Empresas en alerta por seis proyectos de ley que pueden afectar la inversión en el país

La normativa de glaciares podría afectar la actividad minera. La descentralización, a sectores como el portuario o el eléctrico. Los límites a la polifuncionalidad del trabajador, a las pymes. Estos son algunos ejemplos de cómo leyes sectoriales podrían ir en desmedro del crecimiento, a juicio de los privados.

Tal como ocurre con el “Efecto Mariposa” -en que un cambio en un área aparentemente lejana provoca gran conmoción en todo el sistema-, hay normativas sectoriales que se están discutiendo en el Congreso y que podrían impactar a la actividad económica, la inversión y la productividad de las empresas. Por ello, gremios y empresarios alertan a tener una mirada más integradora y con un foco en lo económico al momento de su trámite legislativo.

Los consultados no se refieren a las grandes reformas que impulsa el Gobierno en lo laboral o constitucional. Son iniciativas más acotadas, pero también de efectos sistémicos las que les preocupan.

El proyecto sectorial que más polémica genera es la reforma al Código de Aguas. No les gusta ni a las mineras, ni a las eléctricas, ni a la agricultura, que sumadas son el 20% del PIB del país, según el Comité de Inversiones Extranjeras. Todas estas industrias advierten que un cambio en esta norma afectará la propiedad adquirida; hará más difícil la búsqueda de financiamiento bancario, porque los derechos de agua se usan como garantías en el sector financiero, e impedirá en algunos casos hacer proyectos mineros o centrales hidroeléctricas.

Otra normativa tan conflictiva como esta es el nuevo Sernac, o “Sernac con dientes”. El comercio en particular plantea que ya que el director de este organismo va a tener tanto poder, “proponemos que el Sernac tenga un consejo directivo con directores profesionales e independientes, que pueda dictar normas y aplicar sanciones”, dice el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. También que este consejo no sea meramente consultivo, sino que vinculante en temas como las acciones de clase.

Pero hay otros proyectos de ley que complican tanto o más. Por ejemplo, la normativa de glaciares afecta la actividad minera. La descentralización, a sectores como el portuario o el eléctrico. O los límites a la polifuncionalidad del trabajador en las pymes.

Glaciares: advierten que ley afectaría actividad minera
El desarrollo minero se hace y se hará en zonas montañosas. Por eso es tan sensible para esta industria la ley que regula cualquier actividad en los glaciares, esas enormes masas de hielo que se mueven lentamente y que en Chile están en toda la cordillera de los Andes.

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) alerta que es necesario compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico, y por ello se requieren definiciones precisas respecto de qué es un glaciar y cómo contribuye al ecosistema, “de manera de permitir la realización de actividades en zonas adyacentes a glaciares que no tengan un rol significativo como fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano”, señala Carlos Gajardo, gerente de Medio Ambiente de Sonami.

El proyecto originalmente prohibía cualquier acción que pudiera afectar directa o indirectamente a un glaciar. Aunque la iniciativa se moderó, los mineros aún advierten que hay normas que son impracticables, como la obligación de reconstituir un glaciar cuando este se vio impactado por la actividad humana.

La Sonami reclama que el proyecto mantiene la protección para formaciones de hielo de menor tamaño, aunque su aporte hídrico sea muy escaso. Y como se fija un área de protección para su entorno, ello puede inhabilitar espacios muy importantes para la actividad minera.

Si bien esta industria reconoce que esta nueva iniciativa contiene una definición de glaciar más acorde con las descripciones internacionales, critican que deban pedir un nuevo permiso ambiental para las obras o actividades en las zonas aledañas y advierten que hay una duplicidad de autorizaciones con la Dirección General de Aguas, así como mayores demoras en las evaluaciones y mayor carga de trabajo para dicho servicio.
El Consejo Minero ha criticado que si se declaran los glaciares como “bienes nacionales de uso público”, ello trae una serie de inconvenientes legales y la obligación de definir con normas quién puede usar estas formaciones, qué pueden hacer en ellas, qué pasa con la propiedad aledaña a un glaciar, quién autoriza para acceder a este, quién los cuida si son de todos, y un largo etcétera.

Polifuncionalidad: “letal para las pymes”
Es un proyecto del Ministerio del Trabajo que ya está en el Senado y al que el Gobierno le ha dado prioridad legislativa. Apunta a limitar la polifuncionalidad, de manera que un trabajador pueda realizar dos o más funciones específicas, siempre y cuando estas labores alternativas o complementarias correspondan a “la misma naturaleza de los servicios contratados”.

“Esta iniciativa es letal para las pymes, donde una vendedora también es cajera y de repente limpia el local”, dice Manuel Melero, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Complica la contratación, y si bien sabemos que se puede prestar para abusos, creemos que debiera establecerse un límite por tamaño de empresa. Por ejemplo, que se libere a la pyme de este requisito, poniendo un límite de hasta 25 a 30 trabajadores. Y sobre esa cantidad, que se adopte este criterio de polifuncionalidad”, argumenta.

Nuevo estatuto para el trabajador agrícola activó alarmas en la SNA
Durante los últimos años, el agro venía trabajando con las autoridades un cambio en el estatuto laboral para el trabajador agrícola. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) fue activa en este proceso, particularmente en el gobierno del Presidente Piñera, cuando se acordó una iniciativa que se tramitaba en el Congreso pero que hoy está detenida. Por eso, el anuncio de la Presidenta Bachelet, este 21 de mayo, respecto a que se iba a gestar un nuevo trato para el trabajador agrícola tomó por sorpresa al sector.

“El anuncio de un nuevo estatuto, que pronto iniciaría trámite legislativo, ratifica que la iniciativa que está en el Congreso no será tomada en cuenta”, señaló al respecto la SNA. El gremio trabajó siete años con trabajadores y empresas del agro para acordar un cuerpo legal para el sector que, entre otras cosas, establecía la opción de dividir la jornada diaria, contar con pactos agrícolas por una o más faenas y flexibilizar horarios, atendiendo a la temporalidad del trabajo. “Hoy no sabemos qué quiere el Gobierno”, dice la SNA.

El recurso humano es estratégico en la producción agrícola, particularmente en la fruticultura. La agricultura es el tercer sector que más generan empleos en el país. En regiones con alta vocación agrícola, como O’Higgins y el Maule, el empleo en el agro representa entre el 25 y 30% de la ocupación regional. Un cambio en las reglas podría impactar directamente, alerta la SNA.

Descentralización: ¿Dónde hacer actividades necesarias para el país, pero impopulares?
Aunque es una reforma política, tiene inquietas a las empresas: la ley de descentralización. El proyecto fue anunciado este año en Valdivia por la Presidenta Bachelet y establece mayores atribuciones a los gobiernos regionales y a los intendentes, quienes serían elegidos a partir de los comicios de 2017.

El proyecto implica una reforma constitucional. Como los cargos serán por elección popular, muchas empresas temen que los intendentes enfoquen su gestión en satisfacer a su comunidad y no en sacar adelante proyectos necesarios, aunque sean impopulares.
El presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, dijo al respecto que si bien es “loable el esfuerzo de las regiones de darse su vocación productiva, esto puede desembocar en la paradoja de no contar con zonas para hacer inversiones de interés nacional, como puertos o centrales eléctricas”.

La iniciativa, entre otros aspectos, crea tres nuevas divisiones en la estructura del gobierno regional: división de Fomento e Industria; Desarrollo Social y Humano, e Infraestructura y Transportes, con los correspondientes cargos directivos y de apoyos. También establece la obligatoriedad del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, aspecto en el cual el presidente de Colbún insta a poner una mirada más integral enfocada en el crecimiento, la inversión y la productividad.

Otro aspecto que inquieta al sector privado es el empoderamiento regional. Rodrigo Weisner, ex titular de la Dirección General de Aguas y socio de Puga Ortiz, explica que este mayor poder “elimina la posibilidad de recurrir a las autoridades centrales cuando en las regiones se adoptan decisiones adversas o arbitrarias”.

Sin embargo, otros ejecutivos discrepan de esto porque “cada vez más las decisiones se toman en las regiones y al “saltarse” al seremi o al intendente, se lesionan las relaciones con las autoridades regionales, a las cuales tarde o temprano tienes que recurrir”, comenta un ejecutivo de la gran minería.

Nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas podría intervenir predios privados
Eléctricas y mineras son las más complicadas con la ley que crea un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que en la práctica tendrá bajo su cuidado una superficie aproximada de 30 millones de hectáreas. Este proyecto del Ministerio del Medio Ambiente lleva un año en trámite legislativo y ya está en el Senado. Las mayores objeciones que tienen las compañías es que se impone la prohibición para realizar actividades productivas en casi todas las áreas protegidas, tras la nueva ley.

Otra crítica es que el proyecto establece la posibilidad de ordenar medidas de conservación en predios de propiedad privada mediante el sistema de incorporar la figura de “ecosistemas amenazados o ecosistemas degradados” y que el que decrete las medidas de conservación o restauración en tales ecosistemas será el Servicio de Biodiversidad.
El Consejo Minero hizo ver que, por ejemplo, el Servicio de Biodiversidad tendrá poder fiscalizador fuera de las áreas protegidas.
Un aspecto que preocupa a los gremios es que “distorsiona el actual régimen de fiscalización y sanción ambiental, al otorgar competencias fiscalizadoras y sancionadoras al Servicio de Biodiversidad, sin considerar que ya existe la Superintendencia del Medio Ambiente”, advierte Sonami.
El Consejo Minero en una presentación al Senado hizo ver que esta nueva entidad se suma a las muchas otras que operan al momento de entregar un permiso ambiental y alertó del riesgo de atraso en las tramitaciones y peligro de burocratización.

Iniciativa que limita centros comerciales implicará que no se hará “ningún mall más en Chile”
Si este proyecto se aplicara tal como está, no se construiría “ningún mall más en Chile”. Así de enfático es el vicepresidente del gremio del comercio, Manuel Melero, respecto al proyecto de ley que busca limitar la construcción de establecimientos comerciales en el radio urbano. La iniciativa partió de una moción parlamentaria de los diputados Daniel Farcas (PPD) y Maya Fernández (PS), e inicialmente implicaba que las instalaciones comerciales en el área urbana solo podían ser de hasta mil metros cuadrados. Para dimensionar, baste decir que en Chile hay malls de más de 115 mil metros cuadrados, es decir, más de 100 veces este límite.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cambió el proyecto e introdujo el concepto de “escala mayor”, que no está claro cuánto es y se ha hablado de hasta 15 mil metros cuadrados en el radio urbano, dice Melero. Además, se establece que los proyectos comerciales -farmacias, comercios y malls – deben estar incorporados en el plano regulador de cada comuna. “Pero como hoy no hay ningún centro comercial que esté en el plano regulador de ningún municipio, en la práctica no habría más instalaciones comerciales en Chile y el último apaga la luz”, dice Melero.

Aunque hay muchas mociones parlamentarias que no prosperan, esta ha tenido un acelerado debate. Ya está en su segundo trámite constitucional en el Senado y está cerca de convertirse en ley, alertan en el comercio.

EL PROYECTO establece que solo se harán tiendas en lugares definidos en el plan regulador comunal.