Guerra por expropiación de derechos de aguas en su punto de ebullición

Luego de votarse varios artículos que modificaron el Código de Aguas en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, el polémico proyecto de ley se está debatiendo intensamente en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural del mismo hemiciclo. El mundo minero, el hidroeléctrico y principalmente el agrícola, esperan revertir las indicaciones más conflictivas en la instancia, que, según afirman, afectarían el crecimiento y el desarrollo del país.

Unos de los cambios más controversiales es la posibilidad de ceder el título de propiedad sobre las aguas y caducarlos por diversas razones, entre ellas, la no utilización del recurso por un período que aún está en discusión.

El presidente de los canalistas del Melado, Carlos Diez, en su exposición frente a la instancia de Agricultura, señaló que de acuerdo con la Constitución, “los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a los titulares la propiedad sobre ellos, y eso es algo que hoy día se está planteando perder frente a las nuevas modificaciones”. Asimismo, agregó que “la mayor preocupación es la confiscación o privación inconstitucional de nuestros derechos de agua por parte del Estado sin contraprestación o pago alguno”.

Por su parte, Demetrio Zañartu, director de la junta de vigilancia del río Maule, en su exposición frente a la Comisión enfatizó que “no puede ponerse en duda el valor de la propiedad que Chile ha tenido por tiempos inmemoriales, cualquier cosa que influya en eso va a influir en el desarrollo de este país, el tema de la propiedad de los derechos se debe dejar absolutamente claro. Como se está presentando este proyecto no nos gusta, y no nos gusta por muchos lados”.

ATRIBUCIONES DE LA DGA

En tanto, el presidente de la SNA, Patricio Crespo, quien está invitado a exponer los puntos de vista del agro el próximo martes 24 a la instancia parlamentaria, discrepó de las atribuciones que recaerán en la Dirección General de Aguas (DGA) con las modificaciones, entre ellos, autorizar el uso del recurso, lo que se podría aplicar de forma retroactiva. “Esta prerrogativa para la DGA sería enteramente inconstitucional. El derecho de agua en Chile solo admite limitaciones al ejercicio del derecho que se atengan a los preceptos constitucionales que amparan el derecho. Esa facultad atenta contra la libertad de ejercicio del derecho consagrado en la Constitución”, sostiene el líder de los agricultores.

Aún más incisivo es Miguel Ángel Guzmán, gerente de la junta de vigilancia del río Tinguiririca, en su exposición frente a la Comisión de Agricultura al considerar ilógicas las atribuciones al organismo gubernamental. “Creo que se le están dando atribuciones a la DGA que no corresponden, como de ser juez y parte en algunos procesos; hoy en día para perfeccionar o hacer algunas otras regularizaciones de título es necesario demandar a la misma DGA y sería ilógico que la misma demandada a la vez fuera juez en el mismo proceso”, precisa, agregando que “por eso es que nosotros solicitamos tribunales de agua, especializados en el tema hídrico”.

En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de las Generadoras, Claudio Seebach, había señalado previamente que “darle mayores atribuciones a la DGA, la cual hoy tiene serias limitaciones para cumplir con sus actuales facultades en los tiempos requeridos, requiere fortalecer su capacidad de gestión, para que realmente pueda cumplir con las atribuciones y responsabilidades que la ley le otorga hoy y en el futuro, y no ser por tanto un impedimento al desarrollo de proyectos”.

HIDROELÉCTRICAS

Respecto a los posibles conflictos entre agricultores e hidroeléctricas por los derechos de aprovechamiento, Crespo puntualizó que “el Código define cada derecho (derechos consuntivos y no consuntivos) y eso determina la forma en que se deben ejercer, sin afectación entre ambos. Cuando hay conflictos, se deben resolver interpretando la ley. Se podría eventualmente avanzar en su explicitación en el Código, de modo de evitar la judicialización de los conflictos”.

En ese sentido, Zañartu reveló que “hemos llegado a acuerdos muy importantes con Colbún y Endesa en el manejo y la acumulación de las aguas en el período de pretemporada donde tenemos derechos que necesariamente no podemos usar porque ha llovido mucho. Y si bien no hemos modificado suficiente los estatutos para asentarlos, y hacerlos partícipes de esto, sí son hoy día integrantes de nuestra junta de vigilancia”. Seebach concuerda y agrega “para el mejor manejo del agua es necesario fortalecer la capacidad de organización de las asociaciones de usuarios en las distintas cuencas, lo que permite reducir los potenciales conflictos”.

AGUAS DELMINERO

Otra indicación que causa controversia es la que modifica las aguas del minero, esto es, que un concesionario minero cuando encuentre agua producto de exploraciones o explotaciones, solo podrá utilizarla para sus faenas si informa a la DGA y solicita su autorización para usarla, norma que a su vez podría aplicarse de forma retroactiva.

El gerente de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, explicó que “estamos totalmente de acuerdo con que estas aguas se informen y así lo hemos venido sosteniendo por varios años”.

Agregó que “el problema que vemos está en la autorización de uso por parte de la DGA. Por un lado, no se sabe qué va a hacer la empresa con el agua que extrae mientras la DGA evalúa la respuesta. ¿Significa que la empresa se va a ver obligada a construir instalaciones para embalsar el agua a la espera de una respuesta? Conocida es la sobrecarga de la DGA y sus dificultades para emitir pronunciamientos en plazos acotados”.

El ejecutivo concluye subrayando que “vemos que, a excepción del tema de la información, la modificación es innecesaria e inconveniente”.

“Cuando hay conflictos, se deben resolver interpretando la ley. Se podría eventualmente avanzar en su explicitación en el Código, de modo de evitar la judicialización de los conflictos”, dijo Patricio Crespo.

“Creo que se le están dando atribuciones a la DGA que no corresponden, como de ser juez y parte en algunos procesos”, afirmó Miguel Ángel Guzmán.

“La mayor preocupación es la confiscación o privación inconstitucional de nuestros derechos de agua por parte del Estado sin contraprestación o pago alguno”, sostuvo Carlos Diez.