Estados Unidos y su nueva política ambiental

¿Tiene esta nueva política de Estados Unidos alguna repercusión para Chile? La respuesta es si. Fuente: El Periodista, 16 de septiembre, 2015.


El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de anunciar un ambicioso plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Esto marca un cambio importante en la política ambiental de ese país ya que hasta ahora no mostraba una intención clara de implementar politicas para mitigar el cambio climático. Además, dicho plan tendrá impactos sobre Chile. En noviembre próximo se celebra en Paris la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático donde se esperan acuerdos serios en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y se debieran sentar las bases de las políticas ambientales para los próximos años. Hasta ahora, Estados Unidos se había negado a comprometer bajas en sus emisiones. Sin embargo, para la próxima cumbre esto pareciera puede cambiar.

El plan diseñado por la agencia norteamericana de protección ambiental (EPA) consiste en establecer sistemas de permisos transables estatales y uno federal. Analicemos en que consiste esta politica. Los sistemas de permisos transables de polución (SPT) han sido una de las políticas ambientales más utilizadas durante las dos últimas décadas en el mundo. Tienen una fuerte orientación de mercado. El gobierno fija un tope para la contaminación por periodo y entrega permisos de contaminación a las firmas. Dichos permisos pueden ser trancados libremente en el mercado y al final del periodo cada planta o firma respalda cada unidad de emisión con un permiso. Estos SPT tienen una clara ventaja con respecto a las políticas de comando y control -o normas de emisión- en las que el gobierno obliga a las firmas a reducir la contaminación en una proporción fija. Con un SPT, en cambio, cada planta puede decidir cómo reducir su contaminación (comprar equipamiento para abatir, utilizar insumos más limpios, bajar la producción o simplemente comprar más permisos). La decisión que tome cada firma dependerá de su función de costos especifica. Esto genera una práctica mucho más barata en agregado y minimiza los costos del sistema en su coniunto. En comparación con los impuestos a la polución, un SPT es más fácil de implementar políticamente ya que el gobierno suele entregar una cierta cantidad de permisos gratis lo que compensa, en gran medida, los efectos adversos de la subida de costos por la regulación. En el caso de impuestos, las firmas deben pagar en su totalidad el precio por unidad de CO2 emitida. Si los impuestos recaudados por el gobierno no son devueltos a las firmas, la calda de los beneficios es mayor que en el caso de los SPT. Finalmente, al fijarse un tope de polución se puede predecir exactamente cuál será el nivel de contaminación. En cambio, con impuestos y si existe incertidumbre puede suceder que la contaminación sea menor o mayor a lo planeado.

En Estados Unidos, el objetivo de esta nueva politica es reducir los GEI de las generadoras eléctricas que usan carbón o gas en 32% para el 2030 (comparado con las emisiones de 2015). El sector eléctrico contribuye en un 40% con el total de las emisiones de CO2 de ese pais.

La politica norteamericana estipula, primero, una meta de reducción de emisiones para cada estado. Existen dos clases de metas: una del total de toneladas de CO2 emitido y otra meta medida en libras de CO2 por MWh. Cada estado no solo tiene la flexibilidad de optar por una de estas medidas sino también de decidir cómo llegar a la meta. Pueden inclusive trabajar en planes conjuntos con otros estados si las redes están interconectadas.

El gobierno sugiere fuertemente el uso de SPT estatales ya que, como indicamos antes, dicha política permite minimizar los costos. También existe la opción de participar de un SPT federal. Cada estado deberá entregar a más tardar su plan final para la reducción de las emisiones en septiembre de 2018, que debe abarcar los siguientes 15 años de la regulación, especificando las metas finales y los objetivos por etapas.

En definitiva, el plan propuesto por la EPA da suficiente flexibilidad tanto a nivel estatal como a las empresas eléctricas para poder reducir la contaminación al menor costo posible.

REPERCUSIONES PARA CHILE

Ahora bien, ¿tiene esta nueva politica de Estados Unidos alguna repercusión para Chile? La respuesta es si. El hecho que Estados Unidos esté implementando, por primera vez, una politica para reducir CO2 puede generar presiones para que otros paises también lo hagan, aún en economías pequeñas como el caso de Chile. El resultado de las negociaciones en Paris en noviembre será muy importante para saber cuál es la perspectiva en cuanto a metas y políticas para combatir los GEL Si Estados Unidos se compromete a reducir las emisiones, es probable que durante las próximas décadas varios países que han sido reticentes lo deban seguir. En especial China, que hasta ahora no ha tomado ninguna medida aduciendo que si Estados Unidos no se alinea ellos tampoco lo harán. Si la disminución de los GEI es coordinada no debería tener mayor repercusión en la competitividad de Chile. Sin embargo, dado que ahora pertenecemos a la OCDE, quizás puede existir más presión para que se tomen medidas de reducción de 6E1. Esto podría generar un impacto negativo para la competitividad si otras economías medianas de la región no se ponen metas ambientales. En definitiva, los escenarios son muchos. Será en la Cumbre de Paris donde resolverá gran parte de esta incertidumbre.

Finalmente, cabe recordar que durante los últimos años, Chile comenzó a establecer politicas para disminuir sus emisiones de CO2. En 2014 se anunció un impuesto al CO2 de US$5 por tonelada. Adicionalmente, desde 2010 está vigente la politica que promueve el uso de energías renovables mediante un sistema de cuotas forzadas a las generadoras grandes. Esto implica que si el resultado de las negociaciones en París es efectivamente pro diminución de GEI, Chile estaria en un camino avanzado en materia medio ambiental.

1 Comment

  1. Las reducciones en la generación de GEI, debería de ser un compromiso moral de cada país con el mundo y no un nuevo componente del sistema de mercado, lo cual es una manera de llevar el bienestar de la población mundial a un campo nuevo en donde el neoliberalismo entrará en una nueva etapa: fijarle un precio al bienestar ambiental.