Mesa redonda organizada por Cancillería pretende transparentar el TTP

Hubo discrepancias entre los sectores público-privado y la sociedad civil respecto a la poca información difundida. Fuente: Aqua.cl, 22 de junio de 2016.


En el Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores, se celebró el pasado viernes la mesa redonda denominada ‘Acuerdos Económicos Internacionales y Derechos Humanos (DDHH): TPP, un caso de estudio’, a la cual fue invitada la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), en conjunto con diversos representantes de la sociedad civil.

La introducción al debate estuvo a cargo del canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien argumentó que los tratados son un medio para promover el crecimiento sostenible y ‘recogen y asumen el desafío de cautelar los derechos de las personas’, enfatizando que los doce países que integran el TTP, que incluye a Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, acordaron un conjunto de disposiciones para ese objetivo.

La mesa, compuesta por el gerente Internacional y de Comercio Exterior, Manuel José Prieto; la consultora de arbitraje internacional, Ana Vohryzek; el representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Claudio Urrutia; la codirectora del Observatorio Ciudadano ‘Chile mejor sin TTP’, Nancy Yáñez; el jefe del Departamento TTP de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Felipe Lopeandía; y moderada por la periodista Mónica Rincón, tuvo por objetivo generar un diálogo en torno al nexo que existe entre la negociación de acuerdos económicos internacionales y el deber del Estado de proteger y garantizar los DDHH de los ciudadanos.

Mesa redonda

Al interior de la mesa hubo discrepancias entre los sectores público-privado y la sociedad civil respeto a la poca información difundida de los alcances del TTP y la nula participación ciudadana con que se negocian, sin embargo, hubo coincidencias en cuanto son necesarios dichos acuerdos para entrar a los mercados y promover el crecimiento sostenible.

‘Muchas veces los acuerdos internacionales, en vez de ayudar a las comunidades y la sociedad civil, vulneran sus derechos, como hoy está ocurriendo con los acuerdos generados en la ORP-PS (Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur), donde se compran cuotas de pesca de jurel en el extranjero, por empresas foráneas y luego le es permitido extraerlo dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE), como también puede ocurrir en la Ley de Puertos’, enfatizó la presidenta de la Conapach, Zoila Bustamante.

En ese mismo sentido, Nancy Yáñez sostuvo que, ‘la participación es la principal preocupación que hemos hecho explícita en esta mesa, aunque hoy lamentablemente aparece como una demanda extemporánea porque el acuerdo ya está firmado. Más, si entre las facultades del Congreso chileno respecto a hacer modificaciones al acuerdo es limitada, lo que echa por tierra la posibilidad de hacer cambios y el efecto que la participación pueda tener’.

Y agregó, ‘sin perjuicio de lo anterior, entendemos que queda abierto un espacio para poder insistir en la necesidad de hacer estudios de impacto en DDHH y ambientales, así como definir los alcances de las cláusulas, de modo de poner en cuestión no solo los compromisos en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), porque significa ser regresivo respecto a los indicadores de Naciones Unidas, que establecen que las empresas no solamente están obligadas a la RSE o a políticas de buenos vecinos, sino específicamente a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de DDHH’.

‘Eso implica que tengamos políticas con enfoque de derecho y no políticas más bien prestacionales o solidarias con las comunidades. En esa dirección, el TTP tiene una cláusula ambiental que no es clara, es ambigua y un debate, aunque tardío, podría efectivamente profundizar en esos efectos y en la forma en que podemos prevenir, por ejemplo, impactos ambientales como la grave crisis que se está viviendo en la zona costera de la Región de Los Lagos, donde hemos visto el nivel de compromiso que ha generado la falta de políticas en los derechos fundamentales de los pescadores artesanales de la región’, culminó Nancy Yánez.

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