Las claves del proyecto que busca la equidad de las tarifas eléctricas

En diciembre de 2014, la entidad, que reúne a representantes de las principales empresas del sector, autoridades y gremios de trabajadores, entregó a la Presidenta Miche-lle Bachelet una serie de propuestas para transformar a la minería en una actividad “virtuosa, incluyente y sostenible”, y hoy trabaja aceleradamente para cumplir las metas establecidas en ese acuerdo.

García, quien fue ministro de Economía en el gobierno de Ricardo Lagos, explica que uno de los cambios principales que buscan establecer en materia de relacionamiento es extender el tiempo en que las empresas mantienen contacto con las comunidades. La idea es generar una dinámica en que el diálogo comience desde la fase de exploración de un proyecto y se extienda, incluso, después del cierre de faena. “Este acercamiento hoy se hace más tardío. Se inicia en la etapa de producción y nosotros proponemos que se inicie antes, en la fase de exploración de un proyecto”, afirma.

El economista integró el equipo multidisciplinario que en 2014 trabajó en el documento que entregaron a la Mandataria. En ese proceso también participaron los presidentes de Antofagasta plc, Jean Paul Luksic, y de Codelco, Oscar Landerretche, además de los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes; de Minería, Aurora Williams, y de Medio Ambiente, Pablo Badenier. También se involucraron los titulares del Consejo Nacional de Innovación, Gonzalo Rivas, y del Programa Nacional de Minería de Corfo, Mauro Valdés, además de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y representantes de ONG.

El rechazo ciudadano

Los problemas con las comunidades son un tema para la minería. En 2013, el sector proyectaba inversiones por US$ 110 mil millones hacia 2020. Este año bajó a US$ 64 mil millones, según Cochilco.

La fuerte oposición ciudadana a los proyectos y su judicialización son algunas de las principales razones detrás de la baja de inversiones mineras. Eso, de hecho, fue lo que terminó por sacar del portafolio, por ejemplo, al proyecto El Morro, de GoldCorp. Con una inversión estimada de US$ 3.900 millones, la compañía decidió comenzar la iniciativa desde cero, tras recibir un fallo desfavorable por parte de la Corte Suprema en octubre de 2014. El máximo tribunal argumentó que la principal barrera fue la mala ejecución de su consulta indígena. En 2012, la Suprema había revocado su autorización ambiental por problemas en el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Aunque cree que, en general, la población en Chile valora la actividad minera más que otros países activos en el área, García reconoce que “es cierta la percepción de que la minería es sinónimo de daño ambiental. Por eso, un elemento central de nuestro trabajo debe ser cómo cambiamos la relación de la minería con su entorno y ahí está puesta nuestra prioridad”.

Hace dos semanas, el ex ministro viajó a Antofagasta para iniciar el proceso de conocimiento para enfrentar una relación con una comunidad específica y congregaron a un grupo de conversación integrado por ONG, ambientalistas, autoridades locales y universidades. “La idea es replicar en Antofagasta la experiencia nacional cuando elaboramos el documento que entregamos a la Presidenta y ese trabajo traducirlo a una plataforma regional”, precisa.

También planean generar una nueva metodología de consulta con la comunidad indígena, la que debiera incluir temas de tipo sociocultural y las zonas de influencia que deben considerarse al momento de instalar una mesa bipartita con las mineras, entre otros. Para eso, la comunidad elegida es la atacameña.

García comenta que tienen pendiente conocer la experiencia de Codelco en una zona donde la estatal tiene alta presencia mediante la división El Salvador, que hoy enfrenta un grave conflicto con sus trabajadores subcontratados.

Para conocer la percepción de la población organizada, el equipo se concentrará en analizar el proceso que ha vivido la comuna de Salamanca, donde la presencia minera está dada por el yacimiento Los Pelambres, del grupo Luksic. La idea fue propuesta por el alcalde Gerardo Rojas y la metodología será entrevistar a líderes de organizaciones sociales para conocer su experiencia de relacionamiento con la firma. Esto debiera comenzar este mes.

Nuevo canal de comunicación

El objetivo de Alianza Valor Minero no es sólo crear un método de relacionamiento comunitario, “sino también un sistema que lo cobije, porque acá van a interactuar muchas aristas. Por ejemplo, cómo se relaciona este método con la consulta indígena y también con la participación ciudadana”, detalla el presidente de la entidad.

Uno de los temas clave que han detectado en los primeros análisis es la necesidad de fortalecer a quien actúa como contraparte de las mineras, como son las organizaciones sociales. “Es muy importante que las organizaciones sociales estén habilitadas para tener una buena participación. Esto significa que deben estar bien organizadas y comprender de qué se trata el proceso en que se están involucrando. Además, deben tener una efectiva capacidad de representación con sus asociados y eso no está presente hoy”, sostiene.

También se estudiarán cuáles son los otros temas que comunidad y empresa deben abordar, más allá de la preocupación ambiental. García dice que el equipo notó que en esta área se esconden otras temáticas alejadas de lo medioambiental, como, por ejemplo, demandas sociales y culturales.

“El actual sistema de consulta ambiental está sobrecargado, porque recibe una variedad de preocupaciones ciudadanas que no son propiamente de carácter ambiental, pero que no tienen otro canal de comunicación, y ese espacio es el que queremos crear”, apunta.

En eso trabajarán el próximo año y esperan concluir con un sistema de evaluación y certificación de las nuevas prácticas de relacionamiento entre empresa y comunidad. Hoy están en la primera etapa del proceso, pronto a concluir el análisis de buenas prácticas internacionales y de enviar una encuesta para identificar las prácticas nacionales.

La apuesta del grupo público-privado es lograr un mejor diálogo con su contraparte para destrabar los proyectos que no se han podido ejecutar. Hoy, el país produce 5,8 millones de toneladas de cobre al año, pero si las inversiones estimadas se materializan, esa cifra subiría a cerca de nueve millones. Si no se concentran, aclara García, el ritmo productivo caería a cuatro millones de toneladas de cobre al año. “Si uno mira la brecha que existe entre una y otra punta, comprueba que es casi del tamaño de la actual minería chilena. Eso es lo que está en juego”, advierte el economista.

SECTOR DE INFLUENCIA

“No hemos usado el potencial que la minería le ofrece al país para el desarrollo”.

“No hay una visión compartida como país del rol de la minería. Ese es el vacío que buscamos llenar”.
Alvaro García, presidente ejecutivo Alianza Valor Minero.