El incierto panorama de las fundiciones

La comisión de Minería y Energía del Senado entregó a fines de julio un informe al Ministerio de Minería, en el que sugiere posponer la entrada en vigencia de la norma que establece que las fundiciones deben capturar el 95% de sus emisiones al año 2018. En el Ejecutivo aún no se decide sobre el planteamiento. Fuente: Que Pasa Minería, 14 de septiembre, 2015.


El 22 de julio pasado la comisión de Minería y Energía del Senado entregó al Ministerio de Minería un informe en el que sugiere postergar la entrada en vigor de la norma que exigirá que las fundiciones del país capturen el 95% de sus emisiones -principalmente azufre (SO2)- a partir del año 2018.

La entidad recibió durante mayo y junio la visita de distintos representantes del mundo minero -incluyendo actores de la propia cartera de Minería, de las estatales Codelco y Enami, de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y de las empresas privadas Anglo American, Antofagasta Minerals y JRI Ingeniería-, quienes expusieron en detalle los principales aspectos de esta área productiva, su situación actual y la conveniencia o no de realizar los cambios tecnológicos para adecuarse al requerimiento de la nueva norma.

“Se estima más razonable postergar la entrada en vigor de la exigencia de captura del 95% del material contaminante, establecida en principio para 2018, y abstenerse por el momento de realizar sólo adecuaciones en instalaciones que han quedado tecnológicamente desfasadas”, relata el informe de la comisión que dirige el senador Alejandro García Huidobro.

La razón para esta recomendación es simple. Actualizar las siete fundiciones que actualmente subsisten en el país para alcanzar ese requerimiento ambiental tendría un costo que iría entre US$ 2.000 y US$ 2.500 millones, sin embargo, esa adecuación no favorecería el mal desempeño económico que tienen estas instalaciones actualmente y la baja competitividad respecto a la industria mundial.

“La inversión que se necesita para llegar a una captura de 95% tiene un VAN negativo para el país, porque las fundiciones van a seguir perdiendo dinero. Vamos a invertir US$ 2.500 millones para tener fundiciones que sí captarán el 95%, pero seguirán con una situación competitiva desfavorable. Esa inversión no se recupera si no se hace un cambio tecnológico mayor en la operación”, describe el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno.

Por esto mismo es que tras este informe se abrió un intenso debate con varias puertas abiertas. ¿Es necesario que el país mantenga una industria que no es competitiva respecto a los otros países que tienen fundiciones? ¿Invertimos sólo en su aspecto ambiental o damos un salto más grande? ¿Por qué si mayoritariamente el país exporta concentrados requiere mantener fundiciones cuya tecnología es de hace casi medio siglo?

Panorama actual

Para entender parte de estas interrogantes es necesario describir el segmento de la fundición en Chile y su participación mundial. De las siete fundiciones que producen cátodos y ánodos de cobre en el país, cinco son de origen estatal y dos privadas. Codelco es dueña de las instalaciones de Chuquicamata, Potrerillos (Salvador), Ventanas y Caletones (El Teniente); mientras que a Enami pertenece la Fundición Hernán Videla Lira (Paipote). En el mundo privado, Anglo American es dueña de Chagres, y Glencore controla Altonorte. En conjunto, ellas funden 1,4 millones de toneladas del cobre que se produce en Chile, es decir, casi un 25% del total exportado por el país. El resto se envía al exterior en forma de concentrados (2,5 millones de toneladas) y cátodos de SXEW (1,8 millones) o lixiviados.

A nivel mundial, Chile es el tercer competidor en el segmento de cobre fundido, con una participación de 10%, superado por Japón, que maneja el 12%, y China que ostenta el 30%, según datos del gobierno. El problema es que, mirando la curva de costos de todas las fundiciones del mundo, las cinco chilenas que son de propiedad pública tienen un margen negativo, ubicándose al final de la tabla de competitividad. Y algo similar ocurre al observar los indicadores ambientales como las capturas de SO2: la mayoría de las chilenas se ubican en el último cuartil de la industria mundial y, de hecho, el promedio nacional supera levemente el 92%, por debajo del 96,5% que promedia China, y el 99% de Japón, de acuerdo a indicadores de la consultora Wood Mackenzie a 2014. Entre las chilenas, es justo destacar que las privadas son las que más se han modernizado con el tiempo.

Poder de negociación

Pese a este panorama negativo, el subsecretario Moreno es un convencido de la necesidad de que este segmento de la minería se mantenga en el futuro. Explica que el país está produciendo concentrados cada vez más complejos, con altos componentes de arsénico, por el cambio geológico en la composición de las minas, que ahora son a mayor profundidad. Estos concentrados si bien podrían ser procesados en esos mercados, tendrían una penalidad muy fuerte en su valor. Lo peor es que el grueso de la producción futura de cobre nacional será exportada como concentrados. De los 8 millones de toneladas que podría estar produciendo el país en 2025, 5,2 millones serán concentrados. Por eso, dice que se necesita una industria de fundiciones que ayude a enfrentar este problema.

Adicionalmente, Moreno describe que, de perderse estas instalaciones, el país no podría incidir en las negociaciones de precio del cobre y quedaría supeditado a la decisión de la industria china, la que en el futuro podría alcanzar alrededor del 60% del mercado y con ello dominar a su arbitrio los contratos de abastecimiento y sus bonificaciones.

Por estos factores es que desde el Congreso la petición es que se piense en una política pública que fortalezca este segmento del negocio, más que pensar en deshacerse de él. Entre las presentaciones realizadas a la comisión de Minería y Energía, varios de los invitados sostuvieron que es necesario realizar un reemplazo gradual de las actuales fundiciones por plantas de mayor tamaño y tecnologías de alto desempeño ambiental, ya sea por la vía pública o privada, o por ambas en conjunto.

La visión pública

Dados estos argumentos y retomando la actual discusión respecto a la norma sobre emisiones, en el Ministerio de Minería, Moreno dice que el trabajo de esa cartera está enfocado más bien en buscar una mayor productividad y competitividad de este subsector, que en preocuparse de un atraso en la vigencia de la normativa.

Mientras, en Medio Ambiente el ministro Pablo Badenier es mucho más enfático a la hora de pronunciarse a favor de que no se retrase. Incluso, en la propia comisión del Senado dijo que no estaba de acuerdo en su postergación porque las compañías ya han tenido tiempo suficiente para buscar la adecuación, al igual que antes ya se modernizaron otras industrias.

Desde Codelco, su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, se muestra más bien proclive a apoyar la suspensión. “Las fundiciones de Codelco, y en general las del país, son sumamente antiguas, por lo tanto, necesitan mucha inversión de capital para intentar salir de los precarios costos de operación que tienen. Entonces, lo que nosotros apoyamos es la idea que dice para qué vamos a hacer un paso intermedio que nos va a costar US$ 1.200 millones… mejoremos los estándares que hoy tenemos, y posterguemos (la norma) unos dos o tres años y vamos al tiro al 98% de las capturas”.

La estatal es la que debe hacer la mayor inversión para adecuarse a la nueva normativa, dado que es la que tiene instalaciones más antiguas, que datan de los años 60. Aunque por ahora no tiene aprobados los fondos, se espera que el directorio de la compañía aborde este tema en su reunión de este mes, analizando las distintas opciones económicas en que ha estado trabajando la firma durante todo este año. Una situación similar ha ido trabajando Enami, que ha buscado distintos caminos para materializar los cambios solicitados.

Al margen de ello, Moreno cuenta que en el ministerio están trabajando en una política pública para enfrentar el tema. “Lo que estamos haciendo es generar proyectos de desarrollo tecnológico para incorporar tecnología o adaptarla desde el exterior y usarla localmente. Tenemos un trabajo cooperativo con el gobierno chino, país que dio un salto importante en esta materia en los últimos quince años”, cuenta.

Dice que modernizar tecnológicamente por completo las fundiciones existentes podría costar unos US$ 5.000 millones, algo similar a lo que otras fuentes proyectan para la inversión que se requeriría si se instalaran dos grandes fundiciones – una en el norte y otra en la zona centro del país- con capacidad de procesamiento mayor a 1 millón de toneladas, capaces de fundir el concentrado de varios yacimientos a la vez. Por ahora, todas las opciones están abiertas.

EL TRABAJO DE ENAMI

Por tratarse de una empresa pública, que cumple un rol subsidiario con la mediana y pequeña minería, Enami es la que podría enfrentar mayores dificultades para la obtención de los recursos para modernizar su fundición. Al margen de ello, la compañía ya ha avanzado en el trabajo de definir qué caminos podría tomar.

El gerente de Modernización FHVL (Fundición Hernán Videla Lira), José Andrés Herrera, cuenta que durante este último período la compañía “ha evaluado distintas alternativas para lograr el cumplimiento de la norma de emisiones para fundiciones de cobre en Chile. La más desarrollada ha sido la continuidad operacional de la fundición (modernización), la que junto con un mejor desempeño ambiental, también se le exige que sea económicamente sostenible y sustentable”. Dice que de todos modos se están evaluando otras alternativas para contrastar y buscar la que sea más conveniente. Por esto mismo es que aún no hay una definición precisa del monto de recursos que necesitará. “Será en función de la alternativa que se tome”, explicó, sin entregar plazos.

Las siete fundiciones chilenas procesan el 9% de los concentrados del mundo, por debajo de Japón y China -que tienen el 12 y 30%, respectivamente-, pero con un nivel de emisiones mucho más alto.
95%  DE LAS EMISIONES que emiten las fundiciones es la meta a capturar a 2018. En la actualidad el promedio es de 92%.

La mantención de las fundiciones es necesaria para procesar los minerales cada vez más complejos de los nuevos yacimientos, y además para conservar un poder de negociación en el precio del cobre.

5.000 MILLONES DE DÓLARES podría implicar una modernización completa de las actuales fundiciones para que puedan competir con estándares internacionales.

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