Nuevo plan “antiesmog” aplica restricción permanente a más de un millón de catalíticos

Disposición, que regirá entre el 1 de mayo y 31 de agosto, afecta a modelos anteriores a 2012. Fuente: El Mercurio, 6 de enero, 2016.

En octubre se cumplirán 25 años desde que se publicó el decreto que en 1991 eximió a los vehículos con convertidor catalítico de cualquier restricción vehicular en Santiago. Las autoridades de la época promovían la medida y prometían que quienes optaran por la tecnología menos contaminante podrían circular libremente en días críticos de contaminación.

La medida fue un éxito: los no catalíticos apenas llegan hoy a 46 mil y los vehículos con sello verde rozan los 1,8 millones.

Pero ese auge terminó por quebrantar la promesa oficial que originó el éxodo a los catalíticos: según el Ministerio del Medio Ambiente, los casi dos millones de autos aportan un 35% de la contaminación del sector transporte, que a su vez genera el 41% del material particulado fino (MP 2,5), el más dañino para la salud humana y al que se le atribuyen cuatro mil muertes al año.

Con este argumento, ayer las autoridades presentaron el anteproyecto del nuevo plan de descontaminación, que cuesta US$ 1.686 millones y generaría ahorros por US$ 7.707 millones en una década. El objetivo es reducir las emisiones de MP 2,5 en 60% en esos diez años y pasar de los 51 episodios críticos constatados el año pasado a solo cinco.

La medida central es una restricción permanente a los automóviles con sello verde fabricados antes de 2012, que suman un millón 96 mil 269 vehículos. Los posteriores a ese año (683.731) quedan exentos.

Así, entre cada 1 de mayo y 31 de agosto, cuando rige la temporada de gestión de episodios críticos, se prohibirá la circulación de dos dígitos diarios. Estos pasarán a cuatro cuando haya emergencia ambiental. Así, un vehículo tendrá restricción al menos 16 veces cada año.

“Esto es dinámico. La ciudadanía o las políticas públicas se tienen que ir adaptando a la realidad histórica (…) Sacar a la luz cosas que ocurrieron hace dos décadas, de automóviles que probablemente ya no están operando en la ciudad, no es relevante”, dijo el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo.

A su juicio, como la disposición es acotada, no debería incentivar la compra de un segundo vehículo.

El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, agregó que eximir los vehículos más nuevos busca incentivar el recambio de los que tienen convertidores con más uso y contaminan más. La restricción, precisó, reduce entre 7% y 10% en las emisiones.

Para el especialista en contaminación atmosférica de la Usach Patricio Pérez, la medida “es discriminatoria con gente de menos recursos, que no tienen la posibilidad de renovar sus autos con facilidad”.

El plan también aborda a los no catalíticos: entre mayo y agosto no podrán ingresar al anillo de Américo Vespucio. Tampoco los camiones de más de 12 años de antigüedad, que solo podrán transitar por autopistas. Además, los vehículos comerciales o de carga no podrán estar detenidos por más de cinco minutos con el motor encendido.

”La restricción permite generar disminuciones del orden del 7% al 10% por vehículos que dejan de circular y las mejores condiciones de tránsito que generan”.

PABLO BADENIERMINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE

”La medida esdiscriminatoria con la gentede menos recursos que notiene la posibilidad de renovarsus autos con facilidad”.

PATRICIO PÉREZESPECIALISTA EN CONTAMINACIÓNATMOSFÉRICA USACH

”El Gobierno estácoartando la libertad de desplazamientopara quienes se movilizany trabajan en sus autos, sin tomaren cuenta que iniciativas como elTransantiago son un fracaso”.

VICENTE FAÚNDEZPRESIDENTE DE AUTOMOVILISTAS UNIDOS DE CHILE

Constitucionalistas: medidas podrían afectar libertad de desplazamiento, y urge una ley que regule la restricción

La controvertida restricción para vehículos catalíticos no solo tiene aristas ambientales, sino también legales.

Según abogados constitucionalistas consultados por “El Mercurio”, la medida podría implicar una restricción a la libertad de desplazamiento de las personas por el territorio nacional.

Así lo plantea la abogada, académica y ex senadora Olga Feliú.

“Recordemos que en una oportunidad el Tribunal Constitucional se pronunció respecto de las medidas de descontaminación, en el sentido de que ellas deben respetar las garantías constitucionales (…) Sin embargo, hay que examinar el plan dentro de su mérito tal como está señalado, pues si estos vehículos (los que están afectados por la restricción) producen una contaminación menor que otros, puede tratarse también de una discriminación arbitraria”, señala Feliú.

El abogado, académico y ex embajador Arturo Fermandois cree que la principal falencia no está en la restricción, sino en la inexistencia de una ley que regule de manera efectiva su aplicación.

“No es que no se pueda restringir el uso del auto por razones medioambientales. Eso se puede. El punto es que no hay un sistema que cumpla con ser una ley, mientras los planes de descontaminación son decretos. Además (estos decretos) no tienen los niveles de certeza, determinación y especificidad que pide la Constitución”, señala Fermandois, advirtiendo que una ley sobre esta materia debiera indicar pormenorizadamente los detalles de cómo aplicar una medida de este tipo. “Todo esto debiera verse, evaluarse y ponderarse en el Congreso a través de un proyecto. Ya es hora de que eso suceda”, concluye.

Industrias: más exigencias y auditorías internacionales

Pese a que desde principios de la década de 1990 las autoridades establecieron el retiro gradual de ciertas fábricas desde el radio urbano de Santiago, hoy un 12% de las concentraciones de material particulado fino (MP 2,5) proviene de las llamadas fuentes fijas.

Para reducir la participación de las industrias en la polución, uno de los aspectos más novedosos del recién anunciado plan es el establecimiento de metas de emisión más estrictas para los grandes complejos industriales. Con ello, se busca que reduzcan la emisión de MP 2,5 hasta en 30%.

Para las grandes fuentes industriales, por ejemplo, se reducirá el umbral máximo de emisión de 112 mg/m {+3} N (miligramos por metro cúbico normalizado) anuales a 20 mg/m {+3} N anuales. También se fijará un límite de contaminación para los precursores, lo que implica que habrá normas para dióxido de azufre y para dióxido de carbono.

Asimismo, la iniciativa contempla poner en marcha auditorías internacionales para supervisar el cumplimiento de las metas en industrias que emitan más de 100 toneladas anuales de dióxido de azufre. Además, en un plazo de un año se rediseñará el sistema de compensaciones para que las industrias mitiguen sus emisiones contaminantes, y se establecerán nuevas condiciones para el uso de grupos electrógenos, su vida útil y su mantención.

Prohibición total de estufas a leña en el Gran Santiago

Según los expertos, la medida más audaz y efectiva del plan es la prohibición total de calefactores y cocinas a leña en la provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo (zona 1). El plan solo castiga humos visibles en días de emergencia ambiental por más de 15 minutos en comunas aledañas (zona 2) y anticipa una revisión del alcance de la prohibición en cinco años.

Según Ernesto Gramasch, especialista en contaminación de la Usach, es complejo fiscalizar esta medida. “Hay sectores donde se realizan quemas abiertas de leña y nadie los controla. Como la medida es muy amplia y la capacidad fiscalizadora no alcanza, el efecto va a ser poco y lo va a cumplir solo gente consciente de la contaminación, que es poca”.

Christian Cooper es gerente comercial de Bosca, uno de los mayores fabricantes de chimeneas y calefactores del país. A su juicio, la prohibición perjudica a los sectores de más bajos ingresos y ciertas áreas suburbanas y rurales. “Estas zonas quedarían sin posibilidad de utilizar este combustible, lo que les significará lamentablemente un mayor gasto en calefacción”, explica, detallando que hoy se construyen calefactores menos contaminantes. En ese sentido, Cooper remarca que los niveles de descontaminación de la capital se reducirán cuando se cumpla con el uso de leña con humedad inferior al 20% y una fiscalización efectiva de otras fuentes contaminantes.

Motociclistas: restricción es “absurda, ilógica e injusta”

El plan incorpora, en forma inédita, a las motos, dentro de la restricción vehicular, debido al auge que han experimentado en la última década: desde 2005 pasaron de 27.741 a 167.876 en 2014.

Según establece el anteproyecto, habrá dos dígitos restringidos durante toda la gestión de episodios críticos, los que serán ampliados a cuatro en días de emergencia ambiental.

La medida es profundamente criticada por la presidenta de la Asociación de Motoristas Pro Chile, Clara Espinoza, quien afirma que la restricción sobre estos vehículos es “absurda, ilógica e injusta”.

“El nivel de contaminación de una moto ni siquiera se compara con un auto o una micro, pues nosotros circulamos mucho menos. ¿Quién asume el precio que pagamos todos quienes invertimos en motos menos contaminantes? Es injusto que ahora cambien las reglas del juego. Además, a nosotros nunca nadie nos preguntó algo y tampoco están claros los detalles de la consulta pública”, sentenció Espinoza.

Las motos no son los únicos vehículos que ingresan a las regulaciones ambientales. El plan incluye medidas para regular a los cinco mil vehículos que forman parte de las maquinarias fuera de ruta, aquellas que trabajan en la construcción, por ejemplo. Para ellos se exigirá tecnología de reducción de material particulado y se creará una norma de entrada para la maquinaria nueva.

Ruta de la propuesta, hasta 2017

Con la publicación del anteproyecto de 77 páginas se inicia un proceso de participación ciudadana que incluye 30 actividades con la comunidad y abre un espacio para recoger opiniones, no vinculantes. Luego, hasta en 120 días, se elaborará el proyecto definitivo, que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Después, pasará a la Contraloría para su toma de razón. Las medidas entran en vigencia cuando el plan sea publicado en el Diario Oficial . Con ese cronograma se espera que el plan debute completamente en 2017, lo que impide cumplir el plazo fijado por el propio Gobierno para contar con las medidas este año. De este modo, en 2016 se volverán a tomar acciones a través de alertas sanitarias.