¿En qué está la nueva Ley de Emergencias?

El miércoles 17 de junio se realizaron dos sesiones; en la primera jornada se avanzó con el análisis de las indicaciones y en la segunda, se escuchó la opinión de la Asociación de Funcionarios de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), encabezada por su director nacional, Ricardo Toro.

En la oportunidad se reiteró la necesidad de que el proyecto contemple un nuevo informe financiero y la creación de una planta de funcionarios, aspectos obligatorios de acuerdo a nuestra Constitución, por lo que se esperará el pronunciamiento del Ejecutivo para seguir avanzando en la materia.

Cabe precisar que según comentó el presidente de la instancia parlamentaria, senador Alberto Espina, el párrafo: “Es un nuevo Servicio Nacional, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que sustituye a la antigua Oficina Nacional de Emergencia”, causó discrepancias en los miembros de la Comisión de Gobierno, luego que en la sesión del día lunes 15, donde también se abordó el proyecto.

Según el legislador, los parlamentarios que asistieron a dicha sesión “no estuvieron de acuerdo en que el nuevo organismo que velará por la prevención de las emergencias en el país se encuentre directamente a cargo del Ministerio del Interior”.

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

“Este es un punto central en el proyecto, porque el Gobierno presentó una indicación por el cual quiere que se trate de un servicio público centralizado pero desconcentrado. Esto quiere decir que el Ministerio del Interior mantenga el control directo de este servicio y nosotros no somos partidarios de eso” agregó.

“Somos partidarios -ahondó- que obviamente la emergencia, una vez que se produce la transferencia de recursos o el apoyo que pueda dar el Ministerio del Interior es fundamental, pero en cuanto a su gestión técnica debe ser un organismo descentralizado, que tome decisiones a través de autoridades técnicas elegidas por Alta Dirección Pública y que no tengan que estar dependiendo de la voluntad de una autoridad central para saber cuántos recursos tiene y cómo serán las labores de prevención”.

Si bien existe acuerdo para que la nueva institucionalidad denominada como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia sea un servicio público, con patrimonio propio, descentralizado, con personalidad jurídica y que tenga una coordinada organización entre los involucrados, también está la intención de que sea “un proyecto que aterrice mucho más a la ciudadanía en la reacción frente a la emergencia”, precisó.

“Esto es fundamental para corregir un error que siempre han tenido nuestras normas y la institucionalidad actual, que es que no se toma en cuenta la opinión y visión que tienen las comunas, las propias autoridades y los vecinos respecto de cómo enfrentar una catástrofe”, resaltó.

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