Gobierno planea reponer idea de franjas territoriales en ley de transmisión

Proyecto de ley ingresará al Congreso en dos semanas, según adelantó la CNE. Incorpora un rol vital para el Estado en el diseño del sistema eléctrico y crea el Cisen, que sucederá a los actuales CDEC.


Dos semanas es el plazo que se dio el Ejecutivo para presentar el proyecto de ley de transmisión eléctrica, uno de los buques insignia de la Agenda Energética y que planea reformar este segmento, que se ha convertido en un verdadero cuello de botella para el desarrollo del sistema energético nacional. La semana pasada, la Comisión Nacional de Energía (CNE) presentó en un seminario un detalle de la iniciativa, que ya está terminada en lo que respecta al trabajo interno y sobre la cual sólo se aguarda por el vamos definitivo de Presidencia para enviarlo al Congreso.

Según el documento, al que tuvo acceso PULSO, las principales modificaciones al actual esquema en que se desenvuelve la transmisión son dos: un rol preponderante del Estado en el diseño y definiciones técnicas y la creación de un coordinador independiente del sistema, organismo que reemplazará a los actuales Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), y que será el nuevo coordinador del Sistema Interconectado Nacional, que iniciará sus actividades una vez que se encuentren interconectados el SIC y el SING. Se trata del Comité Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (Cisen). A este organismo se la añadirán nuevas funciones y obligaciones, adicionales a las de los actuales CDEC.

“Entre ellos, mayor rol en la planificación del sistema; monitoreo permanente de la competencia, colaborando con la autoridad competente en el buen funcionamiento del mercado eléctrico; mejorar gestión de información – transparencia del mercado; rol en intercambio internacional de energía; rol en monitoreo del consumo eléctrico y rol en monitoreo de la cadena de pago”, se plantea. El organismo tendrá un consejo directivo compuesto por siete miembros elegidos por un comité especial. Cada integrante durará cuatro años en el cargo, tendrá una remuneración similar a la de los integrantes del Panel de Expertos y se exigirá dedicación exclusiva al cargo.

El nuevo CISEN se financiará a través de un presupuesto anual definido en conjunto con la CNE, y se pagará a través de un cargo por servicio público, 50% por todos los generadores y 50% por la demanda. En relación con las nuevas funciones del Estado, la iniciativa plantea la implementación de zonas geográficas identificables “con recursos o condiciones para la producción de energía eléctrica” y cuyo aprovechamiento, utilizando un único sistema de transmisión, resulta atractivo desde el punto de vista del interés público, de los costos operativos y de la evaluación social. A estas zonas la futura ley las define como “polos de desarrollo eléctrico”.

Para permitir que esto ocurra, el Estado tendrá un rol de planificación de al menos 30 años, muy por encima de lo que existe hoy, con diversos escenarios. Esto permitirá adelantarse a imprevistos, definir con mayor holgura y evitar que se produzcan cuellos de botella. A esta planificación de 30 años se le sumará un nivel de más corto plazo, 10 o 20 años, que posibilite el desarrollo de los escenarios definidos en el nivel anterior. Para poder concretar el desarrollo de las líneas se plantea la definición de franjas “en casos relevantes”, para lo cual el Estado utilizará herramientas que ya existen como la Evaluación Ambiental Estratégica.

Esto permitirá allanar la construcción de los proyectos de transmisión y evitar, como existe hoy, que los proyectos tengan fuerte oposición porque la planificación se hizo considerando únicamente aspectos económicos. Sin embargo, estas franjas –que suceden al concepto de franjas fiscales de interés público, incorporado en el fallido proyecto de carretera eléctrica- serán flexibles, pues serán los privados los que definirán el trazado final (ubicación de torres) con las flexibilidades requeridas para reducir ineficiencias. Además, los privados desarrollarán las negociaciones con propietarios para pagar servidumbre.

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