Rechazo de central San Pedro

Hace pocos días, la empresa Colbún fue notificada de que tendría que poner término anticipado al Estudio de Impacto Ambiental de las adecuaciones a la central hidroeléctrica San Pedro. El proyecto obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental favorable en 2008, y había comenzado su construcción. A medio camino, se descubrieron problemas de terreno que requerían más estudios y modificaciones al proyecto. Si los cambios no son sustanciales, esto requiere una adecuación del estudio original, un proceso relativamente formal.

En este caso, las modificaciones al proyecto parecen bastante limitadas en términos ambientales y no alterarían los aspectos fundamentales de la obra. Por lo tanto, no era necesario realizar un nuevo estudio de impacto ambiental de la misma. Sin perjuicio de ello, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos estimó que faltaban antecedentes relevantes y pidió a Colbún poner término al proceso en trámite y solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental de los cambios del proyecto.

No son conocidas las razones de esta drástica resolución. A juicio de la empresa, no queda claro qué antecedentes faltarían y por qué no sería posible aportarlos en el proceso en curso. Algunos de los servicios locales han emitido recomendaciones algo extremas en relación con los impactos ambientales que debiera evaluar el proyecto, e incluso sugirieron que el estudio completo de la obra debía rehacerse, desconociendo los aspectos ya evaluados y aprobados en 2008, lo que afectaría eventualmente derechos adquiridos de la empresa. No parece ser ese el criterio del SEA regional, pero la falta de precisión de los antecedentes supuestamente faltantes y las alusiones a que la evaluación de impacto ambiental considerará “la suma de los impactos provocados por la modificación”, según señala la ley, no aportan certidumbre acerca de los alcances de sus reparos.

Al parecer, el Ministerio de Medio Ambiente desea elevar los estándares de evaluación de los proyectos con criterios más estrictos. Por ejemplo, plantearía el criterio de pérdida de biodiversidad neta cero, a diferencia del criterio de compensación actual, que resulta menos estricto. Pero aún no estarían sancionados legalmente y es improbable que se intente aplicarlos a un proyecto en trámite. Tampoco obedecería a un problema de la autoridad ambiental regional, aunque el porcentaje de proyectos que logran prosperar en la zona es reducido, pese a que algunos de los que han fracasado eran impulsados por empresas extranjeras con los más altos estándares ambientales.

Lo sucedido es de alguna manera un revés para el Ministerio de Energía, que depende de la concreción de proyectos hidráulicos para poder cumplir sus promesas de rebajar el costo de la electricidad. Las energías renovables no convencionales (ERNC) requieren de respaldo frente a las variaciones en la oferta de energía eólica y especialmente fotoeléctrica. La forma más eficiente y limpia para responder es mediante centrales hidráulicas con capacidad de almacenamiento.

Si el gobierno central comparte esas convicciones, cabría esperar señales claras que orienten el accionar de las autoridades y servicios regionales que intervienen en el proceso. Ello contribuiría a eliminar espacios de discrecionalidad que surgen por la variabilidad en los criterios de evaluación, y a adoptar una actitud más resuelta capaz de sopesar -con sentido de jerarquización- las observaciones de los servicios locales. De lo contrario, la falta de claridad y decisión de las autoridades seguirá generando situaciones y episodios que lesionan la credibilidad de nuestra institucionalidad ambiental.