Protección de los Glaciares

Una revisión de los principales aspectos y discrepancias en torno al proyecto de ley que se tramita en el Congreso para resguardar estas importantes reservas hídricas. Fuente: Revista Induambiente N° 133 2015.


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Proteger y conservar los glaciares ubicados en el territorio nacional, reconocerlos como parte del patrimonio ambiental de Chile, y valorar su importancia como reservas de agua dulce y como proveedores de servicios para diversos ecosistemas. Esos son los principales objetivos planteados en el proyecto de ley sobre protección de glaciares que hoy se tramita en el Congreso, luego que a comienzos de marzo el Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, presentara a la Cámara de Diputados la indicación sustitutiva del Gobierno a la moción parlamentaria sobre esta materia.

El contenido de las indicaciones fue acordado con diputados y senadores de las comisiones de Medio Ambiente de ambas cámaras, pese a lo cual la iniciativa ya enfrenta una serie de discrepancias. Bienes de Uso Público. El proyecto establece las definiciones de glaciar, distinguiendo diversos tipos: de hielo, de valle, de montaña, rocosos y glaciaretes. Asimismo aclara los conceptos de campos de hielo y de entorno de un glaciar, entre otros aspectos.

Desde el punto de vista jurídico, la propuesta legal los declara como bienes nacionales de uso público y, por lo tanto, no susceptibles de apropiación privada, prohibiendo que se constituyan derechos de aprovechamiento sobre ellos. Asimismo, se crea la figura de Reserva Estratégica Glaciar, compuesta por uno o más de estas masas de agua que se consideran como una reserva hídrica relevante para la cuenca en que están emplazados. Sobre estas reservas no se podrá realizar ninguna obra, programa o actividad con fines comerciales, y estará prohibida su remoción, traslado, destrucción o cubrimiento con material de descarte.

La entidad encargada de estas reservas estratégicas sería el Comité de Ministros para la Sustentabilidad. El ministro Pablo Badenier explica que cualquier intervención que se haga sobre los glaciares que no están dentro de la categoría de reserva estratégica o que no estén dentro de un Parque Nacional o una Reserva de Región Virgen, deberá someterse a las modificaciones que contiene el proyecto de ley en relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ello implica que los titulares de los proyectos deberán solicitar -en el marco de dicho sistema- un permiso ambiental sectorial. “Todo ello nos permite garantizar la protección del cien por ciento de los glaciares del país”, sostiene el Secretario de Estado.

Asimismo, la propuesta legal abre la posibilidad de revisar las Resoluciones de Calificación  Ambiental (RCA) de proyectos que estén bajo alguna de las prohibiciones que establezca la futura ley. “En términos generales, se pueden revisar las RCA que tengan impactos ambientales no previstos, ya sea de oficio o por parte del titular, a efectos de adoptar las medidas pertinentes. En este caso, estamos hablando de medidas de monitoreo, de mitigación, reparación o compensación.

El proyecto de ley establece plazos definidos para adoptar las medidas adicionales respecto de estos eventuales impactos”, indica Badenier. El proyecto de ley también crea un Registro Nacional de Glaciares, administrado por la Dirección General de Aguas (DGA). Asimismo, fortalece las atribuciones de la DGA para generar información, monitorear el estado de los glaciares y aplicar sanciones. Discrepancias y Críticas Representantes de diversas organizaciones medioambientales han mostrado claras discrepancias con la propuesta presentada por el gobierno, señalando esta iniciativa “deja en la desprotección absoluta la mayoría de los glaciares de Chile” y responde más a las demandas de las mineras que a la inquietud ciudadana de resguardar estas reservas de agua.

La directora del programa Chile Sustentable, Sara Larraín, por ejemplo, plantea que el proyecto “protege sólo los glaciares existentes en parques nacionales que ya están salvaguardados, condenando a todos los demás a ser sujetos de evaluación de impacto ambiental y posibles de
ser intervenidos, salvo aquellos que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad califique como reservas estratégicas de agua”. En ese contexto, las organizaciones ambientales advierten que los glaciares más importantes de la zona norte y centro del país, donde existe mayor estrechez hídrica, no están dentro de áreas protegidas. Y critican que el proyecto de ley no proponga instrumentos ni fondos públicos que
permitan identificar cuáles son las “reservas estratégicas de agua”. Asimismo, temen que estas definiciones queden finalmente en manos de consultoras contratadas por empresas mineras interesadas en desarrollar proyectos en estas zonas.

Larraín agrega además que la propuesta del Gobierno “constituye un saludo a la bandera, pues el proyecto del gobierno ingresó sin financiamiento y sin informe financiero”. Por su parte, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, advierte que la proposición del Ejecutivo “dista sustancialmente de la moción parlamentaria en tramitación, que proponía avanzar hacia una ley de protección general de los glaciares. El Gobierno en cambio condiciona su protección a una evaluación caso a caso según lo que establezca el SEIA. Es decir no cambia en nada el régimen que hoy amenaza los glaciares por las actividades de Pascua Lama (Barrick), Andina 244 (Codelco), Los Bronces (Anglo American), Los Pelambres (Luksic) y las demás cuencas en conflicto con la actividad minera”. “En conclusión, esta iniciativa le entrega los glaciares a las mineras para que puedan ser intervenidos y destruidos en las zonas con mayor crisis hídrica del país. Derechamente declara sacrificables nuestras reservas de agua”, sentencia Matías Asún, director nacional de Greenpeace.

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