Dentro del nuevo proceso sancionatorio que está realizando.Como parte de la fase probatoria, expertos del organismo subieron ayer a la faena binacional. Fuente: Diario Financiero, 20 de enero, 2016
Pascua-Lama: SMA concreta peritaje para ver estado de instalaciones
Una de las fases medulares del proceso sancionatorio contra el proyecto minero Pascua-Lama, impulsado por la canadiense Barrick Gold, lleva adelante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por estos días.
Entre ayer y hoy, un equipo Iiderado por profesionales del ente fiscalizador subirán a la faena que se ubica entre los 4.400 y los 5.200 metros de altura. En una resolución del 15 de enero, la SMA aclaró que esta diligencia -que se enmarca dentro de la fase probatoria- tiene carácter de “inspección personal” y, por lo tanto, no es una fiscalización ambiental que tenga por objetivo constatar nuevos hechos o hallazgos distintos de los que hoy están en proceso de sanción.
Pero los fiscalizadores no subirán solos a la faena, ya que desde Compañía Minera Nevada -titular del proyecto- pidieron autorización para que a la visita fuera la abogada Francisca Olivares, Ignacio Mujica, Alexis Zepeda, gerente de Proyectos y Operaciones de Bioma Consultores Ambientales; Tania Altamirano, profesional de la misma empresa. Estos dos últimos en calidad de peritos. También pidieron ser parte de la comitiva el abogado Cristián Gandaril las junto a Gabriel del Río, en representación de Agrícola Dos Hermanso y Agrícola Santa Mónica, quienes están contra el proyecto.
Por las Comunidades del Valle del Huasco, el abogado Álvaro Toro solicitó la asistencia de Rubén Cruz y Jhon Meléndez, expertos en fiscalización comunitaria de Pascua-Lama; Orlando Macari especialista en vegetación y flora de montaña; y los estudiantes de geología Gonzalo Amigo y Catherine Medina. También solicitó asistir Nicolás del Río, en representación de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, y Solange Bordones, de la comunidad indígena Diaguita de Placeta. Si bien la sanción de Pascua-Lama viene desde 2013, fue anulada y declarada ilegal por el Tribunal Ambiental de Santiago, lo que luego fue ratificado por la Corte Suprema. Con esto, la SMA debió iniciar un nuevo proceso que parte desde la formulación de cargos.