Agua: Gobierno activa plan para bajar a la mitad tiempos de tramitación en derechos

Comité de Ministros pro Inversión busca acortar plazos a privados y reasignó recursos de la Dirección General de Aguas.Fuente: Pulso 11 junio 2015.


A inicios de la segunda administración del Gobierno de Michelle Bachelet, el tiempo que tomaba a privados que buscaban regularizar sus derechos de aguas para desarrollar un proyecto de inversión tomaba poco más de dos años y medio.

A partir de mayo de este año, la Dirección General de Aguas (DGA) consiguió por medio del Comité de Ministros pro Inversión la autorización para una reasignación de recursos a fin de poner en marcha un plan especial que permitió la contratación de 18 profesionales para trabajar en metas de gestión de expedientes. Tras congelar la curva que generaba la tasa de stock de expedientes, el objetivo es bajar el tiempo promedio de tramitación a la mitad a fines del próximo año, explican fuentes ligadas al Ejecutivo.

A cargo de impulsar el plan está el Comité de Ministros pro Inversión, y las metas son aún más altas, puesto que a la fecha existen a la espera de su resolución en la DGA 14.000 expedientes, entidad que mantiene una capacidad de egresos de 7.000 al año. Las mismas fuentes explican que el objetivo del Ministerio de Obras Públicas es que afines del mandato presidencial se termine con el stock de procesos en trámite pendientes y aumentar la capacidad de egresos a 8.500 expedientes al año.

Al interior de la DGA existen problemas estructurales que hacen muy complejo una tramitación expedita de tanto solicitudes de derechos de agua, como regularizar derechos ya otorgados. En el análisis técnico elaborado por dicho servicio se identificaron dos problemas estructurales. Uno de ellos es que a los mismos funcionarios no se les permite priorizar expedientes que no son tan complejos como otros, ya que se trata de procesos en línea. Parte de la complejidad de dichos procesos tenían que ver con las dificultades que planteaba la normativa que fijara el gobierno anterior a través del denominado caudal ecológico.

¿Por qué?

Porque dicha normativa obliga a las autoridades que los derechos de agua otorgados después de 2005 se asignan a un caudal, pero éste no puede ir en perjuicio de un derecho anterior. Entonces, la DGA -por medio de resoluciones- tenía tres fórmulas matemáticas para determinar el caudal ecológico. El reglamento de 2012, y que fuera publicado un año más tarde, en vez en vez de zanjar la discrepancia de opciones, fijó un cuarto sistema el cual hizo imposible el diálogo entre derechos de agua concedidos.

Esto provocó que, por ejemplo, la autoridad buscaba entregar un nuevo derecho al calcular el caudal ecológico y no era coherente con el que había entregado aguas arriba o aguas abajo. Tal fue el problema que la DGA se vio paralizada en su entrega de expedientes. A inicios de este año, se publicó en el Diario Oficial un nuevo reglamento que zanjó estas discrepancias. Sin embargo, la tarea que tiene por delante la DGA es aumentar su capacidad de gestión. Obras mayores.

Sin embargo, el mayor desafío que tiene a la fecha este organismo proviene de las llamadas “obras mayores” que mantenían afines del gobierno anterior un rezago promedio en tramitación de 4,5 años. Se trata de las obras de gran envergadura definidas en el Código de Aguas y que necesitan de un estudio y un visto bueno de seguridad. El proceso requiere más tiempo que otros expedientes y el trabajo de ingenieros de alta capacidad.

Aún así, el mayor problema que enfrentó la actual administración de la DGA vino por la carencia de un Reglamento de Obras Mayores, y que estaba siendo tramitado al interior de este organismo hace nueve años. Tras dar fin a una discusión interna, hoy la Dirección General de Aguas afina las correcciones que hiciera la Contraloría al nuevo reglamento, lo que pondría fin al segundo problema estructural del servicio.

¿Qué ha pasado?
El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, ha iniciado un plan para reducir los tiempos de tramitación de derechos de agua en 50% a 2016.

¿Por qué ha pasado?
Una de las mayores críticas a la DGA son las demoras en sus procesos de tramitación.

¿Qué consecuencias tiene?
Esto se produce en el marco del plan del Comité de Ministros pro In versión.

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