SEA recomienda aprobar estudio ambiental de megatorres

Aprobación del proyecto Cardones-Polpaico deberá ser votada en las próximas semanas por una comisión de evaluación. Surgieron críticas a la decisión. Fuente: El Mercurio de Valparaiso, 1 de diciembre, 2015.


La evaluación ambiental del proyecto de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico entra a su recta final: tras 21 meses desde que la empresa Interchile ingresara ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el organismo entregó uno de los informes finales del proceso y recomendó -en nombre de la dirección ejecutiva del organismo- aprobar el proyecto a cargo de la filial en Chile de la empresa colombiana ISA.

El proyecto de US$ 1.000 millones, que busca unir las subestaciones energéticas Tiltil y Copiapó, a través de una carretera eléctrica que incluye cerca de 1.700 torres de alta tensión, en poco más de 750 kilómetros, y que cruza cuatro regiones el país (Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana), fue considerado por el SEA como un proyecto que “cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable”, y también con “los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales aplicables”.

La entrega del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) forma parte de una de las últimas etapas del proceso de evaluación ambiental, y se espera que en los próximos días los servicios involucrados en la discusión del trazado eléctrico entreguen el visado del documento. Hasta el cierre de esta edición, solo habían respondido la Dirección de Obras Hidráulicas de Coquimbo, la seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, el Servicio Agrícola Ganadero de Santiago y la Corporación Nacional Forestal de Atacama.

Con la entrega del documento, la última etapa del proceso ambiental consiste en la votación del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, cuyo pronunciamiento oficial – al tratarse de un proyecto interregional – será liderado por la dirección nacional del servicio, liderada por su director, Jorge Troncoso, además del Comité de Ministros. Según el cronograma del mismo organismo, la votación – que da paso a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -, debería producirse durante las próximas dos semanas. Allí se conocerá si se aprueba o no el proyecto energético.

LEVANTAN SUSPENSIÓN

La suspensión de la tramitación ambiental realizada por el SEA a principios de octubre, por considerar que la empresa no había cumplido con el proceso de consulta indígena que exige la ley, había puesto en tela de juicio los plazos establecidos por Interchile, que indicaban que los inicios de obras comenzarían durante el primer trimestre del próximo año.

Sin embargo, un día antes de que el organismo diera a conocer el ICE, levantó la suspensión ambiental que afectaba al proyecto. Según se indica en el documento, Interchile suscribió un Protocolo de Acuerdo Final (PAF) con la comunidad indígena Diaguita Chipasse Ta Tatara, que justamente participó en el proceso de consulta a los pueblos indígenas.

“En la actualidad, han cesado las circunstancias que dieron lugar a la medida provisional de suspensión aludida (…) Se ha elaborado el informe final de dicho proceso, no siendo necesaria, en consecuencia, su mantención en el tiempo”, indica el documento firmado por el director ejecutivo.

Con eso, el organismo inmediatamente oficializó el informe de más de 200 páginas, en el cual se confirma que el proyecto incluye la construcción de torres eléctricas, subestaciones nuevas y ampliaciones de otras, y diferentes caminos que permitan la ejecución de las obras mencionadas.

Junto con ello, se agrega que el proyecto no se desarrollaría por etapas y que la superficie intervenida correspondería a 689 hectáreas, siendo veinte comunas del país las que se verían involucradas; diez de ellas de Valparaíso: La Ligua, Papudo, Zapallar, Puchuncaví, Quintero, Quillota, Limache, Villa Alemana, Olmué y Quilpué.

Una de las tres justificaciones a la que el SEA aludió para recomendar la aprobación del estudio ambiental era que el proyecto cumplía con la normativa de carácter ambiental aplicable, la que estaba presente en el Capítulo 10 del informe.

MITIGACIONES

Una de esas normativas a la que la empresa se comprometió a cumplir fue la de evitar contaminaciones o emisiones atmosféricas que afecten la composición del aire. Pero también, el organismo reconoció en el informe que el proyecto energético “propone medidas apropiadas, que se han cargo de los efectos, características o circunstancias”, lo que significa que las medidas de mitigación propuestas por Interchile fueron “aceptadas” por el SEA. Entre dichas mitigaciones, destaca la construcción de obras de drenaje y la revegetación de los suelos que serán intervenidos.

Otro de los detalles que se incluyen en el informe, junto con las medidas de mitigación, son las compensaciones a las comunidades que se verían afectadas por el trazado eléctrico. Entre ellas, la empresa propuso mejorar las áreas verdes a nivel comunal, la construcción de viveros comunitarios y de espacios que promuevan el atractivo turístico, como por ejemplo en la Cuesta La Dormida, en Olmué.

DISCONFORMIDAD

Como era de esperar, las recomendaciones formuladas por el organismo no cayeron bien en las autoridades que integran las comunas por donde pasarían los 750 kilómetros de torres eléctricas. Uno de los alcaldes más detractores del proyecto, y quien ha participado de la firma de la “Declaración de Catapilco” en sus dos oportunidades, es el de Limache, Daniel Morales.

Al respecto, el jefe comunal aseguró que el anuncio era “esperado, pero no deseado”, puesto que “era lógico que un proyecto que está blindado por el Gobierno tuviera su aprobación con la velocidad de los tiempos y en la forma en que se dio”.

El alcalde agregó que en los próximos días solicitará una reunión con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien ha considerado al proyecto como “clave” para la conectividad y las aspiraciones energéticas del país. “Aquí se tiene que cumplir la palabra empeñada desde el ministerio. El tema es cómo se cumple y como el Gobierno tiene la fuerza suficiente, como mandante, para que pueda hacer valer los cambios que en el trazado que en algún momento se comprometieron”, sostuvo Morales.

En tanto, el diputado por la zona norte de Valparaíso, Christian Urízar (PS), coincidió con las palabras del alcalde de Limache e indicó que es el Gobierno quien “erradamente tiene la decisión de que este proyecto se lleva a cabo o no”.

A su juicio, uno de los principales problemas que han acaecido al trazado eléctrico es que no ha contado con la participación ciudadana “en ninguna región”. “Es imposible que en una comuna tan chica como Zapallar se hayan hecho 16 reuniones en dos días y ningún concejal ni el alcalde se hayan enterado. ¿Qué pasa entonces? No se hicieron esas reuniones”, dijo el parlamentario.

“DICTADURA AMBIENTAL”

A pesar de que desde Interchile han señalado que llegaron a un acuerdo con más del 70% de los propietarios de terrenos por donde pasaría el proyecto, aún existen una serie de recursos judiciales interpuestos por comunidades que consideran el proyecto como dañino. Algunas de esas causas han sido lideradas por el abogado Juan Carlos Urquidi, quien consideró la actual situación como una “dictadura ambiental impuesta por el Gobierno”.

“No es ninguna sorpresa porque la arbitrariedad del SEA es manifiesta, es absoluta. Uno no puede pensar que va a aprobar un EIA cuando se consta que no se están cumpliendo leyes que se tienen que cumplir. No sé cómo recomienda aprobar un ICE cuando cinco municipios, al menos, rechazan el proyecto. Eso no tiene antecedentes en nuestra historia ambiental”, dijo el abogado.

Y agregó: “El proyecto no tiene medidas de mitigación ni de compensación, no se hizo una participación ciudadana en términos reglamentarios, incumple con la normativa ambiental aplicable, el trazado no responde -en términos de construcción- a lo es lo óptimo desde el punto de vista de compensar a las comunidades”.

Si bien desde Interchile decidieron no comentar la situación, aseguraron -a través de un comunicado- que reciente informe es el “último paso de la tramitación”, y que el proyecto Cardones Polpaico “es considerado estratégico para el desarrollo del país”.

“Era lógico que un proyecto que está blindado por el Gobierno tuviera su aprobación con la velocidad de los tiempos y en la forma en que se dio. Era un anuncio esperado, pero no deseado”

Daniel Morales, Alcalde de Limache

“Es el Gobierno quien erradamente tiene la decisión de que este proyecto se lleva a cabo. Es imposible que en Zapallar se hayan hecho reuniones y nadie se haya enterado (…) nunca se hicieron”

Christian Urízar, Diputado PS

ABOGADO ADVIERTE FUTURAS TRABAS

El abogado Juan Carlos Urquidi, representante de las municipalidades de Zapallar y Puchuncaví, advirtió que el proceso de evaluación ambiental está lleno de “vicios de nulidad” y que el proyecto puede sufrir algún tipo de revés. “En cualquier momento cualquiera lo va a sacar, lo va a bajar y no lo van a poder financiar. Puede ser en 30, 60 días o seis meses más. No es un tema de plazos, sino de hacer las cosas bien. Aquí hay una instrucción política que no tiene ningún fundamento técnico. Son grandes impactos y nadie explica qué es lo que va a pasar acá. No se puede aprobar un EIA que está ilegalmente tramitado y es técnicamente insuficiente”, sostuvo.

1.700 torres de alta tensión de 500 kilovoltios (Kv) conectarían las subestaciones Cardones y Polpaico en cerca de 690 hectáreas comprometidas. Proyecto fortalecería el Sistema interconectado Central (SIC).

753 kilómetros es la extensión del proyecto Cardones-Polpaico. El trazado eléctrico atraviesa 20 comunas pertenecientes a las regiones de Atacama, Coquim bo. Valparaíso y Metropolitana.

US$1.000 millones es la inversión contemplada para el proyecto de megatorres. La fase de construcción estimada es de 18 meses y en el informe se considera que tendrá una vida útil indefinida.

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