El cruce de la política y el empresariado en números: 45% de las empresas involucradas

“Me parecen injustas las generalizaciones”, se quejó el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, en una entrevista el pasado 22 de marzo, a propósito del anuncio que había hecho por esos días el Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto a que investigaría a 1.700 contribuyentes por posibles delitos tributarios con boletas ideológicamente falsas para financiar la política u otras irregularidades.

La frase de Santa Cruz se justificaba, pues en ese momento, además de SQM y Penta, aún no se confirmaban nuevas aristas con otras empresas.

Su intento por aislar los casos de vínculos ilegales entre empresas y políticos lo complementó el 29 de abril el presidente de la Sofofa, Herman von Mühlenbrock, cuando criticó que la comisión Engel pretendiera dejar a las empresas fuera del financiamiento legal a la política.

“Chile no es un país de corruptos, los aportes a la política que han salido en el último tiempo son desatinos, descriterios, malas prácticas, pero no son ni soborno ni enriquecimiento ilícito”, afirmó el líder gremial.

Pero lo cierto es que más allá de las declaraciones de los dirigentes empresariales, la realidad comienza a desplomar sus impresiones.

Y es que si bien no está involucrado el cien por ciento de las compañías que operan en Chile, entre las grandes, una proporción importante de ellas está siendo investigada por el Ministerio Público.

Tanto así, que considerando las 40 empresas del IPSA, un 44,6% de la capitalización bursátil del principal índice de la Bolsa está involucrado directa o indirectamente a través de filiales, controladores o sociedades de inversiones de sus controladores.

La capitalización bursátil –el valor total de las acciones de las compañías– del IPSA al martes 2 de septiembre de 2015, era de US$ 143.000 millones, esto es $ 99.240.941 millones. De este monto, el equivalente a US$ 64 mil millones, corresponde al valor en Bolsa de compañías vinculadas, directamente o a través de los socios, a pagos a políticos.

Consultado sobre el nivel de exposición de empresas de tal nivel de importancia o de sus dueños a financiamiento político irregular, un director de un centro de gobiernos corporativos de una universidad local estima que se trata de números acotados, lo cual explica que los directorios de las compañías no hayan detectado los pagos que sus gerencias hacían a políticos o sociedades vinculadas a políticos.

“Creo que es un tema en general que, según he visto –salvo SQM, que se sale de madre– sobre empresas abiertas, los montos no son significativos, caen en responsabilidad de ejecutivos. El directorio muchos de esos, dicen ‘sí, démosle plata a tal o cual’ y delega en ejecutivos la forma en que se implementarán. Estaba tan arraigada la forma que se hacía, esto de llegar y facturar servicios, que era la forma de actuar”, señala el académico, justificando la falta de control de las compañías.

En su opinión, se debe corregir lo que se ha hecho mal, pero la crítica debe entenderse en el contexto de una forma histórica de operar que no ha sido cuestionada ni por las autoridades (SII) ni por los auditores externos.

Endesa y Enersis

La lista de compañías que están involucradas en investigaciones del Ministerio Público la encabeza la firma eléctrica Endesa Chile, que es controlada a su vez por Enersis. El holding lo maneja la italiana Enel, presidida por Francisco de Borja, mientras la generadora la dirige Enrico Viale.

Ambas compañías suman $ 16,07 millones de millones en patrimonio bursátil, unos US$ 23.250 millones.

Según lo que se ha revelado hasta ahora, Endesa, mientras la presidía Jorge Rosenblut, aportó $ 509 millones a la última campaña presidencial. De esos, unos $ 176 millones fueron reconocidos por la compañía como pagos no respaldados con servicios.

Rosenblut fue más tarde timonel de Enersis, cargo que dejó en junio pasado tras conocerse su rol gestionando como puente entre operadores políticos y SQM y el grupo Angelini.

Según declaraciones de hace dos meses del CEO de Enel, Francisco Starace, se trata de “una historia aburrida de impuestos que se está bombardeando un montón”, pues solo incluía “números muy pequeños”.

De los antecedentes hasta ahora revelados se sabe que Endesa aportó $ 50 millones a Giorgio Martelli, recaudador de la campaña de Michelle Bachelet en 2013, mientras que también entregó $ 100 millones a Pedro Yaconi, de similar función en la campaña de Eduardo Frei en 2009.

SQM

Una de las empresas del IPSA más comprometida con financiamiento ilegal es SQM, la minera no metálica controlada indirectamente por Julio Ponce Lerou, que al 2 de septiembre valía US$ 1.863 millones en Bolsa.

De acuerdo a una nota publicada por El Mostrador la semana pasada, los aportes irregulares de la compañía suman US$ 14 millones y están repartidos en gran parte de los partidos políticos actuales.

Así, la UDI –la más beneficiada, incluyendo a 71 contribuyentes, según el Servicio de Impuestos Internos (SII)– recibió $ 1.294 millones, mientras que la Democracia Cristiana (DC) obtuvo $ 978 millones y Renovación Nacional (RN) otros $ 779 millones.

Además, hubo aportes ilegales al entorno de Sebastián Piñera por $ 453 millones, mientras que el de la Presidenta Bachelet recibió otros $ 281 millones, incluyendo A y N, de su recaudador Giorgio Martelli.

SQM anunció un cambio general en el directorio, incluyendo la salida de la presidencia del ex yerno de Augusto Pinochet, y su reemplazo por Juan Antonio Guzmán.

Angelini

Uno de los tres mayores grupos empresariales y también de los más tradicionales es el desarrollado en el siglo pasado por Anacleto Angelini. A través de distintas compañías y sociedades, el grupo lo lidera el sobrino del fallecido patriarca, Roberto Angelini, quien hasta ahora no ha querido referirse públicamente cuando ha sido consultado sobre el tema.

Los aportes corrieron por cuenta de sus distintas compañías, partiendo por Empresas Copec, el holding a través del cual controlan las distintas compañías y que a su vez es manejado por Antarchile. Su valor en Bolsa es de US$ 12.768 millones, mientras que el de Antar asciende a US$ 4.584 millones.

Empresas Copec, Celulosa Arauco, Inversiones Siemel y Seguros Cruz del Sur (está ultima vendida a Security en 2013) hicieron aportes políticos aparentemente fuera de la ley.

Hasta ahora no existen acciones judiciales ni del Ministerio Público ni el SII, a excepción de lo relativo a Corpesca, por los aportes al senador UDI Jaime Orpis, aunque dicha causa corrió por un carril separado y apunta a un posible caso de lavado de activos.

En esta causa el SII presentó querellas en mayo pasado contra Francisco Mujica, ex gerente general, por pagos en 2009 por $ 27,7 millones a la ex diputada Marta Isasi. En tanto que sobre Orpis pesa una querella por cohecho de la Fundación Ciudadano Inteligente, tras aceptar pagos de $ 230 millones a través de terceros y a título personal, destinados a pagar sus deudas de campaña. Otra querella en contra de Orpis es del diputado Hugo Gutiérrez (PC), por cohecho agravado.

También recibió aportes de Corpesca la sociedad Asesorías e Inversiones Arrieta del abogado Raul Arrieta, ex colaborador del senador PPD, Felipe Harboe, quien fue citado a declarar por el SII, pero guardó silencio.

A igual que SQM, Empresas Copec y Celulosa Arauco aportaron a Asesorías y Negocios, la sociedad de Martelli. Copec pagó $ 57 millones, mientras la forestal unos $ 151 millones. Estos dineros que recibió la sociedad A y N, además de los pagos de SQM Salar, fueron parte de los que terminaron financiando entre 2012 y 2013 al ex ministro Peñailillo y a un grupo de asesores del Gobierno.

El ala financiera de Angelini operaba a través de Cruz del Sur, que pagó $ 90 millones al estudio Harold’s & Johns Business Law, formado por Harold Correa –íntimo amigo de Peñailillo– y Alex Matute –hermano del fallecido Jorge Matute Johns–. Además, Cruz del Sur le entregó otros $ 30 millones a A y N de Martelli.

El estudio de Correa –quien guardó silencio cuando se le citó a declarar, al igual que Matute– recibió otros $ 32 millones pero de Empresas Copec, según Qué Pasa.

En total –de acuerdo a Qué Pasa–, Copec y Arauco rectificaron ante el SII boletas y facturas por $ 1.500 millones, por el período 2012-2014, aunque sólo $ 318 millones son montos de los cuales se conoce su paradero.

Como parte de esto, aparece también un pago de $ 30 millones a una sociedad del jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, además de unos $ 16,5 millones a Cristóbal Aninat, jefe político de la primera fase de la campaña de Andrés Velasco.

Mientras que Inversiones Siemel aportó $ 7,9 millones a Eduardo Montalba, ex asesor del senador Iván Moreira.

Aunque hasta ahora el nombre de José Tomás Guzmán –quien junto a Angelini lideran el grupo– es el que aparece como aparente responsable de la decisión de aporte de platas políticas, algunos creen que Angelini también habría sabido de dichas decisiones, cosa que desmienten en el grupo.

BCI y Cencosud

El banco controlado por Luis Enrique Yarur fue el último integrante del selecto índice de acciones de la Bolsa que apareció rectificando pagos por servicios no prestados, que suman $ 250 millones. Según The Clinic, el banco hizo estos pagos a la UDI, con importantes montos al ex presidenciable UDI, Pablo Longueira, a través de su histórica asesora Carmen Luz ‘Titi’ Valdivieso, quien emitió una boleta por más de $ 9 millones.

Así lo reveló Ana Palacios, cuñada de Valdivieso, ante la fiscal Carmen Segura, a quien le señaló que ‘Titi’ le pidió boletas para ese banco y también para el gigante del retail, Cencosud, a través de la firma Cencosud Retail, controlada por el empresario de origen alemán Hörst Paulmann, en este caso por más de $ 7 millones.

En el caso de BCI, que tiene una valorización bursátil de US$ 4.774 millones, enfrenta una situación particularmente compleja, pues si bien no existen acciones legales del SII ni del Ministerio Público, en el mercado señalan que eventuales pesquisas de la Fiscalía podrían afectar su retrasado proceso de adquisición de la filial de Bankia, en Miami, en casi US$ 900 millones.

La operación lleva más de dos años en tramitación en Estados Unidos y ha tenido que enfrentar cuestionamientos a la estructura societaria a través de la cual Luis Enrique Yarur controla el banco. Fuentes que conocen la operación afirman que dichos cuestionamientos reflejan los vacíos regulatorios a conglomerados financieros en Chile, visión que no es compartida por los supervisores chilenos, los que ya dieron su venia para la transacción.

Además, la historia de BCI no le acompaña. Esto, pues el origen del control del banco que alcanzó Luis Enrique a mediados de la década de los 90 y posteriormente a comienzos de la década pasada, está repleto de operaciones cuestionables por la valorización de las mismas.

De hecho, para evitar una confrontación en tribunales, el presidente del BCI acordó pagar US$ 99 millones a su primo Jorge Yarur Bascuñán, hijo del líder del banco que murió a comienzos de los 90 y quien había denunciado que Luis Enrique Yarur le pagó menos de lo que correspondía por el control.

El caso de Cencosud, en tanto, está más en pañales. Hasta ahora, su nombre no transitaba por las páginas de los medios por boletas o facturas falsas.

El holding tiene un patrimonio bursátil superior a US$ 5.900 millones y su nombre salió al ruedo la semana pasada, al igual que BCI, por las declaraciones de Palacios, quien indicó que hizo una boleta a pedido de la histórica asesora de Longueira por $ 8 millones, sin que haya prestado servicios a la firma de Paulmann y reconociendo que estaban dirigidos a Longueira.

Otras empresas

La lista de compañías que han rectificado boletas o facturas desconectadas de sus gastos ante el SII, incluye a un amplio grupo de firmas de alta relevancia en distintos sectores económicos.

Además de BCI, el banco que controla Álvaro Saieh, CorpBanca –que desde la semana pasada tiene la autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) para fusionarse con Itaú–, también figura con boletas irregulares en las carpetas de investigación.

En abril pasado, CorpBanca presentó la rectificación de documentos que no tenían respaldo ante el SII. Los detalles de dicha presentación aún no se hacen públicos, pero ya se conocen algunos pagos con ‘olor a política’.

CorpBanca aparece por primera vez nombrado a propósito de una declaración de Luis Chaparro Cavada, quien en octubre de 2014, mientras el foco de la investigación por platas políticas aún estaba concentrado en el grupo Penta, acudió a la Fiscalía.

Allí reconoció que, a través de Pekadocapital, recibió un monto de $ 10 millones, facturado a CorpBanca, aunque nunca le prestó servicios. Chaparro había prestado servicios a la campaña senatorial del UDI Pablo Zalaquett.

Además, en abril pasado ingresó a la carpeta del caso Penta-SQM el libro de compras del banco de Saieh correspondiente al mes de abril de 2013. En él se encuentran documentos por pagos a distintos centros de pensamiento. Entre ellos, Centro Democracia y Comunidad, ligado a la DC, por $ 2,28 millones; Instituto Libertad (ligado a RN) por $ 914 mil; y Cegades, vinculado a la DC, por $ 1.5 millón. Se agrega Chile 21, que lidera el ex senador PS Carlos Ominami, con $ 1,1 millón. Cercanos al banco explicaron todos estos aportes como pagos por informes mensuales que emiten las distintas entidades.

Cabe señalar que CorpBanca tiene una valorización bursátil de US$ 3.100 millones al 2 de septiembre.

En el informe del Ministerio Público al SII del 7 de noviembre de 2014, también figura Ripley, la cadena de multitiendas vinculada a la familia Calderón.

La compañía, que tiene una valorización en Bolsa de US$ 660 millones, fue nombrada por el periodista Iván Correa, de la consultora Reactor Spa, que emitió tres boletas por $ 1 millón cada una a Ripley por servicios que –reconoció– nunca prestó a la firma de retail. A igual que CorpBanca y Cencosud, hasta ahora no existen acciones legales del SII contra estas compañías.

Otra firma vinculada a la investigación es Sigdo Koppers (SK) –cuyo patrimonio bursátil llega a US$ 1.256 millones–, aunque hasta ahora en forma indirecta. Se trata de un pago por $ 6 millones que en 2010 hizo el contralor del holding Alejandro Reyes, a través de su sociedad Andes Task, al gerente general de Chilevisión, Mario Conca.

Según reconoció el propio Conca, nunca le prestó un servicio a la sociedad. El pago, en realidad, está vinculado a Sebastián Piñera, quien –como dueño del canal– debía cancelarle a Conca bonos por $ 50 millones. Además, del aporte de Reyes, la otra firma que aportó a cambio de boletas ideológicamente falsas fue Aguas Andinas, la sanitaria que opera en la Región Metropolitana.

Aunque Reyes no ha respondido las consultas de los medios, fuentes bien informadas revelaron que el aporte de Reyes correspondió a la solicitud del presidente ejecutivo y socio de SK, Juan Eduardo Errázuriz, a sus distintos ejecutivos para que aportaran UF 1.000 a la campaña de Sebastián Piñera, quien asumió la Presidencia del país en marzo de 2010.

Según publicó El Mostrador, finalmente Reyes optó por pagar UF 500 a través del bono a Conca.

La sanitaria que pagó bonos de CHV y recibía informes de Zaldívar

Aguas Andinas, controlada en un 50% por Inversiones Aguas Metropolitana, también está siendo investigada por el Ministerio Público. La primera tiene un valor de US$ 3.000 millones en Bolsa, mientras su matriz vale casi US$ 1.400 millones.

El vínculo de la sanitaria con el caso de aportes políticos irregulares comenzó cuando se reveló el pago de tres boletas por $ 11 millones cada una a Mario Conca, pese a que nunca el ejecutivo de CHV prestó servicios a Aguas Andinas. Lo cierto es que Bancard, sociedad de Piñera, debía pagar dichos bonos y el gerente de la sociedad, Santiago Valdés, le dio la orden a Conca para que entregara las boletas a la sanitaria.

Este hallazgo llevó a la Fiscalía a pedir la contabilidad de la compañía desde 2009 a 2014. En ella se revelaron pagos a personas del entorno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

Entre ellos, pagos totales por $ 188 millones, entre 2012 y 2013, a la consultora C2P, ligada a Pedro Yaconi, quien integró el comité de finanzas de la campaña presidencial de Frei en 2009, cuando fue derrotado por Piñera.

De acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público, en 2009 la sanitaria pagó a C2P sumas en torno a $ 8 millones mensuales desde enero de 2009 a septiembre de ese año. En octubre de ese año pagó dos facturas, una por $ 13 millones y otra por $ 36 millones. En total, en todo 2009 le pagó 120 millones, los que sumados a los aportes de 2012 a 2013, totalizan 308 millones a la consultora de Yaconi.

La misma contabilidad de Aguas Andinas revela también aportes a centros de pensamiento político vinculados a partidos políticos: Cegades, con $ 128 millones y otros pagos a Chile 21, Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán y la Corporación de Asuntos Públicos.

La otra revelación de la contabilidad que más ha llamado la atención es la de los aportes de la sanitaria al senador Andrés Zaldívar, por un total de $ 150 millones, entre 2006 y 2010. Según Zaldívar, dichos pagos corresponden a informes de “asesoría legislativa”, mientras estaba fuera del Congreso.

La familia Said

Una de las familias más ricas de Chile, es la familia Said. Es controladora de la cadena de malls Parque Arauco y socia de Embotelladora Andina y el banco BBVA. Estas dos últimas, integrantes del IPSA, tienen una valorización de más de US$ 2.900 millones.

Aunque no se registran, hasta ahora, aportes irregulares desde las empresas industriales, la familia Said ha ido apareciendo con pagos a través de distintas sociedades familiares.

Las primeras huellas de aportes políticos de los Said a la política surgieron con la declaración a la Fiscalía de Sara Bensan, contadora vinculada a la DC y que se desempeñó en la campaña de Eduardo Frei en 2009.

Bensan reconoció que, a solicitud de Giorgio Martelli, entregó una boleta por $ 24 millones –a través de su sociedad Asesorías y Gestión Integral– a Inversiones Caburga, el vehículo de inversión del grupo Said.

La información fue confirmada por el gerente general de Inversiones Caburga, Rodrigo Muñoz, en declaración a la Fiscalía del 19 de junio pasado. “No encontramos ningún documento que respaldara la efectividad de los servicios que figuran en la boleta y en la factura mencionadas anteriormente y yo no tomé la decisión de hacer estos pagos, los que quedan dentro del ámbito de atribuciones del Director Ejecutivo de la empresa, don Salvador Said…”, dijo Muñoz, involucrando al hijo del líder de clan, José Said.

Muñoz agregó que Salvador Said le reconoció que le fue solicitado el aporte por Pedro Yaconi y que él autorizó el pago. Junto con ello, Muñoz informó que solo encontraron una boleta, pues una segunda habría sido emitida por una sociedad ligada a otra rama de la familia Said, la familia Said Handal.

Adicionalmente, reconoció que Bensan emitió otra boleta el 9 de diciembre de 2009, por $ 8 millones, con la glosa “asesoría contable”.

Salvador prestó declaración ante la Fiscalía el 11 de agosto pasado, pero quedó reservada por cuarenta días.

Junto con ello, figuran pagos a través de boletas al diputado Fuad Chahin (DC) por $ 5,56 millones y a Gonzalo Fuenzalida (RN) por $ 1,1 millón. Chahin aseguró que fueron pagos por trabajos de asesorías legales efectivamente prestadas.

En manos de la Fiscalía existe un informe de retención de honorarios del año comercial 2009 y otro con pagos anuales a trabajadores de Caburga.

por Héctor Cárcamo