Citan a declarar a ex máximos ejecutivos de Barrick

A raíz del proceso de sanción de la SMA. Se realizará el seis de enero a las 10:00 horas en Santiago y habrá visita a la cordillera el 19 y 20 de enero. Fuente: Diario Financiero, 22 de diciembre, 2015.


Pese a que renunciaron a Barrick, un par de ejecutivos deberá recordar lo que fue su anterior trabajo. Esto, dada la citación realizada por la Superintendencia del Medio Ambienta (SMA) para declarar en el proceso sancionatorio contra Pascua-Lama.

El 6 de enero a las 10 de la mañana deberán asistir al edificio de la SMA, en Teatinos 280, el ex director ejecutivo de Barrick Chile, Eduardo Flores, además del ex superintendente de Recursos Hídricos del proyecto, Susan Henry, y el ex gerente regional de permisos ambientales de la iniciativa, Manuel Tejos.

La citación incluye a tres personas más. Uno de ellos es el actual director del proyecto, Sergio Fuentes, también el actual gerente de Medio Ambiente y Permisos, Alejandra Vial, y Jaime Solari, fundador de SGA, asesora ambiental de la minera.

El término probatorio abierto por la SMA también incluye, por ejemplo, información histórica que proporcione Barrick sobre calidad y monitoreo de aguas.

Asimismo, se decretó la inspección personal a Pascua-Lama, “encabezada por la fiscal instructora titular, en conjunto con profesionales idóneos de la Superintendencia de Medio Ambiente y del SAG. Esta diligencia se llevará a cabo los días 19 y 20 de enero de 2016, a partir de las 09:00 horas cada día”, señala el documento.

Se solicitó que la división de Fiscalización de la SMA realice una evaluación de riesgo a la salud de la población.

Otro de los puntos que incluye el oficio es la solicitud a Sercotec, Corfo y Fosis, para que entreguen información sobre organizaciones agrícolas o agricultores de la comuna Alto del Carmen que estén afiliados a programas de apoyo que estas instituciones entreguen.

La empresa está a la espera de que la SMA reformule la multa al proyecto de mayo de 2013, que alcanzó a 16.000 UTA (unos

US$ 16 millones de la época). El proceso se reabrió después de una serie de impugnaciones ante el Tribunal Ambiental de Santiago, que declaró la ilegalidad de la sanción.

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