Asociatividad: El proyecto que más complica al ministro Pacheco

[ATRASADO] Ese es el estado en que se encuentra hoy el proyecto de Asociatividad, cuyo envío al Congreso fue comprometido para fines del año pasado. Fuente: La Tercera 04 de abril 2015.


No hay acuerdo entre gobierno, privados y comunidades en la fórmula de compensación. Por ello, para avanzar se ha ido desmembrando.

En noviembre de 2014, en el marco de la puesta en marcha oficial del parque eólico Los Cururos de la colombiana EPM, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que a fines de ese año el gobierno enviaría al Congreso el proyecto de ley de Asociatividad. La iniciativa tiene como norte compartir el beneficio corporativo que puede tener un proyecto eléctrico con la comunidad donde se emplaza. La idea apunta a evitar su rechazo por parte de los vecinos que pudiesen verse afectados evitando la judicialización, que hoy mantiene detenidas varias obras. Sin embargo, a la fecha el proyecto no llega a Valparaíso y no está claro cuándo lo hará.

En la industria atribuyen la demora a que gobierno, empresarios y comunidades no llegan a acuerdo sobre la fórmula que se usará. Una señal en ese sentido, indican en la industria, se observó con la decisión del Ejecutivo de comenzar a desmembrar el proyecto de Asociatividad. Hace algunas semanas el ministro de Energía, Máximo Pacheco, anunció que en este semestre ingresaría al Congreso el proyecto de equidad tarifaria, uno de los tres pilares de la Asociatividad.

Dicha propuesta normativa busca que las cuentas de la luz tengan un mismo nivel a lo largo del país. El secretario de Estado explicó que la tarificación fue separada de la Asociatividad para facilitar su tramitación. “La idea de entrar con el proyecto tarifario es porque nos hemos dado cuenta de que la Asociatividad necesita un poco más de tiempo para ser discutida con todos los actores. El tener tantos elementos, la complejizaba y alargaba la discusión”, reconoció a mediados de marzo.

Nuevo desmembramiento

La separación del pilar de la tarificación del proyecto de Asociatividad no sería la única. Fuentes de gobierno comentaron que el segundo pilar, el pago de patentes en las zonas en las que se emplazan las centrales de generación eléctrica, ya habría sido absorbido por el proyecto de Rentas Municipales que encabeza la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Añadieron que de esta forma, esa parte de la Asociatividad, que buscaba poner freno al pago de patentes en las ciudades donde se ubican las matrices de las empresas, estaría alineada con los esfuerzos de descentralización que impulsa el Ejecutivo.

Pese a lo anterior, la cartera de Energía no daría un paso al lado por completo, ya que aportaría con la entrega de un informe consolidado (que ya estaría elaborando) con toda la información de las empresas relativa a las localidades donde, actualmente, pagan sus patentes. Energía también estaría realizando conversaciones con las compañías para que avancen, desde el sector eléctrico, en la descentralización y seguiría dialogando con comunidades y los privados para determinar cómo aplicar la asociatividad y el desarrollo comunal, único pilar que quedaría del proyecto original.

Visiones

Así las cosas, las visiones sobre el futuro de la Asociatividad son disímiles. Los menos optimistas ven difícil que la iniciativa ingrese al Congreso este año, mientras que en el Ejecutivo aseguran que sí se cumplirá el objetivo. A la fecha el gobierno cuenta con un borrador donde se considerarían tres alternativas para financiar la Asociatividad, que no estarían siendo apoyadas por el mundo privado. Así, se evalúa entre las opciones usar como indicador un porcentaje de las utilidades. Otra alternativa es considerar un porcentaje de las ventas y, en tercer lugar, aplicar un royalty por megawatt de capacidad instalada o por gigawatt hora de generación. Desde una de las generadoras presentes en el país, miran con recelo estas propuestas y en especial el cobro de un royalty. Eso, puesto que el gobierno ya ejecutó la Reforma Tributaria.

También señalan que dentro de lo que se ha conversado hasta la fecha, aún no queda claro cuál será el límite de acción del Ministerio de Energía en caso de que no se logren acuerdos entre las empresas y las comunidades, ya que otras carteras como Medio Ambiente o Hacienda también podrían intervenir. Una fuente gremial, en tanto, dice que el considerar como indicador a las ventas netas implicaría problemas que podrían arriesgar el desarrollo de proyectos, ya que esta fórmula implicaría un pago a todo evento, con o sin ganancias.

“Generaría incertidumbre e incluso puede paralizar inversiones”, advierte. Otro de los temores se relaciona con cómo podría replicarse la Asociatividad al resto de los sectores productivos del país en el futuro. “Si se deja que las hidroeléctricas dejen parte de sus ventas en beneficio de la zona en que se instalan, después van a pedir lo mismo a quien decida abrir una fábrica”, dice una fuente cercana a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien también acusa que el debate genera inquietud, ya que podría sumarse “al mundo de las etnias”.

Un grupo de ONG, como Chile Sustentable, Greenpeace y el Observatorio Ciudadano, entregaron un documento a las autoridades en el que acusan que el proyecto de Asocitatividad no aborda realmente un proceso asociativo entre empresas y comunidades, obedeciendo más bien a un nuevo formato para compensaciones monetarias de los inversionistas a las comunidades locales.

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