Actual temporada de incendios sería la peor de la historia

El 80% de los siniestros que afectan a los forestadores socios de CORMA es intencional, según la entidad gremial. Fuente: Sustentare 09 abril 2015.


En los últimos 10 años, la intencionalidad de los incendios forestales ha aumentado desde un 30% a un 80% en las empresas asociadas. Así lo dio a conocer Fernando Raga, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, quien hizo un llamado urgente a las autoridades a perseguir a los autores de estos delitos y a la población a denunciar a las personas que incendian los bosques.

Raga explicó que esta temporada se ha convertido en la “peor de la historia para los forestadores”, ya que a la fecha se han quemado 20.000 hectáreas de las empresas socias, un 37% más que a igual fecha del año pasado. La cifra contrasta con la de los últimos 15 años en que la superficie afectada por los siniestros llegaba a alrededor de 7 mil hectáreas promedio.

El ejecutivo informó que el número de incendios dentro de las empresas también ha aumentado en la última temporada, llegando a los 3.700 a la fecha, con un incremento de un 26%.

Esta situación, indicó el líder gremial, provoca pérdidas por US$ 50 millones de dólares al año en promedio a la industria, pero que han aumentado a alrededor de US$70 millones en la actual temporada, así como daños incalculables desde el punto de vista medioambiental y social.

Respecto de las cifras de incendios totales en el país que entrega Conaf, el ejecutivo señaló que se han quemado un total de 100,5 mil hectáreas a la fecha, similar al total de la temporada anterior que llegó a 106 mil hectáreas. Sin embargo, señaló, “estas cifras prácticamente duplican al promedio de la década que es de 55 mil hectáreas”.

Asimismo, indicó que si bien condiciones climáticas han acentuado los riesgos de incendios forestales, como la sequía, altas temperaturas y vientos, se ha ido observando un preocupante aumento de la intencionalidad, afectando en mayor medida a las regiones del Maule, Biobío y Araucanía.

En este sentido, Fernando Raga explicó que es muy importante que la sociedad se dé cuenta de la gravedad de estos hechos. Agregó que: “Quien origina un incendio intencional inicia un evento destructivo cuyo impacto y magnitud pueden escapar de todo control, afectando no sólo bosques cultivados, sino bosques nativos, pastizales, flora, fauna silvestre, animales de granja y domésticos, instalaciones, casas e incluso vidas humanas; destruyendo fuentes de trabajo y causando un enorme daño local y regional, además de gigantescas emisiones de carbono a la atmósfera”.

El dirigente planteó además que: “No basta con tener una legislación que condene con penas de cárcel o se apliquen fuertes multas, si finalmente no se imputa a nadie, el mecanismo probatorio es inoperante y no hay quienes estén dispuestos a acusar a aquellos que atacan el trabajo y el sustento de miles de familias. Es una institucionalidad que no está funcionando eficazmente”.

Asimismo explicó que es de enorme gravedad el delito de obstaculizar con uso de violencia la labor de las brigadas y aviones de combate, lo que lamentablemente se observa con creciente frecuencia. “Impedir el combate de incendios debiera merecer las mismas penas o incluso mayores que producir un incendio, ya que es un acto de destrucción pura. Estas acciones se han venido efectuando también en total impunidad”, señaló.

Por ello hizo un llamado a la comunidad a tener una actitud cada vez más “consciente, responsable y vigilante” para descubrir a los responsables de estos delitos y que se sancionen. También pidió a las autoridades que persigan a los autores de incendios forestales y apliquen el máximo rigor de la ley.

Raga explicó que para hacer frente a los incendios, las principales empresas forestales invierten alrededor de US$ 50 millones al año para proteger sus 1,4 millones de hectáreas de plantaciones, aunque el 70% de los combates se hacen en terrenos de terceros, principalmente pequeños propietarios ubicados en los alrededores, en un trabajo coordinado que se realiza desde hace más de 25 años y en el que participan las instituciones públicas encargadas de la protección forestal en el país.

Para esta labor cuentan con alrededor de 1.800 personas encargadas de la prevención y control de los incendios forestales, así como con 20 helicópteros, 15 aviones, 25 bases de carguío, 129 brigadas y 204 torres de observación, distribuidas entre las regiones del Maule a Los Lagos.

Por su parte Conaf dispone de un presupuesto de US$32 millones para cubrir 30 millones de hectáreas en todo el país. “Es decir –indicó Fernando Raga– las empresas disponen de US$16,6 dólares por hectárea, mientras que el Estado cuenta con US$1,1 por hectárea, lo que consideramos que es insuficiente para cautelar el patrimonio silvestre del país, y para cumplir el rol subsidiario del Estado de protección de miles de forestadores y agricultores medianos y pequeños. Al respecto detalló que: “Las brigadas de Conaf, por ejemplo, tienen pocos sistemas de turnos, por lo que a menudo se retiran del combate al atardecer, perdiendo la oportunidad de contener los incendios en las horas más propicias, y ceden tiempo precioso al siniestro para que se extienda”.

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