Entre el barro y el fuego, hoy más que nunca ley de pasivos ambientales para Chile
Columna de opinión de Javiera Vallejo, periodista de Fundación Terram, publicada en El Mostrador el 13 abril 2015.
Es lamentable que cada vez que hay un evento natural más o menos inesperado, desde el mundo ambiental debamos denunciar que las consecuencias trágicas de éste no están dadas solamente por la eventualidad del hecho. Es lamentable tener que señalar que se debe a la falta de una política pública de mediano y largo plazo que se haga cargo de hacer efectivos los derechos de las personas garantizados tanto constitucionalmente como por tratados internacionales. Denunciar que, por el contrario, en nuestro país existe una clara opción política de no regular, no ordenar y no resguardar, lo cual ha favorecido a una minoría empresarial oportunista. Opción, que cuando ocurre la catástrofe, pasa inadvertida ante tanto drama y se camufla bajo el aparato mediático que responsabiliza a la ciudadanía en general como mano de obra para la solución del problema.
Más allá de las conductas individuales que tenga cada habitante de nuestro país, para reducir la contaminación, minimizar la producción de desechos, bajar su consumo de agua o luz, entre otras conductas, existen responsabilidades compartidas pero diferenciadas, es decir, no todos somos igualmente responsables, tal como lo señala la convención marco sobre Cambio Climático. En este caso, el Estado neoliberal en el cual habitamos y convivimos es el gran responsable de que cada vez que hay un evento natural, como las fuertes lluvias en el norte de nuestro país, las consecuencias para las comunidades humanas, sean sumamente graves.
Es necesario pensar un sistema que determine cómo el Estado y las empresas se hacen cargo de los pasivos ambientales que existen y existirán. No es posible que cada vez que un evento natural azota nuestro territorio improvisemos en cómo hacernos cargo del desastre ambiental o, incluso, muchas veces, lo neguemos a pesar del peligro que corren miles de personas por ello.
Hace cinco años, vimos los terribles efectos de la falta de política pública ante el terremoto que afectó a nuestro país. Falta de una institución con capacidades humanas y económicas para hacer frente a tales eventos, que implicó la casi inexistencia de planes de emergencia para socorrer a quienes se enfrentaron a un terremoto y posterior maremoto, a la falta de vivienda, agua y alimentos, además de la poca capacidad de asistencia médica y, por otro lado, servicios públicos que poco pudieron hacer ante las consecuencias que el movimiento telúrico tuvo en las múltiples industrias de alto riesgo como celulosas, relaves mineros, represas y termoeléctricas. Un Estado debilitado en su rol público, sin capacidad de resguardar a la población y con mirada a largo plazo implicó para ese entonces que una familia completa muriera aplastada por el derrumbe de un relave minero en Pencahue. ¿Esto por qué? Porque no existía señalización alguna de este para las familias que decidieron vivir en terrenos colindantes, como tampoco existía fiscalización de él, que, a pesar de encontrarse inactivo, significaba un riesgo inminente para la vida de las personas. Hoy, ante lo que sucede en el norte de nuestro país, volvemos a tener una gran preocupación respecto a estos depósitos de desechos tóxicos de la actividad minera. ¿Qué pasó con ellos? ¿En qué estado se encuentran? ¿Los desechos tóxicos provenientes de relaves contaminaron poblados? ¿Qué pasó con los mineraloductos y otras instalaciones de las faenas mineras? La realidad es que ha pasado más de una semana y no existe información pública y confiable al respecto.
Vivimos en un país extractivista, que basa su economía en la extracción de recursos naturales, en el cual una de sus principales actividades económicas es la gran minería del cobre, pero que posee extracción minera de diverso tipo en todo el territorio. Esto tiene una implicancia importante a nivel ambiental, además de la contaminación obvia del proceso de extracción mismo y la destrucción del patrimonio natural, incluyendo glaciares, junto al consumo y contaminación de agua, y es que los desechos de esta actividad se encuentran en grandes piscinas de tóxicos desplegadas por nuestro país. Según el Sernageomin en un informe del presente año, los relaves mineros ascenderían a más de 600, de los cuales existen más de 140 que se encuentran sin información respecto a si están activos o no, o bien qué es lo que contienen. A pesar de la realidad nacional minera, sumada a la forestal y energética que también generan grandes impactos territoriales y ambientales, nuestro país no cuenta con una ley de pasivos ambientales acorde.
La creciente ocupación del territorio ha tenido como consecuencia el hecho de que dejó de ser soportable la convivencia entre las comunidades y las empresas, el impacto y daño que estas últimas generan en ellas y en el territorio ha comenzado a tener cada vez mayor cuestionamiento y oposición, así como también mayor visibilidad de los perjuicios causados. Las personas y organizaciones de la sociedad civil cada vez con más premura han indicado que, detrás del desastre causado por un evento, sea natural (aumento de lluvia) o humano (incendio forestal), existen factores relevantes en sus impactos que provienen de la falta de políticas públicas eficaces en materia ambiental. Así al día siguiente del aluvión en el norte de nuestro país la ciudadanía consultaba públicamente a las autoridades sobre qué estaba sucediendo con los relaves mineros y así también reaccionaban los habitantes de las zonas afectadas por incendios forestales, apuntando a la falta de capacidades de la autoridad frente a ellos, como la falta de regulación y fiscalización del desarrollo forestal y agrícola que ha aumentado la sequía de los territorios.
Es urgente y necesario pensar en una legislación que aborde el tema de los pasivos ambientales, tanto de aquellas faenas ya cerradas, de las empresas que ya no existen, de las que están operando y de las faenas que comenzarán. Es necesario pensar un sistema que determine cómo el Estado y las empresas se hacen cargo de los pasivos ambientales que existen y existirán. No es posible que cada vez que un evento natural azota nuestro territorio improvisemos en cómo hacernos cargo del desastre ambiental o, incluso, muchas veces, lo neguemos a pesar del peligro que corren miles de personas por ello.