Rodrigo Mundaca de Modatima: “La reforma al Código de Aguas de Bachelet es una mierda”

Entrevista al Secretario del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima). Fuente: El Ciudadano 26 abril 2015.


Caminamos por las calles de Cabildo observando cerros de secano transformados en vergeles y suelos destinados a la producción de paltas donde el recurso hídrico no falta. “Esta situación nos desborda – dice el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, secretario del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) – nos desborda que el día no tenga 48 horas, nos desborda la impunidad, la inconsecuencia y la colusión.”

Por sexto año consecutivo la provincia de Petorca es declarada el epicentro de una emergencia hídrica. Las autoridades hablan de sequía y lo correcto es hablar de escasez: una privación del acceso al agua que corre para las mayorías pero no para un selecto grupo de codiciosos personajes vinculados al mundo político que se han visto favorecidos por el voraz sistema de lucro instalado en dictadura y luego perpetuado durante los gobiernos de la Concertación.

Ese es el diagnóstico que hacemos junto al ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa por el Derecho al Agua y la Protección del Medioambiente (Modatima), mientras caminamos por las calles de Cabildo observando cerros de secano transformados en vergeles y suelos destinados a la producción de paltas donde el recurso hídrico no falta. Una vergonzosa e injusta asimetría en la Región de Valparaíso.

¿Por qué podemos decir que el derecho humano del agua solamente lo goza una pequeña élite en Petorca?

Hace muchos años que esta zona es considerada el epicentro nacional del robo de agua. En los 90 llegó una pléyade de conspicuos políticos y empresarios que compraron suelos de cerro a precio de huevo. Aunque el río Petorca se declaró agotado en 1997 y el rio La Ligua en 2004, pudieron conseguir derechos de aprovechamiento de agua estando las cuencas agotadas. Estos sujetos que se dedican a la producción y exportación de paltas, como Edmundo Pérez Yoma, Eduardo Cerda, Osvaldo Junemann, Alberto Piwonka, Juan Ruíz-Tagle e Ignacio Álamos, aplicaron la tesis maquiavélica de que el fin justifica los medios. En este caso, agua a cualquier precio. No trepidaron en cometer una serie de tropelías para extraer agua subterránea de manera impropia, drenes, obras de ingeniería construídas bajo tierra, construcción pozos y corrridas de cerco para apropiarse de las cajas de los ríos. Estas situaciones están latamente informadas. Hay informes técnicos desde el año 2011 que dan cuenta de que esta pléyade usurpa agua.

¿Cómo se explica que hayan extendido permisos provisionales de agua sobre cuencas agotadas?

Bueno, es la DGA la que tiene la prerrogativa de conceder derechos de aprovechamiento de agua cuando existe la disponibilidad del recurso y no se afecta la vida de terceros. Sin embargo, desde 2010 en adelante, sabemoss que en la Provincia de Petorca no existe disponibilidad de agua y hay gente que ha tenido que defecar en bolsas de plástico y bañarse por presas. Acá está absolutamente naturalizado que la provisión de agua se haga a través de camiones aljibe, lo que atenta contra un principio de consumo humano esencial, porque finalmente, una población privada de agua más de siete días, muere. Eso habla de una indiferencia generalizada.

¿Cuándo se empezó a gestar una consciencia local sobre este problema?

Modatima lo organizamos en 2010. Nació como una organización de resistencia ante un delito que es feroz como la usurpación de agua. Nuestras primeras acciones consistieron básicamente en tomas de carreteras, funas y denuncias, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que teníamos que traspasar las fronteras de Petorca y pasar a ser desde una organización de resistencia, a una de construcción de poder popular. En ese minuto definimos una estrategia que tenía que ver con la visibilidad de nuestra lucha, con la parlamentarización del debate y con la movilización permanente. La visibilidad la hacemos todos los días, porque estamos presentes en los espacios académicos y en la calle. Para nosotros el parlamento es el palacio de la hipocresía. Creemos que hoy ha quedado en evidencia que es el corazón financiero y político del país, donde se fraguan todos los negocios que han transformado a Chile en el lugar más desigual del mundo. Sin embargo, a ese parlamento hemos concurrido no en pocas ocasiones.

¿Cuál ha sido su intervención en esa instancia?

El 20 de abril de 2011, después de nuestra primera toma de carretera, concurrimos con 500 pequeños agricultores de Petorca al hemiciclo porque se dio una conversación inédita sobre reformas al Código de Aguas. Todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo en que el Código, formulado en dictadura, tenía que ser modificado. A propósito de nuestra presencia formaron una comisión investigadora a la que concurrimos en dos ocasiones. Ahí se ventilaron los casos de Freirina, Huasco, y las situaciones de Melipilla y el Cajón del Maipo, todas ellas vinculadas con prácticas impropias de acaparamiento. Dimos los nombres y apellidos de quienes usurpaban agua, pero la verdad es que no ha habido ningún avance sustancial.

¿Se cumplió lo anunciado por Bachelet en su cuenta pública de 2014, cuando dijo que el agua volvería a ser un bien público?

Absolutamente no. Nosotros vimos cuando los ministros Ximena Rincón y Alberto Undurraga le pidieron a la Comisión de Recursos Hídricos que postergaran la votación de esa iniciativa de modificaciones al Código de Aguas, porque el gobierno quería incorporar indicaciones complementarias. La Comisión les dio 60 días para introducir las observaciones, pero el gobierno se demoró más de 100. En octubre de 2014, el gobierno entregó una indicación sustitutiva que echó por tierra todo lo que se había discutido. La verdad es que esa indicación que incorporó Bachelet es una mierda, porque en la práctica lo que hace es perpetuar el mercado de lucro, usura y exclusión que existe con el agua. Preserva el Artículo 56 del Código de Aguas, lo que significa que una empresa minera que utiliza agua en sus yacimientos no tiene la obligación de declararla, ni pedir el derecho de aprovechamiento a la DGA, por tanto privilegia a un sector que ya es privilegiado en el país. El proyecto de ley de esta eufemísticamente mal denominada Nueva Mayoría perpetúa el modelo incubado en dictadura.

Si pensáramos que todos estos casos a lo largo del país son síntomas de un tumor, ¿dónde dirías que está alojado?

Lo que pasa es que ha habido una conducta impropia, inmoral e inhumana en materia de aguas que no solamente es responsabilidad de la dictadura, sino de la Concertación. Yo creo que el conflicto está ahí. No hay que olvidar que durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, en 1997, se privatizaron las empresas sanitarias, teniendo hoy a todos los ciudadanos del país pagando las tarifas más altas por agua potable de América Latina. Frei y Menem firmaron el Tratado Binacional Minero que entregó las nacientes de nuestras cuencas a la gran minería. Hoy, las comunidades del norte se enfrentan con la megaminería química a cielo abierto por agua, las del centro con la agroindustria, las del sur con las hidroeléctricas y las forestales por lo mismo. No puede ser posible que una minera como Los Pelambres del Grupo Luksic corte el flujo natural del estero del Pupío y contamine con arsénico, plomo y metales pesados el agua de bebida de la población.

¿Piensas que hay un desacato de Luksic hacia el Poder Judicial? Considerando la resolución que ordenó demoler el tranque de Pelambres y tomando en cuenta que tenemos a una ministra como Aurora Williams que declara que no será factible esa demolición…

Yo quiero decir con todo rigor que en el gobierno de Bachelet hay una colusión feroz entre la política y los grandes empresarios. Creo que hoy la política se encuentra colonizada por el dinero. No son pocos los ministros que fueron empleados de Luksic, en particular la ministra de Minería. Es una situación absolutamente vergonzosa. Nosotros a propósito del “Nueragate” y del “Pentagate”, escribimos un texto que titulamos “Aguagate”. Hoy todo el mundo se escandaliza por boletas ideológicamente falsas de parlamentarios y porque las empresas Penta ganan retribuciones del SII. Todos se escandalizan porque el hijo de Bachelet hace uso de sus malas influencias para especular inmobiliariamente. Pero yo diría que hay un caso que es tanto más violento y feroz que aquello, como el negocio del agua. Chile es el único país del mundo que tiene privatizada las fuentes y gestión de sus aguas.

Hay un informe del Instituto de Derechos Humanos que ratifica las denuncias de usurpación de Petorca, ¿no?

Claro, en 2013 establecimos una relación de trabajo con el INDH. En diciembre de ese año, el Instituto incorporó el tema del agua y puso nuestra provincia como el ejemplo más paradigmático en materia de violación del derecho humano al agua. En 2014 le pedimos a Lorena Fríes que hiciera una misión de observación para constatar todo in situ. El informe concluyó señalando que la sequía en Petorca estaba asociada al uso intensivo e irracional de empresas mineras y agrícolas de la provincia. También afirma que la institucionalidad hídrica en el país no es capaz de frenar el robo.

Tengo entendido que el doctor Andrei Tchernitchin practicó una serie de análisis…

Bueno, este es un profesional muy reputado. Es presidente del capítulo de medioambiente del Colegio Médico de Chile. Los resultados del análisis del Dr. Tchernitchin sostienen que las aguas de consumo de las poblaciones de Cabildo y La Ligua se encuentran contaminadas tres veces por sobre la norma de nitritos. Hasta ahora ninguna autoridad se hace responsable por lo que ese informe señala. Nadie toma la decisión de cerrar los drenes en Petorca o terminar con la contaminación.

¿Crees entonces que hay una responsabilidad compartida entre los particulares y el Estado?

Yo creo que hay un Estado absolutamente obsecuente en esta materia. El problema medioambiental más importante es la lucha por el agua, por la vida. Porque finalmente es una defensa de la vida. Como dije, acá hay una pléyade de políticos y empresarios coludidos, fuertemente conectados con centros neurálgicos del poder, que han comprometido la vida de las mayorías sencillas de la provincia. En Petorca hay más de 3 mil mujeres viviendo solas porque sus compañeros, parejas y esposos debieron migrar para buscar nuevos horizontes laborales ante la falta de agua.

En esta lucha que has dado también has sido objeto de amedrentamientos. ¿Qué nos puedes contar sobre las querellas por injurias y calumnias que presentó en tu contra el ex ministro del Interior de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma?

En general no hablo mucho de mi situación judicial. Lo haré esta vez porque El Ciudadano ha tenido la deferencia de estar muy preocupado por la situación de las aguas. La verdad es que entre julio de 2012 y agosto de 2014 fui llevado 22 veces a cuatro tribunales distintos. En La Ligua enfrenté juicio por un discurso pronunciado durante el Día Mundial del Agua en la Plaza Chile de Cabildo, hablando sobre esta problemática e indicando con nombre y apellido a los responsables de la usurpación. En Quillota me abrieron juicio por unas declaraciones que di al periódico “Impacto” y en Santiago por una entrevista con Tomás Mosciatti.

Después otro en Concepción por comentar un reportaje del programa “En La Mira” en Radio Biobío. No en pocas ocasiones coincidió una citación judicial en la mañana y otra en la tarde. De los cuatro juicios, finalmente los abogados Puga y Ortiz, que representan los intereses comerciales de Pérez Yoma y también patrocinan al cura Karadima, se desistieron de tres. Sin embargo, hubo una condena en La Ligua. Los testigos de Pérez Yoma dijeron haber visto un discurso mío pronunciado en una plaza pública, pero nunca aportaron el video como medio de prueba y el juez me condenó de oídas.

¿Esto lo ves como un atentado a tu libertad de expresión?

Absolutamente. Es más, de forma responsable puedo decir que hubo una jueza, Jeanette Roco, que se inhabilitó en la causa de La Ligua porque en marzo del 2013 había sancionado a Agrícola Cóndor de Pérez Yoma por violaciones sucesivas al Código de Aguas. El otro juez que asumió me condenó sólo escuchando a los testigos. Uno era Rodrigo Weisner, director nacional de la DGA durante el primer gobierno de Bachelet y hoy abogado de Pérez Yoma. Mis defensores José Luis Farías y Rodrigo Román, a los que agradezco porque me defendieron de forma absolutamente gratuita comprometidos con la causa, apelaron a mi condena pero no hubo caso.

En noviembre me conmutaron los 61 días de cárcel por una firma mensual, la que debo cumplir hasta octubre de 2015. Nos fijaron una multa de 140 mil pesos que solidariamente muchos movimientos pagaron junto a nosotros con monedas de a peso. Ahora que puedo, quiero decir que el proceso de criminalización y las agresiones de las que hemos sido objeto, golpizas, represión y allanamientos en nuestras oficinas, dan cuenta de que aquí se han violado derechos esenciales: mi derecho a la libertad de expresión y el derecho de muchos hombres y mujeres a ejercer defenderse ante un delito que es feroz como el robo de agua. No tenemos alma de mártires ni nada que se le parezca, somos gente de a pie. Ha sido una lucha dura, no exenta de dificultades e incomprensiones.

En tu convicción de dirigente social, ¿piensas que has cruzado el punto de no retorno?

La verdad es que la gente nos empezó a invitar a hablar sobre el agua, sobre nuestra larga batalla en Petorca y hemos recorrido el país. Digo con mucha modestia que hemos tenido una exposición inmerecida, porque hay otros que también han luchado denodadamente por visibilizar este conflicto. Con Pascualama, con Alto Maipo. En el Cajón del Maipo también luchan contra un proyecto criminal que de materializarse va a comprometer la provisión de agua potable de 7 millones de capitalinos y el regadío de más de 150 hectáreas de cultivo. Vemos cómo el país se seca, cómo la vida de hombres y mujeres sencillos se pauperiza. Esta situación nos desborda, y cuando digo eso, nos desborda no poder luchar más y no tener más tiempo para dedicarlo a esto. Nos desborda que el día no tenga 48 horas. Nos desborda la impunidad, la inconsecuencia y la colusión. No es fácil. Creo que hoy logramos romper el cerco comunicacional. En este minuto, la lucha por el agua está instalada. Hay que recuperar la propiedad colectiva y la gestión comunitaria del agua.

¿Se debe nacionalizar el agua?

Creemos que hay un paso previo. El agua debe ser recuperada y eso lo deben hacer las comunidades en los territorios. Yo diría que hay dos experiencias bastante simbólicas en América Latina. Hay una experiencia institucional en Uruguay en 2004, un referéndum vinculante donde más del 65% de la población votó por hacer del agua un bien público. En Bolivia en 2000 hubo otra experiencia de masa, en donde los hombres y mujeres valientes de Cochabamba salieron a las calles para expulsar a las transnacionales que lucraban con un bien esencial. Yo creo que nosotros, los chilenos, las comunidades indígenas, el Wallmapu, el pueblo aimara, sufrimos las feroces consecuencias de un modelo extractivista que no toma en cuenta la preservación de la vida. En Putre, los aimaras están siendo privados de agua. En Pitrufquen comprometerán la provisión de agua potable de 6 mil a 7 mil mapuche por una hidroeléctrica. La CONADI se ha ufanado de devolver cientos de hectáreas a los mapuche, pero las han devuelto sin agua.

Tú dices que pagar una multa es una especie de cargo fijo para los que usurpan agua.

Es que piensa lo siguiente. Yo fui condenado por haber imputado un delito a Pérez Yoma en circunstancias de que robar agua sólo es una falta administrativa que se penaliza con 20 UTM en este país. Ese es el castigo de dañar el ecosistema y la soberanía alimentaria y territorial. Nos encontramos, además, con un Estado obsecuente. En agosto de 2014 interpelamos al ministro Alberto Undurraga, señalándole que el problema no tenía que ver con más o menos recursos, sino con el robo de agua. Undurraga dijo que a nivel nacional sólo había 19 fiscalizadores para prevenir esta situación. En resumidas cuentas, si la institucionalidad es incapaz de parar el robo, y si carece de facultades, competencia y personal para frenarlo, ¿quién lo resuelve?

¿Las comunidades?

Yo estoy seguro de que si lo tenemos que resolver las comunidades, la forma en que lo haremos no le va a gustar a la institucionalidad, ni a la clase política, ni a los empresarios del Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Agricultura.

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