciera conocida en Chile y el mundo. Acto seguido, presionaron a los candidatos a la presidencia de ese entonces, a que se comprometieran con la causa.

Meses después, debido a la presión social y de los medios, al Presidente Sebastián Piñera no le quedó más que prohibir la construcción de Barrancones.

Este es un buen ejemplo de cómo un conflicto local, que influye a una comunidad en particular, logra trascender hacia otras regiones, gracias, en gran parte, a una fuerte estrategia de marketing y participación ciudadana.

Claramente, las redes sociales y medios de comunicación son un factor diferenciador con respecto a cómo se daban estos procesos en el siglo pasado. “Rápidamente entendimos que para concientizar a la población, internet y, específicamente las redes sociales, eran el camino ideal. Nos dimos cuenta de la importancia de los líderes de opinión, especialmente en Twitter y cómo había que comunicarse con ellos”, comenta Ladislao Palma, publicista y líder de la campaña “Salvemos Punta de Choros”.

Punto de inflexión

En este aspecto, quizá uno de los proyectos fracasados más emblemáticos en los últimos años ha sido Hidroaysén. Si bien la idea tiene más de sesenta años, el megaproyecto de construir cinco represas en la Patagonia estuvo desde 2007, rodeado de una fuerte polémica por el posible daño a la zona. Patagonia Sin Represas, se construyó en un amplificador mundial de las demandas de la comunidad local de la Región de Aysén.

En un hecho histórico, en junio de 2014 el Comité de Ministros decidió por unanimidad revocar los permisos ambientales a esta iniciativa, dejando sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, que había sido otorgada en mayo de 2011 por la Corema de Aysén. La iniciativa suponía una inversión inicial de US$3.200 millones para producir una media anual de 18.430 GW por hora.

Lo interesante que uno de los factores decidores para el rechazo fueron las 2.000 observaciones planteadas por las comunidades locales y grupos ambientalistas. “Las materias que se han abordado y que son parte fundamental en el pronunciamiento del Comité de Ministros tienen que ver básicamente con la inexistencia de un plan de relocalización como medida de compensación para un impacto significativo declarado por el propio titular HidroAysén”, comentó en ese entonces Pablo Badenier, ministro del Medio Ambiente.

Durante los siete años que duró el conflicto, nadie podía desconocer la importante campaña que realizaron varios movimientos ciudadanos, liderados en un principio por Patagonia Sin Represas, que logró reunir más de 80 organizaciones a la causa. Definitivamente, la historia de HidroAysén marcó un antes y un después con respecto a la importancia social de los proyectos. Alto Maipo y Punta Alcalde, son también dos claros ejemplos recientes de cómo la ciudadanía está siendo un factor de mucha influencia en los proyectos energéticos e hidroeléctricos en general. De hecho, el año pasado el Ministerio de Energía creó una unidad especial de diálogo con las comunidades y participación social, que antes no existía.

La experiencia del oro

Otro proyecto emblemático, pero en el área minera, es Pascua Lama, que ha sido sometido a uno de los procesos de aprobación más rigurosos desde que opera la actual institucionalidad ambiental en Chile. La idea del proyecto de extracción de oro en la Región de Atacama, surgió en los noventa, pero en 2001 las autoridades chilenas aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa Barrick Gold. Luego de varios años en que se comenzó a realizar las primeas inversiones, explotó el conflicto entre la compañía y la comunidad, el que se amplificó al resto de Chile y Argentina. En 2013, Barrick tuvo que paralizar la construcción al no conseguir los permisos ambientales y le fue interpuesta una multa de US$ 16 millones.

A lo largo de todo el conflicto, nuevamente la fuerte campaña ciudadana por pararlo fue un pilar de la opisición. Si bien comenzó en comunidades locales, rápidamente se viralizó a nivel internacional.

Esta historia de encuentros y desencuentros logró un cambio en la forma en que esta minera se está relacionado con su comunidad. Actualmente, empleados de la compañía realizan constantes reuniones y encuentros con los habitantes de la zona.

Las intenciones de esta firma, de origen canadiense, es ingresar nuevamente el proyecto al SEIA a mediados de años. Esta vez, con todo lo aprendido, principalmente en cuanto a saber cómo relacionarse con la comunidad.

-¿Qué ha pasado? En los últimos diez años hemos sido testigos de un fuerte factor ciudadano en los grandes proyectos de inversión.

-¿Por qué ha pasado? Básicamente por una población con mayor acceso a la información y debido a las redes sociales, que logran una difusión más rápida y masiva.

-¿Qué consecuencias tiene? Las empresas están comenzando a entender la importancia no sólo de la comunidad, sino también del peso de la sociedad a la hora de pensar en los proyectos de inversión

-¿Cómo afecta sus inversiones? Las compañías están incluyendo proyectos de relaciona-miento y comunicaciones más cercano con su entorno.

-BASE DE DATOS

4.500
Es la altura sobre el nivel del mar que se encuentra ubicado el lugar donde se pretende construir Pascua Lama.

1.000.000 Fueron las visitas que logró en 7 días en Youtube el video “Chao Pescao”, de la campaña “Salvemos Punta de Choros”.

2.000 Es la cantidad de observaciones planteadas por las comunidades locales y grupos ambientalistas al proyecto de Hidroaysén. Este documento habría sido un factor clave a la hora de rechazar el proyecto.