Expertos cuestionan que proyecto sobre glaciares del Gobierno permita su real protección

Abogados Juan Carlos Urquidi y Jorge Bermúdez cuestionaron que la propuesta no sea de protección general, como indicaba la moción original de los parlamentarios, sino que apunte a evaluar su destino caso a caso, tal como ocurre actualmente. Fuente: Divisadero Aysén 25 abril 2015.


Con el pie izquierdo para el Ejecutivo partió en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados el periodo de audiencias públicas para escuchar la opinión de distintos sectores sobre el texto que ingresó el gobierno a fines de marzo, en reemplazo del proyecto para preservar los glaciares que presentó la Bancada Glaciar el 20 de mayo de 2014.  La comisión acordó un plazo de tres semanas de audiencias antes de iniciar la votación. El pasado 15 de abril los diputados iniciaron el análisis del texto del Ejecutivo, para lo cual escucharon a dos expertos en derecho ambiental, Juan Carlos Urquidi y Jorge Bermúdez, quienes plantearon sus dudas de que la propuesta permita, efectivamente, proteger los glaciares.

Urquidi, director del área legal de SustentaRSE, aunque destacó la intención positiva de proteger los glaciares, expresó que “el punto relevante es poder hacer que esta ley aterrice, que tenga efectos prácticos de protección y no que sea una declaración de principios de buena voluntad”.  En su opinión, el problema radica en que la posibilidad de declarar algunos como “reserva glaciar” para protegerlos, dependerá de la voluntad del gobierno de turno, ya que el texto propone solo una facultad y no una obligación de declaratoria. A esto se agrega que esta atribución viene sin financiamiento para poder ejercerla.

En este sentido agregó que el ideal es que el “peso de la prueba” no esté en la protección sino en la desafectación.  Es decir, que todos los glaciares sean protegidos y que para intervenir excepcionalmente alguno se deban presentar estudios que justifiquen levantar dicha salvaguarda a través de un trámite transparente y específico.  Urquidi explicó que el proyecto del Ejecutivo, en cambio, opera al revés: los estudios son requeridos para declarar “reserva glaciar” caso a caso, lo cual se haría a costo del Estado.  Y como no hay recursos pasarían años antes de que los glaciares fueran protegidos.

El experto concluyó respaldando la propuesta de organizaciones ciudadanas y diputados con respecto a que lo mejor sería proteger todos los glaciares como “reserva” o incluso declarándolos como “monumentos naturales”.  Esto último los dejaría bajo el amparo de la Convención de Washington.

Jorge Bermúdez, autor del libro Fundamentos de Derecho Ambiental, indicó a su vez que el Estado debe hacer una primera definición sobre qué son los glaciares, y sobre ella establecer el tipo de gestión y qué organismo la impulsará.  “Si se considerara que son solo agua en estado sólido es correcto que sea la Dirección General de Aguas (como lo propone el Ejecutivo)”.  Pero al contrario, si se establece que los glaciares son proveedores  de servicios ecosistémicos, es decir, que son más que agua en estado sólido, es otra la figura.  Si se asume “que su función se relaciona con el cambio climático y que pueden aportar a desafíos estratégicos que enfrentará el país para la subsistencia de su propia población, cambia el eje y debiera ser el Ministerio del Medio Ambiente quien esté a cargo, con intervención de un organismo que aún no existe que es el Servicio de Biodiversidad”.  Esto más aún porque la DGA “tiene una visión  productivista y economicista del recurso hídrico, que esa no es la concepción  que se debiera  tener sobre los glaciares”.

La discusión sobre la normativa propuesta por el gobierno continuó el miércoles, audiencia a la que fueron invitados a exponer la directora del programa Chile Sustentable Sara Larraín, la directora  de Fundación Terram Flavia Liberona y el director de Greenpeace Chile Matías Asún.

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