La agenda económica captura la agenda ambiental

En general todos tenemos claro que el gobierno es uno solo y que “donde manda capitán, no manda marinero”. Lo que se refleja en el poder que tienen algunos ministros por sobre otros y que, a pesar de la existencia de temáticas sectoriales o de interés público, son los ministros poderosos los que imponen la agenda gubernamental pública.

Lo anterior es muy evidente cuando se habla de temas ambientales, los cuales en general implican inversiones y tienen impactos económicos. Sin duda la opción de este gobierno –al igual que la de los anteriores– es privilegiar la inversión por sobre la protección de las personas o el medio ambiente. En forma recurrente las problemáticas ambientales son vistas como “lomos de toro” y no existe conciencia en las autoridades de la importancia que tiene resguardar el medio ambiente para sostener nuestra propia calidad de vida.

En realidad, la importancia de la protección ambiental, el resguardo de los ecosistemas y la salud de las personas, sería mucho menos visible sin la existencia de ONGs, comunidades locales e indígenas, las que se han encargado de poner estas temáticas en la agenda pública. Pues de verdad el tema ambiental es incómodo y molesto para los gobiernos de Chile, ya que los sitúa en la disyuntiva de si proteger el medio ambiente y las personas u optar por la agenda de los grandes consorcios empresariales y escudarse en temas económicos y de empleo. Por desgracia, la mayoría de las veces gana esto último y luego de más de 20 años de la existencia de la ley ambiental y de más de 18 años de funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), poco ha cambiado.

Sin embargo, hay que reconocer algún avance en la institucionalidad ambiental, ya que desde el año 2010 tenemos Ministerio de Medio Ambiente y Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); además, desde diciembre del año 2012, se erigió la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y luego los Tribunales Ambientales. El problema es que no todas estas instituciones públicas son tan independientes del poder político como se esperaría.

Lo cierto es que la esencia de la doctrina ambiental que rige a los sucesivos gobiernos sigue siendo la misma: “Facilitar los proyectos de inversión privada por sobre consideraciones ambientales”.

Si había alguna expectativa de cambio en este mandato de Bachelet, no duró mucho, pues rápidamente quedó claro cuál ministerio mandaba, cuando en 2014 el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dio a conocer la agenda Proinversión. Esta, en realidad, era una agenda en la cual el gobierno prometía a los empresarios destrabar proyectos de inversión. Prueba de ello es el listado de proyectos priorizados que se asoció a la agenda. Todo esto –evidentemente– sin importar si habían sido aprobados ambientalmente o no.

Lo anterior trae a la memoria, una vez más, las palabras del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle: “Ninguna inversión se detendrá por consideraciones ambientales”. Y es que, pese a los años transcurridos desde esta reveladora frase, nada ha cambiado. En los últimos 16 años, ni el gobierno de Ricardo Lagos, ni el de Sebastián Piñera, ni los dos mandatos de la Presidenta Bachelet, han logrado establecer una agenda que realmente se preocupe del medio ambiente, de los bienes públicos, los ecosistemas y los habitantes del territorio. Lo que importa es aprobar proyectos y “activar la economía”.

Tal vez entre lo poco que podemos destacar en este ámbito, se cuenta que tenemos una población más sensible a las temáticas ambientales, más consciente de los impactos negativos que generan proyectos contaminantes o sobre los impactos en las economías locales que generan los megaproyectos. Asimismo, hoy las comunidades saben que pueden dar una batalla con posibilidades de éxito, pero que puede ser larga, solitaria y dura. Al parecer no tienen otro camino si se quiere mantener la dignidad.

Hace unos días la prensa nacional ha publicado un interesante artículo, en el cual se señala que desde la llegada del ministro Valdés a la cartera de Hacienda, la agenda Proinversión es responsabilidad del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y que este es el encargado de destrabar los proyectos de inversión. Es más, el artículo señala claramente el monto de la inversión aprobada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) este año y la compara con el mismo periodo del 2014, apuntando que solo estamos un 18% más bajo en 2015. Lo curioso de todo esto es que a nadie le importa si los proyectos fueron bien o mal evaluados, si generan o no impactos negativos en las comunidades donde pretenden emplazarse, menos aún les interesa lo que opinan las personas sobre los mismos. Lo único que vale es que hay inversión y que los impactos ambientales pueden ser enmascarados, disfrazados u omitidos.

Los que algo conocemos el SEIA y sabemos el tipo de problemas que existen, tenemos claro que esta es una normativa muy desigual, que beneficia a los empresarios por sobre las comunidades.

Entonces, ¡por favor!, no esperen que el SEIA cuente con la confianza, legitimidad y respeto de todos los habitantes de Chile. No se ilusionen con que no existan conflictos socioambientales o que las comunidades acepten los proyectos. Para que esto suceda, hay que tener la voluntad política de hacer cambios profundos y entender que el control ambiental es una inversión estratégica y no un costo para el país. Lamentablemente la realidad aún está muy lejos de esta premisa, pues una vez más la agenda ambiental fue capturada por la agenda económica.