CEPAL: Chile es el país de la OCDE que menos invierte en protección medioambiental

En 2012 el gasto público en protección ambiental ubicó a Chile en el último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Fuente: diario U. de Chile 02 julio 2015.


Ambientalistas y expertos expusieron que con una mirada técnica del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el pago de patentes en la minería, se podría contribuir a elevar las cifras.

Un estudio desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno reveló que Chile el 2012 gastó alrededor de 145 mil millones de pesos en protección ambiental, lo que equivale al 0,1 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).La cifra ubica al país como el más bajo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La investigación agrega que en 2012 el gasto per cápita en protección ambiental fue de aproximadamente 9 mil pesos en todo el año y el gasto en el combate de problemas de contaminación atmosférica, que hoy tiene a varias regiones del país en crisis, fue de 4,2 por ciento del total de ese gasto.

En las conclusiones del informe, se pide que el Ministerio del Medio Ambiente fortalezca sus capacidades institucionales y amplíe el espectro de instituciones sometidas a evaluación, es decir, que se considere a gobiernos regionales, locales y a más largo plazo se incorpore al sector privado e instituciones sin fines de lucro al servicio de hogares.

Los datos son presentados en el marco de la misión internacional que obliga a Chile a realizar este 2015 su segunda evaluación de desempeño ambiental después de 10 años.

El subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, opinó que con una visión estratégica de la información ambiental no solo se mejora la gestión, sino que se colabora en la construcción de un país más justo y democrático, capaz de liderar el avance hacia el reto de la equidad ambiental que se propone en la región.

Raimundo Bordagorry, investigador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales, criticó que con la constitución del Ministerio del Medio Ambiente, recién hace 5 años atrás se empezó a tomar en consideración la sustentabilidad a través del Consejo de Ministros en las políticas públicas: “Una herramienta importante de perfeccionamiento de la política pública es a partir de fortalecer e independizar de manera técnica el Consejo Nacional para la Sustentabilidad, hoy compuesto por ministros de esa área. Debería sumarse análisis científicos que generen preponderancia de visiones técnicas más que políticas respecto del desarrollo sustentable, buscando por ejemplo, tecnologías más eficientes y sistemas más limpios para transporte”.

Además, el experto puso como referentes a Canadá y Nueva Zelandia en su relación social con el patrimonio y la diversidad natural. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de un cambio cultural para que la población tome conciencia de las externalidades que genera día a día.

Por su parte, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, afirmó que los datos del estudio enseñan el contraste de los discursos políticos y la falta de atención a problemas tales como los de relaves en el Norte, verano de incendios forestales, sequía, zonas de sacrificio y alta contaminación en distintas comunas, entre otros.

En definitiva, la ambientalista defendió que el Estado debe fiscalizar, regular e inyectar recursos: “No me parecería adecuado que sea la sociedad civil, organizaciones o las comunidades locales, las que tengan que invertir en gasto público, tampoco los municipios. En el caso del sector empresarial, la forma adecuada de contribuir es respetando la normativa ambiental, pagando las multas cuando corresponde, patentes, impuestos y ojalá royalty a la minería que hoy no existe en Chile”.

Por último, cabe mencionar que la reciente estimación del gasto público en protección ambiental se realizó según cánones estadísticos internacionales y constituye una estimación aún acotada, ya que solo considera un grupo de servicios pertenecientes al gobierno central, advierte el estudio.

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