Ley de glaciares: la pugna que abre nuevas incertidumbres para la inversión minera

Proyecto podría trabar desarrollo de iniciativas de Codelco y otras grandes empresas. Fuente: La Segunda 15 julio 2015.


La minería, el gobierno y los grupos ambientalistas. Este triángulo es el que se ve enfrentado en la tramitación de la Ley de Protección de Glaciares, propuesta que mantiene con las luces encendidas a empresas que tienen yacimientos en altura como Codelco, Anglo American o Pascua Lama.

En la minería han manifestado que una protección total a todo tipo de ambiente glaciar y periglaciar (glaciares blancos, de roca o suelo congelado o permafrost), como lo plantean organismos ambientalistas, podría poner en riesgo las actividades mineras actuales o los nuevos proyectos.

La propuesta del gobierno, que recién partió su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, obliga a que cada proyecto que intervenga o altere un glaciar se someta a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), e incluso deja abierta la puerta para que una mina sea fiscalizada por la Dirección General de Aguas (DGA) de manera retroactiva en caso de afectación.

Como era de esperar, la minería se ha hecho presente en todos los hitos de la tramitación del proyecto. Y con todos sus frentes. De hecho, la semana pasada la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), liderada por el director de Codelco Raimundo Espinoza, planteó que “las exigencias ambientales deben hacerse compatibles con el progreso económico y social”, al tiempo que manifestaron su preocupación de que la norma impacte negativamente el futuro de las divisiones Andina y El Teniente, así como las exploraciones de la estatal, pues amenazaría el empleo de la corporación.

Las dudas de la gran minería

El Consejo Minero, que agrupa a las grandes empresas del rubro, tiene todos sus ojos en el proyecto. Su presidente Joaquín Villarino, acepta que las actividades que puedan afectar glaciares deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, discrepa de que el ingreso sea sólo por la vía de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el mecanismo más estricto. ¿Por qué? Este trámite supera los 180 días idealmente y podría extenderse hasta un año si se complejizan los procesos de participación ciudadana. “No entendemos el sentido de crear un nuevo permiso ambiental. Este permiso abarca prácticamente lo mismo que la evaluación ambiental que a la DGA le corresponde hacer dentro del SEIA” explicó Villarino a la Cámara de Diputados.

Otra duda de la minería es la capacidad de la Dirección de Aguas de fiscalizar. “Estamos de acuerdo en crear una autorización para actividades de bajo impacto, formalizar por ley el Registro de Glaciares y entendemos la necesidad de explicitar sanciones y multas, pero todo queda en manos de la DGA, que ya está sobrecargada. ¿Va a contar con los recursos necesarios?”, se pregunta Villarino.

Codelco y su mirada

¿Hay riesgo?

La minera estatal también ha puesto sus puntos de vista sobre la mesa, principalmente en relación a los eventuales riesgos para sus proyectos mineros. María Francisca Domínguez, directora de Asuntos Regulatorios de Codelco, sostuvo que la estatal tiene operaciones importantes en zonas de glaciares, especialmente en la División Andina, la que alberga aproximadamente el 34% de las reservas de la cuprífera.

“Si se detuviera la intervención de los glaciares de roca, se acabarían las áreas de depósito en 6 años y se detendrían las operaciones al año 2021, disminuyendo las reservas explotables”. Sobre el emblemático proyecto Andina 244, señaló que es de una importancia estratégica y que aportará al Estado unos US$10 mil millones, al extender la vida útil de la división en 65 años. Explicó que hay también otros proyectos relevantes, vinculados a exploración de nuevos minerales. Por ejemplo, en El Teniente está el proyecto La Huifa, al que se le ven “muy buenas proyecciones”. Este yacimiento estaría a menos de un kilómetro del glaciar Vizcachas, por lo que estaría dentro de su zona de influencia.

La mirada verde

Greenpeace golpea la mesa

Mientras el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, creador de las indicaciones sostiene que con el proyecto “está asegurada la protección de1100% de los glaciares en el territorio nacional”, desde la verdeda opuesta, Greenpeace argumenta que no existen garantías de aquello. Según el director de la ONG en Chile, Matías Asún, “las definiciones (del proyecto de ley) no son extensivas ni suficientes y no establecen definiciones claras del entorno de un glaciar”. Añade que la iniciativa “no obliga ni fuerza a un ajuste de las operaciones que eviten que la destrucción de glaciares continúe en todos los casos y (un glaciar) podría ser intervenido con restricciones, incluso si es reserva estratégica de biodiversidad”.

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