Derrame en bahía de Quintero: Armada mantiene multas que superan los $1.200 millones

A 10 meses de ser conocido el informe final del sumario de la Armada orientado a determinar las causas, circunstancias y responsabilidades del derrame de petróleo en la bahía de Quintero, ocurrido el 24 de septiembre del 2014, la Dirección General de la institución -después del proceso de apelación correspondiente- resolvió acoger cada una de las multas establecidas en el documento final que fue elaborado por el fiscal marítimo Ricardo Bendel, las cuales suman más de mil millones de pesos.

“Actualmente la investigación (…) fue resuelta por el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Las multas deben ser pagadas ante la Tesorería General de la República dentro del plazo de 10 días desde que se gira el formulario N°10. Quienes deben, efectivamente, hacer este pago son Enap, el patrón RAM “Puyehue”, el capitán del B/T “LR Mimosa” y el 2° oficial del B/T “LR Mimosa”, confirmó la Armada a través de un escrito.

La resolución de la citada Dirección General de la Armada fue enviada a la Gobernación Marítima de Valparaíso, repartición que está en proceso de notificación a las partes para que se haga el pago correspondiente en los días hábiles señalados.

Además, se informó a este Diario que los intervinientes no tienen nuevos plazos de apelación en el proceso porque todas las instancias fueron superadas, por lo que la acción a ejercer es el pago de las multas establecidas.

En el sumario dictaminado por Bendel las multas referidas a los cuatro implicados por responsabilidades administrativas en el derrame de petróleo en la bahía de Quintero se mantienen, mientras que el práctico de la Armada, Eliseo Jamett – que es sindicado como el quinto responsable en el hecho tras el vertimiento de más de 38 mil litros de crudo al mar-, será sometido a un proceso interno de la Armada por ser funcionario activo de la institución.

En relación a las multas establecidas, tras la resolución del alto mando de la Armada, el capitán del buque tanque Mimosa, Gener Dimaculanga tendrá que pagar $ 300 millones por “no supervisar de forma adecuada su nave durante una descarga de petróleo crudo, en circunstancias que estaba siendo tractada por un remolcador, produciéndose el corte de las espías que la amarraban al Terminal Monoboya de Enap S.A, y el desacople de los flexibles, lo cual dio origen a un derrame”, según indica el sumario.

Enap tendrá que depositar a la Tesorería General de la República $ 438 millones por “no mantener su sistema de amarre de su Terminal Monoboya en la bahía de Quintero, conforme a las condiciones señaladas en el respectivo Estudio de Maniobrabilidad, cortándose las espías que unían la monoboya con el Mimosa” y “no contemplar procedimientos específicos tendientes a minimizar los riesgos de contaminación asociados al cambio de remolcadores en su terminal”, consigna el sumario

Mientras que para el patrón del remolcador “Puyehue”, Patricio Cárcamo, el pago al Estado es de $ 300 millones por la causal de “tractar con su remolcador al Mimosa con mayor fuerza que la requerida, produciéndose el corte de las espías que lo amarraban al Terminal Monoboya de Enap”

En tanto, en el caso, del segundo oficial de guardia del “Mimosa”, Robert Rivera, se fija una multa de $173 millones por “no utilizar eficientemente los recursos disponibles, tanto de personal como de equipo de puente, para controlar el comportamiento de las espías y los movimientos de su nave (…)”.

A raíz de esta situación los pescadores de la bahía de Quintero y Puchuncaví – que fueron los directos afectados por el derrame de petróleo porque el crudo llegó a más de 10 playas del litoral y dañó los recursos- , afirmaron que la resolución de la Armada ampara las demandas indemnizatorias que fueron interpuestas contra quienes resulten responsables en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El presidente de la caleta de pescadores de Ventanas, José Carvajal, recalcó que “es bueno que la Armada presente esta resolución porque esto quiere decir que hay culpables, aunque aquí se apliquen multas mínimas. Con esto queda clara la responsabilidad de Enap, el práctico y todos los que estuvieron involucrados, por lo que ahora esperamos que los responsables paguen la indemnización requerida en la Corte. Hay responsabilidades claras y debe seguir el proceso civil de la demanda”.

La apreciación de Carvajal es compartida por el presidente de las “Caletas Unidas” de Quintero, Gerardo Muñoz. El dirigente advirtió que “nos vamos a poner en contacto con los abogados para ver el curso de las demandas indemnizatorias, con esto estamos contentos, pero esperamos que se haga efectivo el pago de multa porque después de todo lo ocurrido existe desconfianza al respecto”.

En tanto, el presidente de la caleta de pescadores de Horcón, Justiniano Lagos, recalcó que “es bueno que se esté haciendo justicia y ojalá que se reparen los daños que ocasionó el derrame. Nosotros perdimos durante mucho tiempo el área de manejo y hay numerosos pescadores con deudas e incluso ahora tenemos que pagar estudios a los biólogos para que nos saquen los recursos. Debe haber una indemnización para los pescadores”.

La mirada de los dirigentes que representan a más de 1.500 pescadores afectados es amparada por el abogado de la senadora Lily Pérez, Vladimir Mondaca, quien postuló que “esto permite darle fundamento real respecto de los hechos que están denunciando los pescadores que en el fondo son el derrame y quienes participaron en este desastre ecológico”.

Y subrayó que “estamos estudiando la posibilidad de representar a un grupo de mariscadores que eventualmente tienen derecho a pedir indemnización de perjuicios al igual que los pescadores”.