Institucionalidad ambiental: es hora de cambiar el rumbo

Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram. Fuente: El Mostrador, 18 de abril, 2016.


Al realizar un recorrido por la historia de la institucionalidad ambiental chilena, hay hechos que llaman la atención e invitan a la reflexión, sobre todo después de considerar el momento de crisis institucional y política que atraviesa Chile.

Si nos remontamos a las décadas de los 80, previo a la dictación de la ley ambiental (N° 19.300 de 1994), incluso si revisamos artículos de comienzos de la década de los 90, encontraremos mucho material que refleja posiciones políticas, visiones e ideologías distintas, que nos dan cuenta de lo que se debatía públicamente, sobre cómo debía ser abordada la problemática ambiental, la que en esos años era un tema “emergente”.

De estos intercambios de ideas participaban diversos actores, personas ligadas al mundo de las ONGs, la academia, las industrias e incluso el mundo político. Al revisar documentos de la época, se percibe una calidad de diálogo muy distinta a la actual, el cual es en un sentido más simple, pero a la vez más profundo e integral y también más sincero. Entonces había una cierta disposición a debatir, a identificar las problemáticas que debían ser abordadas, a buscar soluciones o salidas. Hoy nos preguntamos ¿qué pasó con eso? Sin duda, en la actualidad vivimos una situación mucho más instrumental, que no busca afrontar temas y problemáticas de fondo.

Probablemente con la llegada de gobiernos electos y la promulgación de la ley ambiental el año 1994, algo cambió. Muchas de esas personas pasaron a ocupar cargos públicos, a situarse en centros de estudios cada vez más dependientes del financiamiento que pudieran conseguir de instituciones privadas, un porcentaje se fue a trabajar en grandes empresas, otros simplemente optaron por pensar que al existir una institucionalidad ambiental los problemas ambientales de Chile se solucionarían por sí solos o gradualmente, y también hay quienes hicieron la vista gorda.

Lo cierto es que con la llegada de los gobiernos democráticos –como país– nos abocamos más al hacer que al pensar. Más bien, dejamos de pensar hacia dónde queríamos ir. Lógica que no solo se instaló en materia ambiental, pero que, ciertamente, derivó en la pérdida de sentido y una creciente aprobación de medidas orientadas a hacer que la institucionalidad funcionara, pero sin reflexionar sobre el sentido de la misma.

Hoy día resulta sorprendente leer el mensaje presidencial de Patricio Aylwin con el que envió el proyecto de ley sobre bases generales del medio ambiente al Congreso Nacional, en el cual señala: “El mercado tiene una relación muy directa con el deterioro del medio ambiente. La contaminación no sólo afecta al aire, a los ríos y a los bosques, sino también a las almas. Una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más, tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Todo se vuelve cosas que se compra, se usa y se tira al basurero. Ninguna sociedad había producido tantos desechos como la nuestra. Desechos materiales y morales”.

El mensaje de Aylwin refleja un momento de Chile y el mundo, el cual, dada la situación de descrédito de la política por la que atraviesa actualmente el país, considero importante revisar, pues muchas de las empresas que han salido a la luz pública por el financiamiento irregular de la política han mantenido una relación permanente con la institucionalidad pública a través del Sistema de Evaluación Ambiental de Proyectos (SEIA).

Otra de las razones es que este gobierno, al igual que los anteriores, se ha propuesto impulsar una agenda pro inversión, la cual promueve directa o indirectamente la aprobación ambiental de proyectos “priorizados”. Estos son aprobados en el SEIA por autoridades políticas (Intendente y Seremis) que dependen del Presidente de la República a través de sus ministros. Además existe el Comité Económico de Ministros que da seguimiento a la agenda Pro Inversión, la cual estableció en 2014 un listado de modificaciones que debían hacerse al SEIA, todas ellas orientadas a agilizar la aprobación de proyectos de inversión.

Pero para entender mejor la diferencia entre lo que señaló el ex Presidente Aylwin en su mensaje y la forma en que opera la calificación ambiental de proyectos desde su implementación el año 1997, es importante recordar la llamada doctrina Frei, la que señala que “ninguna inversión se detendrá por consideraciones ambientales “. Esta muestra cuál ha sido la tónica de la institucionalidad ambiental chilena:aprobar proyectos independientemente de la calidad de los mismos.

Sin duda, la puesta en marcha de la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales –instituciones que comenzaron a operar el año 2013– han apostado a mejorar ciertos aspectos de la institucionalidad, cambiando un poco el escenario, a través de esfuerzos evidentes por fiscalizar y aplicar justicia en un sistema que, a todas luces, favorece a los inversionistas en desmedro de las personas y el patrimonio natural del país.

Pero lamentablemente constatamos que el actual momento político ha profundizado la deslegitimación y desconfianza respecto de la institucionalidad pública. La que también involucra al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual se ha desprestigiado y parece no vislumbrar cambios por el momento, a pesar de que durante 2015 se creó una Comisión Asesora Presidencial para la Reforma de este sistema. Prontamente esta comisión deberá presentar un informe que, probablemente, propondrá medidas orientadas a solucionar algunos problemas prácticos, pero que sin duda no instalará ninguna reflexión ni cambio de fondo, mucho menos planteará un criterio distinto al instalado por el ex Presidente Eduardo Frei a fines de los 90.

Sabemos que el SEIA requiere cambios, pero estos deben ser profundos, no instrumentales, debemos repensar por qué y para qué fue creado, cuáles eran sus principios rectores y cómo estos se han aplicado o no en el tiempo. Asimismo, debemos reflexionar sobre el momento político actual, en la deslegitimación del sistema, en las actuales demandas de la sociedad y, desde allí, reformularlo, incorporando la dimensión territorial y sus problemáticas, así como una mirada que efectivamente valore nuestro patrimonio natural. Una que considere que todas las personas tenemos los mismos derechos. Evidentemente es hora de cambiar el rumbo y atreverse a realizar cambios profundos.

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