La tenaz oposición a dos proyectos inmobiliarios que hacen peligrar el patrimonio en Valparaíso y Viña del Mar

Dos proyectos de desarrollo tensionan las relaciones con la comunidad que defiende el patrimonio en Valparaíso y en Viña del Mar. Fuente: El Mostrador, 23 de mayo de 0216.


El próximo domingo se celebra el Día del Patrimonio Cultural de Chile. En virtud de ello, conviene evaluar dos proyectos emblemáticos que tensionan actualmente la relación entre desarrollo económico y resguardo del patrimonio en la Quinta Región.

En ambos hay conflicto de interés entre autoridades afanadas por el crecimiento económico, actores privados que imponen sus proyectos pasando por encima de la comunidad y una sociedad civil empoderada que lucha por defender medio ambiente y patrimonio.

En Valparaíso, la ampliación del puerto y la construcción de un mall en el sector Barón enfrenta a estos tres actores desde hace más de una década.

Otro tanto ocurre en el límite de Viña del Mar y Concón, con la construcción de un hotel en el sector de Punta Piqueros desde hace un lustro. La Contraloría dictaminó la nulidad del permiso de construcción, aunque las obras continúan.

En ambos casos el desenlace es incierto. En Valparaíso, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2003, se anuncia para esta semana la difusión de un informe del experto colombiano Juan Luis Isaza, un estudio de impacto patrimonial entregado en enero que – según los denunciantes- las autoridades se han negado reiteradamente a dar a conocer, incluso a pesar de solicitudes a través de la Ley de Transparencia, como denunció en una reciente carta pública el Colegio de Arquitectos. Ahora la excusa es que Isaza vendrá a presentarlo personalmente esta semana.

Curiosamente, en ambos casos se trata de operar bajo la lógica de hechos consumados. En el puerto, la construcción de la Terminal 2 (T2), un proyecto de 500 millones de dólares, probablemente la principal inversión para el puerto este siglo, ha sido adjudicada por la estatal Empresa Puerto de Valparaíso (EPV) por 30 años a la empresa española OHL, a realizarse mediante la empresa Terminal de Cerros de Valparaíso (TCVAL). Las obras deberían comenzar este año y concluir en 2018, con una generación de 450 empleos.

Incluyen una inversión de 15 millones de dólares por concepto de mitigación mediante la construcción del Paseo Mirador Prat, encargado al urbanista y arquitecto Mathias Klotz. Una mitigación que, aunque suene insólito, incluye pintar las grúas de colores.

El hotel de Punta Piqueros, planificado para 1.500 personas, en tanto, está en plena construcción desde su aprobación en 2011, pero este año un dictamen de Contraloría ordenó invalidar el permiso de la obra, propiedad de las familias Bengolea, Urenda, Bolocco y Said. Además el Tribunal Ambiental ordenó a las instancias involucradas la entrega de todos los antecedentes del proceso de aprobación ambiental del proyecto.

En el caso de la T2 y el Mall Barón, “ambos proyectos afectarán la calidad de paisaje cultural de la ciudad, deteriorarán las actividades económico-productivas locales de los sectores Almendral y Puerto de Valparaíso y enfatizarán la segregación ciudad, borde costero y bahía marítima”, advierte Mario Ferrada, presidente en Chile del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), para quien la reubicación de los mismos depende de una decisión política al más alto nivel. Probablemente ministerial o presidencial.

El misterioso Informe Isaza

En su carta del pasado 20 de abril, dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, el Colegio de Arquitectos advierte que la T2 y el Mall Barón “tendrán un altísimo impacto, tanto patrimonial como económico y ambiental, en el borde costero de Valparaíso”.

El debate previo por el impacto hizo que las autoridades -a través de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) – encargaran el Informe Isaza, tras una solicitud de la UNESCO. Sin embargo, la misiva del Colegio denuncia que la EPV , “empresa del Estado y organismo gestor de estos proyectos, ha dado diversas excusas para no darlo a conocer y ha insistido en hablar de un ‘borrador’ inconcluso, vulnerando la Ley de Transparencia N° 2O.285 sobre acceso a la información pública”.

Un estudio de impacto patrimonial que, sin embargo, no existe en la normativa chilena, como sí lo son los estudios de impacto ambiental.

Como sea, su difusión pública, prometida varias veces durante el año, sigue sin hacerse efectiva. Curiosamente, según las últimas informaciones, debe darse a conocer entre hoy y mañana, justo cuando vence este lunes el plazo para ingresar observaciones al sistema de impacto ambiental de la T2, según advierte el académico de la Universidad de Chile, Alberto Texido. “¿Traje a la medida?”, se pregunta.

Asunto espinoso: a favor y en contra

En el caso de la T2, entre las autoridades el asunto es tan espinoso que fue difícil obtener una opinión, y si la dieron fue en favor de los privados o se manifestaron de manera ambigua.

Por ejemplo, consultada por este medio, la estatal EPV no quiso hablar del tema. En cuanto a la DIBAM, su director Angel Cabeza se limitó a decir por correo que “como vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales mi opinión es institucional y como tal el proyecto es parte de un proceso de evaluación de impacto ambiental. Nuestra opinión es colegiada y a través del sistema de evaluación ambiental”.

El único que estuvo dispuesto a hablar fue el intendente de Valparaíso, el ingeniero socialista Gabriel Aldoney. Aseguró que cuando se postuló al puerto como Patrimonio Mundial de la Humanidad, hace más de una década, en la documentación presentada a la UNESCO se indicó que la EPV tenía prevista una nueva edificación en el sector Barón.

“Por lo tanto, esto no puede ser una sorpresa. Lo que aquí corresponde es resolver la cuestión entre desarrollo de ciudad patrimonial y el desarrollo portuario, que por lo demás es una ecuación que tiene solución”, expresa Aldoney, quien además destacó que el Estado había acogido 19 recomendaciones planteadas por la UNESCO en 2014 en medio de la polémica por ambos proyectos.

En cuanto al Mall Barón, dijo que su objetivo es “incorporar la ciudad al borde costero”, y que no sólo será un área comercial, sino también de cultura y esparcimiento, incluido “un paseo público y plaza ciudadana”, todo “fuera del área patrimonial acordada con la UNESCO”.

El intendente además rechazó categóricamente el emplazamiento de ambos proyectos en otro lugar de la costa.

“En el caso de (mall) Puerto Barón, lo que se está haciendo es una apertura del borde costero, por lo tanto hay que hacerlo en el borde costero. Y hay que hacerlo en el sector urbano de la ciudad. Podríamos hacer uno en Laguna Verde, pero eso está lejos del centro de la ciudad. En la experiencia de todos los países con ciudades puerto, se busca vincular la actividad urbana con el borde costero. Por lo tanto, conceptualmente no es posible”.

Para Ferrada, en cambio, el proyecto de Mall comercial no es aceptable en el borde costero de Valparaíso, no porque su arquitectura sea mala, sino porque hay cierto tipo de actividades que le son propias y tienen el derecho de ocupar ese espacio relevante de la ciudad, no cualquiera.

“Lo propio de ese lugar son las actividades ligadas a los usos marítimos, navales, portuarios, que son los que le han dado razón a que Valparaíso sea un Sitio UNESCO. El espacio del borde costero es invaluable en su rol económico y estratégico para el país, la región y la ciudad, y no se puede entregar al uso de privados, y menos con finalidades de lucro cerrado”, advierte.

En cuanto al T2, Aldoney dice que “está emplazado allí por una razón muy simple, Valparaíso tiene una ventaja respecto a otros puertos, particularmente San Antonio: tiene aguas abrigadas, que forman parte de la riqueza y el patrimonio de la ciudad, producto del molo de atraque que tiene. Por lo tanto, trasladar ese puerto a otro lugar generaría externalidades muchísimo mayores que las que eventualmente está generando ahora”.

“El proyecto T2 es inaceptable, no por su uso, que sí está ligado a la actividad portuaria, sino por la falta de visión de dónde y cómo se emplaza, opacando y matando la vida del sector puerto y las condiciones de la vida urbana y del paisaje en el sector Puerto”, responde Ferrada. “¿Dónde están los planificadores del territorio y el patrimonio?”, se pregunta.
La opinión del concesionario

También Álvaro Espinosa, gerente general de Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), se expresó de manera similar a Aldoney en una columna publicada por este medio en enero pasado.

“Hoy el borde costero, donde se ampliará el puerto, no existe. Lo que tenemos no es bonito ni rentable para la ciudad y los porteños. El proyecto, en ese sentido, recupera esa parte del borde costero, transformándolo en un espacio para la actividad portuaria, en línea con su desarrollo histórico, generando vistas y perspectivas atrayentes y, especialmente, permitiendo que Valparaíso vuelva a ser puerto principal y no muera con su historia y su patrimonio abandonados”, aseguró.

Además señala que la T2 es “fruto de un consenso general entre la comunidad, la empresa privada y la autoridad y que fue antecedido por una larga y profunda discusión pública”.

¿Por qué entonces se ha demorado una década en concretarse? ¿Opinarán lo mismo los pescadores de la Caleta Sudamericana, expulsados por la construcción del T2 hacia Quintero, tal como cuenta el documental “La joya en ruinas”?

Espinosa agrega que al leer los documentos que fundaron la solicitud y la posterior declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, “se ve que el proyecto no afecta en nada la zona patrimonial sino que, por el contrario, la existencia del puerto es parte esencial del patrimonio de la ciudad. Sin puerto no hay Valparaíso y menos aún patrimonio que defender”.
Condición UNESCO en peligro

Algo que también rechaza Ferrada. “En Chile no se ha tomado el real peso las reiteradas recomendaciones del Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO -Qatar, Bonn, etc- sobre mejorar sustancialmente el manejo y la gestión del Sitio de Valparaíso, especialmente el borde costero y portuario amenazado por esos proyectos. Y advierte que estas amenazas afectan el núcleo mismo de la inscripción del Sitio en la Lista de patrimonio Mundial de UNESCO (los valores universales y excepcionales).

“A estas alturas del proceso, si no se enmienda el rumbo, de modo radical y responsable, no resultaría extraño que Valparaíso pudiera caer en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Sería lamentable, un verdadero fracaso de las expectativas que como Estado, sociedad, país y ciudad nos ciframos en 2003”, alerta.

Hasta ahora la alianza público-privada en el tema patrimonial sólo ha funcionado en casos puntuales, como la recuperación del Edificio Cousiño, hoy sede del Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC).

Texido apunta a que en el tema patrimonial el Estado apenas ha creado una instancia a nivel municipal, débil política y económicamente. Y agrega que de hecho la impronta de un Estado que no quiere competir con los privados -por ejemplo, en la restauración de edificios- ha hecho que no invierta en el tema.
No qué hacer, sino cómo

Para el académico, al menos en el caso de ambos proyectos, el tema no es “qué hacer”, sino “cómo”. Y recuerda a las autoridades involucradas en la T2 que, además del emplazamiento actual, el Plan Maestro de Expansión porteño también había considerado el sector Yolanda, en el norte de la ciudad, y San Mateo, cerca de la Caleta Membrillo y Las Torpederas, en el sur. Pero ambos fueron rechazados por la EPV.

“Lamentablemente , en una discusión que ya lleva casi cinco años, la autoridad se ha sesgado en que la opción de expansión del puerto y de la apertura del borde costero Barón, al parecer es un solo diseño, que no debe ser consensuado, sino que se impone, y la pregunta es cómo logramos hacerlo si finalmente se están evitando los espacios de debate, se están imponiendo diseños”, con mesas de trabajo que se constituyen a condición de no modificar en nada los diseños previstos.

Punta Piqueros

En el caso de Punta Piqueros, ubicado en la comuna de Concón, ocurre otro tanto. Antes de la construcción, era un patrimonio natural de excepcional valor, una zona de Santuarios de la Naturaleza conformada por el Peñón Orejas de Burro, el Santuario Campo Dunar, el Santuario Roca Oceánica y la zona Bentonica de la Caleta de pescadores Montemar, con alto valor ambiental de dunas milenarias con flora y fauna dentro de un ecosistema único, según el Comité pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar.

Aún así, en enero de 2011, la Municipalidad de Concon otorgó el permiso de construcción, en una una geografía riesgosa ante tsunami, según la ONEMI. El Comité lo impugnó y la Corte Suprema anuló la construcción ya iniciada del hotel el año 2012, exigió un Estudio de Impacto Ambiental y dejó sin efecto el permiso de obras.punta de piqueros 1

Sin embargo, en 2014 el alcalde independiente Oscar Sumonte restableció el permiso, luego que el Consejo de Ministros, encabezado por el secretario de Medio Ambiente, Pablo Badenier, diera luz verde al proyecto.

‘Más allá de cualquiera opinión, creo que hoy día lo que acontece es que no podemos seguir eternamente en esta situación. Las decisiones ya se han tomado técnicamente y creo que en las condiciones que hoy está esa mole sin terminar, definitivamente se (debe) construir’, comentó Sumonte en ese momento al diario La Nación.

No obstante, complementó, ‘entendiendo que el borde costero es lo más importante que tenemos para el futuro turístico de Concón, hemos planteado en el Concejo Municipal la protección de todo el entorno que queda evitando así nuevas construcciones de este tipo’.

“Hotel Punta Piqueros se fundamenta en la sustentabilidad ambiental, en la colaboración activa y recíproca con la comunidad local, entre otras, potenciando las habilidades de su gente’, señala Ambrosio García-Huidobro, gerente general de la inmobiliaria Punta Piqueros, en su sitio web.

“El proyecto es mucho más que el edificio mismo, ya que contempla una inserción comunal y regional significativa. Desde 2011 hemos generado asociatividades con diversos actores, para poder abordar desafíos en las áreas de turismo, cultura, medio ambiente, educación y empleo. Siempre alineados con la visión y estrategia país en el desarrollo de un turismo sustentable”, agrega. Este medio intentó contactar directamente a los responsables del proyecto, pero no obtuvo respuesta.

Para Patricia Arellano, directora del Comité, sin embargo, resulta difícil compatibilizar desarrollo inmobiliario y resguardo del patrimonio, “debido a la debilidad de las normas contenidas en la ley que protege al patrimonio, de la fuerza arrolladora del desarrollo inmobiliario y de la incapacidad absoluta de los municipios para cautelar que los permisos otorgados cumplan fundamentales exigencias en pos del resguardo de espacios de alto valor.

“De esa forma se ha ido perdiendo progresivamente el patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y fundamentalmente el patrimonio natural”, advierte. “Complejo escenario que se debe modificar en un compromiso de trabajo serio y con un objetivo común de mirada urbana a largo plazo que permita un desarrollo inmobiliario equilibrado, sustentable, con calidad de vida asociado y con protección del patrimonio”.

Arellano reiteró su oposición al proyecto por la “brutal” destrucción del patrimonio natural en una zona excepcional valor, los impactos ambientales irreversibles en la zona de Santuarios de la Naturaleza donde se emplaza el proyecto inmobiliario Punta Piqueros de casi 20.000m2, así como las graves ilegalidades y vulneraciones urbanas de dicho proyecto.

Además “destruye sin contemplaciones la fuente laboral de los pescadores que sufrieron el derrame de material rocoso y sedimentario en la zona de anidación del loco, por la osadía y el desprecio absoluto al valor de la vida por parte de los proponentes frente a los riesgos no resueltos que expondrán a mas de 1.500 usuarios ante un tsunami”, remató.

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