La batalla por la ley de aguas en la Cámara de Diputados

La enmienda al Código de Aguas genera consensos, basados en la certeza de que el déficit hídrico es grave, y conflictos, marcados por la desconfianza que caracteriza el actual debate político. Fuente: La Segunda 18 abril 2015.

Tambores de guerra resuenan desde inicios de abril en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados presidida por Yasna Provoste (DC), que avanza en las modificaciones al Código de Aguas de 1981, cuya normativa dicta las pautas del Estado en la gestión del recurso hasta hoy.

¿Motivo del conflicto?: la derrota, el primer miércoles de este mes, de la propuesta de diputados de la Nueva Mayoría para eliminar el inciso segundo del artículo 56 del citado código, que entrega automáticamente a las mineras derechos de uso sobre las aguas que pudieran encontrar durante sus faenas, sin obligación de informar a la autoridad su localización, ni solicitar su uso temporal, como exige la Ley a los demás sectores productivos.

La iniciativa fue derrotada con los votos de la Alianza sumados al del PPD Jorge Insunza y la abstención del DC Mario Venegas, que generó el empate necesario para rechazar la propuesta.

La presidenta de la Comisión no pudo atender a “La Segunda”, por encontrarse en Atacama, región afectada por el reciente aluvión.

Cristina Girardi (PPI)) —diputada que suscribió la indicación de la discordia junto al PC Daniel Núñez— señala: “Perder esta iniciativa con votos de nuestro propio sector es inexplicable. El pasado 21 de mayo la Presidenta asumió un compromiso: reconocer las aguas como bien nacional de uso público.

Esto sólo es posible modificando radicalmente el Código que hoy entrega en propiedad, a perpetuidad y sin costo alguno para los privados, derechos de aguas para el desarrollo de proyectos productivos —agrícolas o mineros— que muchas veces no se concretan pues, una vez obtenida la concesión, se transan en un mercado especulativo cuya rentabilidad crece en la medida que la sequía asuela el país”, afirma. “En este contexto, derogar el inciso segundo de un artículo que establece una situación de excepcional privilegio, que beneficia fundamentalmente a la gran minería, era un paso previo imprescindible para abrir oportunidad de redactar un nuevo texto legal en esa materia, que funcione en el sentido que requiere el país y comprometió la Presidenta. Ese es el tema votado en contra por mi correligionario Jorge Insunza”, quien explica su voto (ver recuadro).

La diputada Andrea Molina (UDI), que votó contra la cuestionada indicación explica: “El remedio propuesto era peor que la enfermedad. La normativa era aplicable no sólo a las grandes compañías, sino también a los pequeños mineros, que serían los más perjudicados, pues tendrían que solicitar concesiones y competir en un nuevo mercado: las concesiones de uso. Muchos estuvimos dispuestos a realizar una indicación de consenso, la presidenta de la comisión no estuvo por esa opción y la indicación se perdió”.

Perseverar en el error

Desde el Senado, Adriana Muñoz (PPD), presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara Alta, afirma que la votación de los diputados evidencia “las dificultades con que avanzamos para revertir una legislación que despojó al país de un recurso esencial para la vida, dejándolo al arbitrio del mercado. La comisión del Senado trabaja una reforma constitucional que establezca el agua como bien de uso público. De otro modo las reformas aprobadas al Código serán declaradas inconstitucionales y terminarán en el Tribunal Constitucional. Ese debate tampoco está siendo fácil”.

—¿Por qué en 26 años de democracia no se modificó radicalmente la legislación que cuestiona?

—En los primeros 4 años de transición, por temor a tocar el modelo económico impuesto por Pinochet, amparado por leyes de amarre establecidas entre la Concertación y RN previo a que asumiera Patricio Aylwin, las cuales no eran públicas y condicionaron la transición pactada. Asumo las decisiones tomadas en un contexto incierto. Tras ellos, hubo un entrecruce de intereses que evidencian hoy los casos Penta y Soquimich. La debilidad económica de la centroizquierda y la ausencia de una legislación que financie la actividad política llevó a este entrecruce y explica el inmovilismo.

—¿La OCDE establece regulaciones a las que Chile debiera someterse?

—Avanzamos en un estudio comparado con países de la OCDE. Por ejemplo, respecto a la idea de plantas desalinizadoras de agua de mar para afrontar la sequía, la pregunta es ¿qué pasa con el agua de mar cuando se usa como materia prima para la producción de agua de consumo humano, o productivo en la agricultura o minería? Si seguimos entregándola, gratuitamente y a perpetuidad a empresas que cobran a todos los chilenos el costo de procesarla en plantas cuya materia prima proviene de un recurso que pertenece al Estado, perseveramos en el error cometido con el agua dulce. En ciudades como Antofagasta, el 60% del agua de consumo humano proviene de la desalinización. Hoy no existe ninguna regulación que norme en beneficio del Estado el uso comercial del agua de mar.

Al respecto, la diputada Andrea Molina señala: “Con el agua de mar como recurso productivo y de consumo humano, hay un vacío legal que replican las termoeléctricas. Tras usarla para enfriar sus procesos, la devuelven al mar con altas temperaturas, matando la flora y fauna submarina y contaminando el entorno, sin que nadie responda por ello”.

El diputado Insunza señala: “En la reforma en curso, el tema del agua de mar es una materia a incluir en el marco normativo que regulará el uso de los recursos hídricos”.

Especulación y depredación ambiental

Dado que la ley no funciona con efecto retroactivo y la modificación en curso debería culminar en, a lo menos, dos años, a juicio de los entrevistados los derechos ya concedidos son un capital al alza en un mercado especulativo que opera sin control.

“Cuando presidí la Comisión de Aguas de la Cámara de Diputados”, afirma Adriana Muñoz, “junto a Cristina Girardi nos reunimos con comunidades de Calama y San Pedro de Atacama. Ellos denunciaron que aproximadamente el 40% de los derechos de agua de la zona está en manos de especuladores”.

Molina puntualiza: “Uno de los temas a trabajar es reglamentar la extracción de áridos, hoy indiscriminada y sin una fiscalización rigurosa, ya que las municipalidades son juez y parte. Esa explotación afecta protecciones naturales de los caudales que, desprovistos de ellas, se precipitan río abajo y cuando llueve no bajan a las napas subterráneas. Lo grave es que la mayoría de esos áridos los usa el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas”.

Sobre la especulación, Molina afirma: “Debemos legislar mirando al futuro, pero la Contraloría hoy puede fiscalizar. Existen mecanismos legales que tal vez no son perfectos, pero se subutilizan”.

Lo que hay

Según el informe del Banco Mundial “Chile: Diagnóstico de la Gestión de Recursos Hídricos” (2011) existen 43 servicios públicos, 108 funciones y alrededor de 140 programas entre los que distribuyen los recursos vinculados a organismos que tienen competencia en el tema del agua y actúan de forma separada. La diputada Molina y la senadora Muñoz coinciden en que se trata de “verdaderos enclaves dentro de la administración pública, sin interacción entre sí, que duplican funciones en una institucionalidad pública ineficiente e ineficaz para la administración y gestión del recurso hídrico, sobre todo en una situación de sequía como la que vivimos”, según señala Muñoz, quien propone como solución un ministerio que articule recursos y establezca políticas públicas coherentes.

Andrea Molina apuesta por una subsecretaría con los mismos objetivos “porque es más fácil su creación, atendiendo la premura del tema”. Ambas posturas definen las grandes propuestas en debate.

La mirada de la DGA

Por otra parte, la Dirección General de Aguas (DGA) dependiente del MOP disponía, hasta el 2014, de 37 profesionales para ejercer la fiscalización del agua en el país, en tanto el informe del BM establecía 105 profesionales como dotación básica para cumplir eficazmente esas funciones. Carlos Estévez, director de este organismo, señala que en febrero de 2015 esa dotación se incrementó en 50% y parlamentarios solicitaron aumentar el presupuesto de la DGA.

—¿Es suficiente ese incremento de personal para las tareas requeridas?

—Si fuera la única forma prevista, obviamente es insuficiente. Pero la comisión de la Cámara Baja estableció normas vinculantes, que obligan a los usuarios de agua y sus organizaciones a entregar información directa, satelitalmente y vía GPS, quedando sometidos a sanciones si no lo hacen. Adicionalmente —dice— trabajamos con el Ejecutivo una indicación sustitutiva que ingresará de aquí a 60 días, sobre fiscalización y sanciones a quienes infrinjan las normas. Hoy las multas son de 20 UTM, cifra irrisoria para la gran industria minera o agrícola. La indicación del Ejecutivo establece sanciones entre 400 y 800 UTM, redefiniendo el costo de infringir la ley en el sector.

Estévez sostiene que al asumir, en marzo de 2014, la DGA tenía un déficit estructural de recursos humanos, que se arrastraba por 6 años y ascendía aproximadamente a $500 millones, impidiendo cualquier contratación. “Este año aquello se solucionó y contratamos a 28 profesionales en un plan de contratación de igual cantidad de profesionales durante cuatro años”, ante la recomendación del BM.

—¿La cuestionada legislación vigente se ha mantenido por error o por colusión de intereses?

—La normativo y marco legal actuales son insuficientes, y pensar que aquello ha sido sólo fruto de errores elude temas de fondo. El diagnóstico del BM es taxativo, carecemos de una institucionalidad eficiente en un tema crítico y el Ejecutivo trabaja para corregir aquello, teniendo clara su facultad de poner urgencia a los proyectos de ley, definiendo así el proceso legislativo. La voluntad es dejar este tema resuelto antes de que termine el actual mandato.

Insunza (PPD)

Rechacé una indicación mal redactada

— En un clima de desconfianzas, su voto contra una indicación de la Nueva Mayoría generó suspicacias.

— No me haré cargo de ellas. Homologar los fundamentos de mi voto a los de la derecha es error o mala intención. Antes de votar en contra, solicité en el debate mejorar la redacción de la indicación presentada, en el sentido de que la gran minería informe las aguas que descubre, verificar si corresponden o no a un cauce subterráneo, para no afectar esos acuíferos o cómo se relacionan esas aguas con toda la cuenca y, a partir de ello, que la DGA determinara su uso. Mi intención es proteger a la pequeña minería y la indicación mezcló la gran minería con la mediana y la pequeña, perjudicando a pequeños mineros y pirquineros. Presentaré una indicación en ese sentido en la próxima sesión de la Comisión.