Informe de la Cámara cuestiona rol fiscalizador de la Superintendencia de Servicios Sanitarios

El documento no solo da cuenta del colapso sino que también traza serios cuestionamientos a la autoridad sanitaria. Fuente: El Mostrador, 21 de junio de 2016.


En julio de 2015, Ovalle vivió 13 días sin agua. La escena enrabiaba: 44 estanques fijos, 30 camiones aljibes intentando mitigar el impacto, personas enfilando en largas esperas para alcanzar a llenar sus baldes. Solo dos años antes, la ciudad había registrado otro episodio olvidable con Aguas del Valle, la sanitaria de la Región de Coquimbo que abastece a 190 mil familias: la epidemia de norovirus que dejó una larga lista de enfermos por tomar agua con caca.

Sin embargo, fueron esos días sin suministro –que la empresa explicó por la sequía y la turbiedad del agua– los que motivaron más preguntas en la Cámara de Diputados.

En agosto de 2015 se creó una comisión especial investigadora que puso el foco en la forma en que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) ejerció sus facultades fiscalizadoras respecto de los problemas generados por la empresa Aguas del Valle en el tratamiento y distribución de agua potable en la Región de Coquimbo. La lupa también apuntó al rol de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (ECONSSA), una compañía pública que debe controlar el cumplimiento de los contratos de concesión entre el Estado y empresas operadoras privadas en este ámbito y cuyo presidente es Juan Carlos Latorre (DC), ex subsecretario de Obras Públicas de Ricardo Lagos, quien asumió el cargo en abril de 2014.

La comisión estuvo conformada por Miguel Ángel Alvarado Ramírez, Pedro Browne Urrejola, Felipe De Mussy Hiriart, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Sergio Gahona Salazar, Luis Lemus Aracena, Daniel Núñez Arancibia,Yasna Provoste Campillay, Jorge Rathgeb Schifferli, Alberto Robles Pantoja, Raúl Zaldívar, Christián Urízar Muñoz y Matías Walker Prieto.

El informe, evacuado hace cinco meses y aprobado en Sala hace un par de semanas, es una lápida a la forma en que opera –en muchos ámbitos– la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Polémicas conclusiones

Uno de los primeros puntos de la comisión en que hace referencia a la SISS, cuestiona la autonomía del organismo público. ‘Dado que esta se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Obras Públicas, quien a su vez debe controlar la labor de la SISS, destacando la situación de afectación permanente de la prestación del servicio en el caso que se investiga de las empresas sanitarias de la IV Región de Coquimbo, la que se explica en la falta de rigurosidad de la Superintendenta saliente y su equipo directivo, quien ha expresado a esta Comisión no disponer del marco regulatorio adecuado ni de los presupuestos que requiere este sector’, señala el documento.

Para la mayoría de los parlamentarios que participaron en la comisión, no caben dudas del volátil rol de la SISS. Después de la investigación, el diputado Daniel Núñez (PC) ve, dentro de las líneas de preocupación, que la superintendencia ejerza con vigor su rol fiscalizador. ‘Uno tiene la percepción de que las superintendencias se limitan y es quizás porque los superintendentes pueden estar en las empresas privadas el día de mañana. Se autoinhiben como parte de un proceso de cooptación y eso es evidente’, señala.

Otro de los puntos en que los legisladores tratan con dureza a la Superintendencia es en relación con las multas: ‘Se concluye que la SISS ha venido ejerciendo su función fiscalizadora respecto de la empresa Aguas del Valle de manera imperfecta, alejándose del marco legal, sin cumplir con las normas relativas a la supervigilancia que debe ejercer y las multas que debe aplicar, toda vez que, concurriendo las situaciones de hechos previstas en la ley, la máxima sanción debiese aplicarse, es decir, existiendo la habilitación legal previa para la SISS en la normativa sanitaria vigente referida, concurriendo en la realidad los supuestos legales, siendo estos los diferentes periodos de infracción aquí descritos, considerando su número, su reiteración y gravedad y por ser un bien público de primera necesidad el que presta la empresa Aguas del Valle, habiendo concurrido el supuesto de hecho, la SISS debió aplicar las sanciones legales’, mucho más altas que las cursadas.

Mientras en la SISS no contestaron a las preguntas de El Mostrador, en la empresa Aguas del Valle –filial de Esval– se defienden y señalan que la Región de Coquimbo ha enfrentado una larga sequía, ‘que se ha extendido por más de siete años y que ha implicado un enorme esfuerzo económico y de gestión, logrando que ninguno de nuestros clientes haya tenido interrupción alguna de suministro por falta de agua. Pese a ello, en 2015 se sucedieron eventos climáticos de fuerza mayor que nos obligaron a cortar el suministro ante la imposibilidad de tratar las altísimas turbiedades que aumentaron en 22.000% en los cauces superficiales (440 veces las cifras normales de arena diluida en el agua ). Esto supone que el barro que bajaba por el río era tan espeso, que su contenido de agua era menor al 10%’, dicen en la empresa, donde también mencionan que en los últimos meses han controlado eventos de turbiedades gracias a medidas operacionales y a la recarga de los acuíferos subterráneos tras las lluvias de 2015, lo que les ha permitido contar con fuentes alternativas a los ‘turbios cauces superficiales’.

Respecto a las multas, el documento de la Cámara también señala que la comisión constató que en los procesos de sanción con la información tenida a la vista, la SISS no aplicó, ‘encontrándose facultada para ello, las sanciones que correspondían a los incumplimientos graves en que incurrió la empresa Aguas del Valle. Incluso se llegó a rebajar en un 50% el monto de la multa que ella misma le había aplicado’.

En el transcurso de la investigación fueron citados Sergio Rivera, actual jefe de Fiscalización; José Luis Szczaranski , jefe de tarifas; Gabriel Zamorano, ex superintendente transitorio, y el fiscal David Peralta. Todos se encuentran aún en ejercicio.
La delgada línea

Para la mayoría de los parlamentarios que participaron en la comisión, no caben dudas del volátil rol de la SISS. Después de la investigación, el diputado Daniel Núñez (PC) ve, dentro de las líneas de preocupación, que la superintendencia ejerza con vigor su rol fiscalizador. ‘Uno tiene la percepción de que las superintendencias se limitan y es quizás porque los superintendentes pueden estar en las empresas privadas el día de mañana. Se autoinhiben como parte de un proceso de cooptación y eso es evidente’, señala.

La estrecha relación de la autoridad con las empresas sanitarias es duramente criticada también en el informe. Uno de los ejemplos en el documento es la ex superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinoza, quien dejó el cargo en octubre de 2015 y que estuvo envuelta en un sonado viaje a España financiado por Aguas Andinas.

‘Al respecto, es preciso destacar que la Superintendenta que acaba de dejar el cargo, prolongó su gestión durante 9 años (sin que en ese periodo, diera sus opiniones ante esta instancia investigativa), se haya conocido una mirada de largo plazo o la posibilidad de tener un análisis crítico del sector, sin siquiera tener la intención de relevar algunos de los temas mencionados en esta Comisión. Preocupa que la falta de discusión interna o la debida alternancia de los equipos directivos que han tenido una conducta, por decir lo menos, reprochable (viaje a Barcelona, cuyos costos fueron pagados por Aguas Andinas), afecten la capacidad de disponer de una SISS moderna, no capturada’, consta en el informe.

Magaly Espinoza es actualmente asesora del Ministerio de Obras Públicas.

Después de la investigación realizada por la Cámara, el diputado Núñez sostiene que otra de las líneas sobre las que hay que poner atención, son aquellos negocios no regulados vinculados a las sanitarias. ‘Por ejemplo, todo el negocio que hizo Aes Gener con Aguas Andinas… y que es millonario… o cuando las empresas sanitarias les hacen asistencia a los APR (comités de agua potable rural). Cuando se les venden aguas servidas tratadas a las mineras, etc. El decreto ley que rige esto es ambiguo en la redacción y la que debe fiscalizar es la superintedencia’, dice Núñez. Por esto es que, siguiendo esa línea, Núñez y otros parlamentarios presentarán un proyecto de ley que regule esta materia.

El diputado Luis Lemus (PS) también critica la débil institucionalidad tras la SISS. ‘Es el único organismo que se relaciona con las empresas, tiene poco personal y aparte hay una especie de acostumbramiento. Debería haber otros actores con roles relevantes en esta materia, como el MOP. Lo dejamos todo en manos de la SISS y eso la hace muy poderosa’, señala.

Los dardos de la Comisión también cayeron sobre ECONSSA. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) como la Contraloría tienen en sus manos los antecedentes. El objetivo es determinar si proceden sumarios administrativos y sanciones, así como iniciar procedimientos judiciales destinados a perseguir la responsabilidad civil respecto del directorio de ECONSSA ‘por posibles delitos civiles y funcionarios de ECONSSA como garante del cumplimiento del contrato de transferencia del derecho de explotación de concesiones sanitarias de diciembre del año 2003 entre ECONSSA y Aguas del Valle, en todos y cada uno de los episodios de infracción cometidos por dicha empresa, tales como el incumplimiento del plan de desarrollo, la mala calidad del servicio prestado, dando cuenta de ello el brote de Norovirus en Ovalle en septiembre de 2013, con la consecuente gastroenteritis de la población, los múltiples cortes del suministro en los meses de enero del año 2011 en Illapel y La Serena, en los días 8 y 9 de enero de 2015, el corte de suministro de agua acaecido a fines de marzo de 2015 en La Serena y Coquimbo, el corte de suministro de 13 días consecutivos en julio del 2015’.

Desde ECONSSA señalaron a El Mostrador que su rol, como sociedad anónima de Corfo, es controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los respectivos contratos de transferencia de concesiones sanitarias y velar por la infraestructura del Estado que es traspasada en comodato, de manera que los nuevos operadores entreguen el servicio comprometido a la comunidad.

‘La fiscalización de dicho servicio –particularmente respecto de la calidad del mismo– y de las instalaciones industriales que realizan descargas de residuos, compete a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Informe de la Comisión de la Cámara así lo entiende y expresa. Econssa permanentemente revisa sus procesos de gestión con la finalidad de corregir y perfeccionar sus sistemas, tal como ha ocurrido en este caso”.

Alejandra Carmona

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